Ruth López, representante legal del referido organismo, aseguró que el recurso de amparo es contra la empresa Chivo por la violación de derechos constitucionales de los demandantes por la falta de protección de su identidad y sus datos personales.
Cristosal pidió, este 16 de noviembre, amparo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor de 117 víctimas de suplantación de identidad a través de la Chivo Wallet
"Si bien Cristosal no reconoce la legitimidad de la Sala de lo Constitucional actual debido a que fue impuesta mediante un acto inconstitucional, valoramos el derecho de las víctimas a usar los mecanismos legales", dijo Ruth López.
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Como parte del recurso, los demandantes piden que la Sala dicte medidas cautelares inmediatas como que la empresa Chivo deje de registrar información de la población hasta que cuente con los mecanismos de seguridad de la identidad.
"Vamos a poner a prueba el sistema, para ver si esta del lado de las víctimas o del lado de una empresa" @Ruth_Lopez1977 pic.twitter.com/EZf1bNaCfC
— Cristosal (@Cristosal) November 16, 2021
También que se abstenga de registrar a nuevos usuarios cuando no exista una autorización por escrito.
Cristosal ha recibido más de 990 denuncias de personas a quienes les han hurtado su identidad para cobrar $30 otorgados por el gobierno para acceder a la aplicación Chivo Wallet.
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Demandan auditoría de fondos públicos
También la referida organización defensora de los derechos humanos acudió a la Corte de Cuentas para ampliar la demanda presentada en septiembre del año pasado.
“Particularmente para que la Corte de Cuentas verifique la entrega de estos fondos públicos a través del fideicomiso, porque se están entregando sin la debido verificación”, dijo Ruth López, quien es la jefa de anticorrupción de Cristosal.
Señaló que la transparencia, la no intervención estatal, el respeto a la información de la población son principios que rigen a la criptomonedas en el mundo están siendo vulnerados en el país.
“Es importante que el mundo conozca también esa situación y conocemos los riegos que esto implica para las organizaciones y los defensores de derechos humanos a partir de las regulaciones que se pretenden implementar, que se pretenden aprobar en la Asamblea Legislativa”, dijo López.
A principios de noviembre, Cristosal presentó tres denuncias y un aviso por 116 víctimas de usurpación de identidad a la Fiscalía General, pero aún se desconoce el trámite de los mismos.