Cristosal presentó una denuncia ante la Corte de Cuentas para que se investigue las presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos para la adquisición del software Pegasus.
Este software espía habría sido utilizado por el gobierno para intervenir ilegalmente las telecomunicaciones de periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos extranjeros.
Al menos, 35 personas fueron víctimas de hackeo de sus teléfonos a través de Pegasus, según investigaciones de Access Now y The Citizen Lab, especialistas en ciberseguridad.
Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, explicó que el gobierno de El Salvador habría pagado, al menos, 8 millones de dólares para un contrato con la firma NSO Group para obtener la licencia para operar el software ilegal.
Por este mismo caso, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó un aviso en la Fiscalía General de la República, el mes pasado. “Queremos que la Fiscalía haga su trabajo, que la Fiscalía recuerde su labor Constitucional que es perseguir el delito e investigar”, señaló César Fagoaga, presidente de la gremial.
Los denunciados en la Corte de Cuentas por este caso son el presidente de la República, Nayib Bukele, como responsable directo de las actividades de Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), en segundo lugar Peter Dumas, director de la OIE, Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad y Francis Merino Monroy, ministro de Defensa.
“Solicitamos a la Corte de Cuentas que investigue el origen de los fondos con los que presuntamente se compró este software que realiza actividades ilegales e inconstitucionales contra ciudadanos salvadoreños” añadió López.
La jurista recordó que las comunicaciones solo puede ser intervenidas con una orden judicial, según lo establece el artículo 24 de la Constitución de la República.
Además, la Ley Especial de Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT), en su artículo 25, establece como delito realizar la intervención a las telecomunicaciones sin contar con autorización judicial.
Jonatan Cisco, abogado de Cristosal, añadió que según la página web de NSO Group, el software Pegasus es un arma militar de espionaje que solo se vende a actores estatales.