Las elecciones para elegir presidente y vicepresidente, y renovar la Asamblea Nacional en Nicaragua son en noviembre de este año. Daniel Ortega, presidente de ese país, busca reelegirse una vez más, junto con su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo. Si Ortega llegase a ganar las elecciones nuevamente alcanzaría veinte años en el mandato de presidente. Asimismo, se sumarían diez años más porque gobernó en los años 80.
El novelista Sergio Ramírez, ex vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, dijo en una columna de opinión publicada en el periódico estadounidense The New York Times que el Gobierno de Ortega ha echado a andar un plan para impedir elecciones democráticas en ese país, y ese plan ya comienza a dar resultados.
“¿Se puede hablar de elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua? Los hechos lo niegan”, plantea el Premio Cervantes de 2017 en su columna. Su conclusión se basa en los hechos de los últimos cuatro años en Nicaragua.
En abril del 2018 hubo una rebelión cívica que acabó con la vida de 328 personas, reprimidas violentamente, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahora, el Gobierno nicaragüense parece echar mano de la maquinaria política para impedir que los candidatos como Cristina Chamorro lleguen a la presidencia, advierte Ramírez.
Nicaragua ha despojado de legalidad a dos partidos opositores, ha perseguido a precandidatos disidentes, y ha atacado al periodismo independiente.
La Asamblea Nacional, en su mayoría oficialista, aprobó en enero una reforma a la Constitución que impone la cadena perpetua por delitos de odio. Y no se trata de odios raciales, sino de “odio al régimen”. Asimismo, aprobaron una ley de ciberdelitos, que busca controlar el uso de las redes sociales.
Pero las leyes que oficializan la continuidad de Ortega en el poder no llegan hasta ahí. La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, pena con cárcel e impide, a quienes participen en los delitos que contempla, a optar por cargos públicos.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ya ha advertido al gobierno nicaraguense que deben darse negociaciones “incluyentes y oportunas” entre el gobierno y la oposición. Asimismo, entre otras recomendaciones de la OEA están que el gobierno y la oposición hagan reformas electorales “significativas y coherentes con las normas internacionales” y que modernicen y reestructuren el Consejo Supremo Electoral para que las elecciones sean “independientes, transparentes y responsables”.
Nicaragua no ha cumplido con las recomendaciones.
La aspirante a la presidencia de Nicaragua y periodista, Cristiana Chamorro, señaló el pasado 21 de mayo que el presidente y exguerrillero sandinista, Ortega, ha orquestado una investigación en su contra, "porque está muerto de horror" de perder el poder en las elecciones de noviembre.
"Aquí el único que tiene miedo es Daniel Ortega. Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua. Ese es el hombre que está muerto de horror, porque nosotros (oposición) unidos vamos a derrotarlo en las próximas elecciones", dijo al salir de la sede del Ministerio Público, donde acudió por supuestos cargos de lavado de dinero, bienes y activos en su contra.
Ayer sábado, los precandidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro denunciaron que el régimen de Ortega tenía sitiada sus casas y que no les permitían “ni abrir la puerta”.
Asimismo, el Partido de Restauración Democrática fue suspendido recientemente de su personería jurídica. En este instituto se agrupaban varias organizaciones de oposición formadas a raíz de los sucesos de abril de 2018
También, los estudios de grabación de los programas de televisión del periodista Carlos Fernando Chamorro fueron allanados por segunda vez por la policía, y sus equipos y archivos fueron confiscados a menos de seis meses de las elecciones.