Abogados constitucionalistas coinciden en que el Decreto ejecutivo 22 emitido por el Gobierno el miércoles no tiene base legal y, por lo tanto, es “nulo”. La posición de los expertos se basa en que el sustento jurídico que dio origen al decreto era “inexistente” cuando el presidente Nayib Bukele lo mandó a publicar en el Diario Oficial.
Cuando el mandatario anunció las nuevas medidas de restricción para la circulación de personas y del transporte público dijo que la fuerza de ley a las mismas se las daba el decreto legislativo 639 aprobado por la Asamblea el lunes, es decir, la Ley de Cuarentena y Aislamiento.
Sin embargo, la Ley de Cuarentena fue publicada en el Diario Oficial un día después de la publicación del decreto ejecutivo. Este decreto, al que el gobierno pretender darle validez por esta ley que es jerárquicamente superior, nació antes que ella. Es vocabulario no jurídico, equivale a que una persona nazca antes que sus padres.
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En el Diario Oficial se observa que la publicación del decreto ejecutivo 22 fue este miércoles 6 de mayo, mientras que la Ley de Cuarentena fue publicada en el Diario Oficial este jueves 7 de mayo.
“Es poner la carreta delante de los bueyes, porque primero tengo que publicar la ley y una vez tenga valor la ley, emito el decreto. En cambio lo hicieron al revés, emiten un decreto ejecutivo que no tiene ninguna base de ley en su momento con fecha 6 de mayo y el 7 de mayo publican la ley”, opinó el constitucionalista, Enrique Anaya.
Agregó que es otra inconstitucionalidad en los decretos del Ejecutivo en el manejo de la pandemia y muestra la “improvisación” que lleva a una “incertidumbre jurídica”.
Sin embargo, reconoce que es difícil llevar la contraria cuando “en la práctica el que tiene el fusil y la pistola” es quien aplica las normas.
Para Anaya también hay una total contradicción en el contenido del decreto 22 en comparación con lo que dicta la Ley de Cuarentena.
Un ejemplo de lo anterior, dice, es que en la ley se establece que quien viole la cuarentena será llevado a un centro de evaluación para que un médico lo vea y determine si es una persona de riesgo a expandir el COVID-19, pero en el decreto ejecutivo se pasa llevando toda esa legalidad y de un solo remite al ciudadano a un centro de retención, sin ninguna evaluación médica previa.
Otro abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo, argumenta que no se puede violentar o restringir derechos o garantías constitucionales en un decreto o en una Ley de Cuarentena, ya que no existe un régimen de Excepción avalada por la Asamblea.
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De hecho, según Anaya hay una total violación a la Constitución, pues ahora cualquier ciudadano puede ser enviado a un centro de detención no solo por el hecho de violar la cuarentena, también por no portar la mascarilla, por no circular de acuerdo al último número de su DUI o por no portar su documento de identidad personal. Ninguna de estas restricciones tiene fundamento legal, explicó Anaya, y citó el artículo 164 de la Constitución, que anula los decretos ejecutivos que exceden sus facultades.
Miguel Ángel Simán, presidente de Fusades, escribió en Twitter que “llegó el momento de dejar de repetir el slogan #QuédateEnCasa. Ayer (miércoles) el gobierno cambió totalmente su significado; de ser un mensaje orientador pasó a ser otro amenazador. Todo como parte de la intimidación y el sometimiento que busca arrinconarnos a una ciega obediencia”.
Humberto Sáenz, presidente de Acción Ciudadana, comparte que el decreto carece de validez legal por haber sido publicado antes de la entrada en vigencia de la Ley de Cuarentena.
“Yo coincido en que es un decreto absolutamente inconstitucional desde todo punto de vista, formal y sustancial. Mientras una norma no esté publicada en el Diario Oficial en nuestro país esa norma no existe. No hay manera que un decreto ejecutivo se ampare en una norma inexistente y eso es lo que han hecho”, afirmó Saénz.
Añadió que es un decreto que incorpora limitaciones adicionales a derechos fundamentales que se supone están establecidos en el decreto 639 que aprobó la Asamblea.
También señala que basarse en el artículo 8 de la Ley de Cuarentena, el cual, según el Gobierno le da la potestad para restringir más derechos, es totalmente falso.
“Este decreto dice apoyarse en el decreto legislativo 639 pero ese ya establecía limitaciones y no permite limitaciones adicionales”, aseveró Saénz, y reiteró que este decreto no es suficiente para restringir derechos fundamentales como el de circulación, cierres de negocios o la prohibición del transporte público.
Pero adicional a todas las contrariedades citadas, el Ejecutivo quiere ordenarle al Legislativo que armonice las fechas de vigencia del decreto 22, de la Ley de Cuarentena y de la Ley de Emergencia.
Las tres normativas tienen una caducidad distinta. La aplicación del decreto ejecutivo finaliza el 21 de mayo; la Ley de Cuarentena y Aislamiento, el 19 de mayo y la Ley de Emergencia Nacional, el 16 de mayo.
El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, informó el miércoles que solicitarán a la Asamblea ajustar las fechas de caducidad.
“Como miran las cosas al revés, pedirán a la Asamblea que ella ajuste los plazos de la ley de Emergencia y de Cuarentena al decreto. Es totalmente al revés, es el decreto que debe ajustarse a la ley, pero piden que las leyes se ajusten al plazo de los decretos”, explicó Anaya.
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