El exministro de Defensa y exminsitro de Seguridad, general de división, David Victoriano Munguía Payés, fue capturado la tarde del jueves por los delitos agrupaciones Ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, delitos que fueron cometidos en el marco de la llamada “Tregua con pandillas”, según informó la Fiscalía General de la República, en su cuenta de Twitter.
La Fiscalía también ha girado orden de captura por el mismo caso contra el expresidente Mauricio Funes, prófugo de la justicia salvadoreña por delitos de corrupción. El Fiscal General Raúl Melara confirmó Teleprensa anoche que tanto Funes como Munguía Payés fueron los que “lideraron y llevaron a ejecución este tema de pacto entre pandillas” y que en el caso del exmandatario por su condición de prófugo se le acumulará el cargo.
Melara dijo no tener detalles de dónde se le había capturado al general Munguía Payés, pero sí precisó que este “ya andaba huyendo porque sabía que se le iba a capturar”, pero que afortunadamente se le logró detener.
La madrugada de este viernes la Fiscalía también informó que fueron allanadas propiedades ligadas al exfuncionario.
El Fiscal no dijo si hay otras personas en la mira por este caso y que de momento estas son las personas involucradas pues las investigaciones concluyeron que Funes y Munguía fueron los que a través de su liderazgo condujeron a ese pacto entre pandillas y por consiguiente a cometer los delitos por los que hoy se les acusa.
“No se debe permitir la negociación con pandillas, no se debe arriesgar la institucionalidad ni sacrificar vidas por un pacto entre pandillas y para tener un rédito político”, afirmó Melara.
“No existen suficientes elementos” para decretar una detención administrativa, dijo por su parte Manuel Chacón, abogado defensor de Munguía Payés, y admitió que su cliente sabía que estaba siendo investigado por la Fiscalía por caso tregua entre pandillas.
“La Tregua entre pandillas” fue ejecutada durante el mandato presidencial de Mauricio Funes Cartagena, quien vive asilado en Nicaragua y procesado por la justicia salvadoreña por delitos de corrupción por $351 millones. El pacto permitió una aparente baja sensible de homicidios cometidos por pandillas, aunque la cantidad de desaparecidos aumentó.
Funes siempre defendió el pacto entre las dos principales pandillas que operan en el país: MS y 18, pero se escudó en que su gobierno solo fue un facilitador. Munguía incluso apareció en eventos oficiales en los que participaron pandilleros haciendo supuesta entrega de armas.
Años más tarde, cuando el anterior Fiscal General, Douglas Meléndez, promovió la acusación contra un grupo de exfuncionarios por presuntos delitos y vínculos con delincuentes, Munguía Payés y Funes no fueron procesados.
Juez ordenó investigación
El 12 de diciembre de 2019, el juez Antimafia de Sentencia “A” de San Salvador, Godofredo Salazar, tras dar su fallo de condena contra 373 pandilleros por la Operación Cuscatlán, ordenó a la Fiscalía investigar las negociaciones que habrían tenido con pandillas los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, así como otros tres dirigentes de ARENA y el FMLN, diez municipalidades y verificar la existencia de acercamientos de la Mara Salvatrucha con el actual gobierno.
Salazar también recomendó a la Fiscalía individualizar las responsabilidades en las que hubiesen incurrido el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, el exdiputado de ARENA, Ernesto Angulo y los miembros de la cúpula del FMLN, José Luis Merino y Medardo González, además del expresidente del Coena, Jorge Velado.
Estos son los funcionarios que un juez pide que sean investigados por vínculos con pandillas
Salazar también ordenó indagar a los integrantes de la red de pastores, a las municipalidades de Sonsonate, La Libertad, Ilopango, San Salvador, Cuscatancingo, Santa Tecla, Usulután, San Marcos, Soyapango y Apopa que fueron vinculadas por el testigo criteriado “Noé”.
El juez afirmó que debía investigarse de manera amplia los alcances de la participación de dirigentes del FMLN, revisarse la vinculación que tuvo ese instituto político con la MS-13, en los comicios municipales del año 2015 y que terminó ganando la alcaldía de San Salvador.
El juez también pidió a Fiscalía General de la República asumir con responsabilidad la investigación inmediata de los hechos que se denuncian en su sentencia, sobre todo porque se devela la participación de funcionarios, actores políticos, personas civiles y hasta los mismos titulares del Ministerio Público, por omisión de la investigación de muchos hechos discutidos en ese juzgado.