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Cultura se niega a revelar cuánto habría pagado por edificios a derribar para nueva Biblioteca

Para levantar el nuevo edificio, el Gobierno habría comprado cuatro inmuebles posteriores al edificio actual. La Unidad de Acceso a la Información Pública declaró reserva total por siete años a los detalles de estas compras.

Por Eduardo Alvarenga | Oct 26, 2021- 22:27

A criterio de Carlos Palomo, presidente de TRACODA, la resolución a la solicitud sobre el costo de los edificios es ilegal porque no se detalla cuáles son las funciones que se están comprometiendo. Video: EDH / Eduardo Alvarenga.

Para construir el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), se derribarán no solo el edificio donde actualmente funciona la entidad, sino otros que se encuentran en el costado sur de esa manzana.

El Diario de Hoy, a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) del Ministerio de Cultura, solicitó los siguientes detalles: cantidad de inmuebles comprados, costo de cada edificio, copia de las compraventas de los inmuebles adquiridos para la construcción de la nueva biblioteca.

La solicitud fue resuelta el pasado 19 de octubre. Según la notificación enviada por la UAIP, la información requerida había sido declarada en reserva con anterioridad. “Niéguese el acceso a la información requerida en la solicitud 93/2021 por estar clasificada con reserva total desde el 20 de agosto de 2021”, refiere el documento.

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En esa misma resolución también se agrega que esta reserva de información “busca proteger los intereses públicos y privados, tanto de la cooperación china como de aquellas personas afectadas aledañas a la zona de impacto”.

Para Carlos Palomo, presidente de Tracoda, “la resolución no detalla qué bienes jurídicos igualmente relevantes se están protegiendo, que tengan igual relevancia con tu derecho de información y el del público, no detallan cuáles son las funciones que se están comprometiendo y solo se limitan a mencionar los literales, es una resolución manifiestamente ilegal”.

Este es un fragmento de la resolución 093/2021, mediante la cual la UAIP notificó la reserva de la información relacionada a la compra de los inmuebles. Foto: captura de pantalla.

El documento explica que la reserva de la información fue declarada a partir de la solicitud 06/2021, pero al buscar en el Portal de Transparencia de ese ministerio, no existe documento que concuerde con el número de solicitud y fecha. Esto, a criterio de Palomo constituye negligencia por parte del oficial de información.

Sin embargo, el documento refiere al Índice de información reservada, donde sí se registra. La actualización del 3 de septiembre de 2021 detalla que el “Proceso de demolición, construcción y seguridad de la Biblioteca Nacional de El Salvador queda en reserva total por siete años”. El fundamento legal para esa declaratoria son los literales E, G y H, del Artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Según Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal de Anticorrupción (ALAC), la forma en la que está escrita la reserva de información es incorrecta. “Para que se dé una reserva tiene que respetarse el principio de motivación, es decir, debe explayarse del porqué se está reservando la información, acá solo hacen una mención de artículos”, explica Sandoval.

“La Sala de los Constitucional y de lo Contencioso Administrativo ya han sido claros que una decisión de este tipo debe motivarse y acá no lo están haciendo”, agrega Sandoval.

El abogado cree que la declaración de reserva total obedece a algo más que el tema patrimonial y demolición de este. “La posibilidad de que estos fondos se usen en forma corrupta aumenta. Acá hay un rol que debería de ejecutar la Corte de Cuentas de la República, pero sabemos que hay una gran presión hacia ellos de parte del Ejecutivo”, advierte Sandoval.

Necesidad de ampliación

La necesidad de adquirir los edificios colindantes con el actual inmueble quedó establecida en la resolución 0899/2019, del Ministerio de Cultura. En esta se establece que “cualquier intervención a realizar en el inmueble deberá ser normada por la Dirección de Patrimonio Cultural y Natural”. Dicho documento fue firmado por la directora de esa oficina, la arquitecta María Isaura Aráuz.

La resolución establece que la fortaleza del emplazamiento de la BINAES “es su ubicación, por lo que debe mantenerse y, además, ampliarse a los terrenos que complementen la manzana”. El edificio de la biblioteca cuenta con la declaratoria Centro Histórico, de acuerdo al Decreto Legislativo 680, del 18 de julio de 2008. También, está ubicado en la zona denominada por el Ministerio de Cultura como Microcentro.

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Dentro de las razones que sustentan esa denominación está el valor histórico y de antigüedad del edificio, que alberga la biblioteca desde 1994. También menciona la importancia que tiene su posición al estar frente a la Plaza Gerardo Barrios y el Palacio Nacional.

El documento, además del terreno actual que es propiedad del estatal Banco Hipotecario, enlista cuatro inmuebles más pertenecientes a José Roberto Polanco Flores, Óscar Nelson Flores Rivera, Carlos Mauricio Samour Valle y la Compañía General de Seguros.

En una visita hecha por este medio a inicios de octubre, se pudo constatar que los locales comerciales de esos edificios ya estaban vacíos, en su mayoría. El único local abierto pertenecía a una barbería.

Este es uno de los avisos colocados en los comercios que funcionaban en los locales de los edificios adquiridos por el gobierno. Los inmuebles serán destruidos para levantar el nuevo edificio. Foto: EDH / Jonatan Funes.

El administrador de dicho establecimiento, que pidió no ser identificado, confirmó que los propietarios del inmueble de apellido Samour, ya habían vendido la propiedad y que desde mediados de este año se les había pedido su desalojo.

Ambigüedad sobre daños

El documento de 2019, firmado por la arquitecta Aráuz Quijano, menciona que el edificio actual ha sufrido “graves daños estructurales que ponen en riesgo a los usuarios y todo el acervo cultural que resguarda”. Sin embargo, un aproximado de 100 arquitectos salvadoreños enviaron una carta al Ministerio de Cultura y la comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa, en el mes de julio de 2021.

En esa comunicación pedían una reunión para que se les aclarara sobre el nuevo proyecto y los criterios para demoler el edificio inaugurado en 1962. Hasta la fecha, el ministerio no ha dado más detalles sobre los estudios que sustentan la decisión de demoler la actual edificación.

Sin embargo, evaluaciones posteriores a los terremotos de 2001, elaboradas por el Ministerio de Obras Públicas y la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos y la Federación Salvadoreña de Ingenieros, Arquitectos y ramas afines, clasificaron al inmueble con “bandera verde”.

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