El pasado 19 de noviembre a la media noche fue la última fecha para que los aspirantes a diputaciones por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), la Asamblea Legislativa y los concejos municipales se inscribieran como candidatos para las elecciones del 2021 ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Cinco días antes, el 14 de noviembre, los candidatos no partidarios manifestaron su preocupación por que no lograron presentar a tiempo los requisitos que solicita el TSE por ley, entre estos la recolección de firmas, lo cual se les dificultó debido a las medidas para atender la pandemia de COVID-19, dijeron.
Explicaron que tuvieron retraso en la presentación de documentos debido a que los cierres por la pandemia afectaron el funcionamiento de las instituciones públicas, quienes no pudieron agilizar la entrega de certificaciones a los solicitantes debido a que no se permitía aglomeraciones.
El TSE publicó un comunicado en redes sociales donde manifestaba que los candidatos no cumplieron con lo estipulado, no completaron la cantidad de firmas que respaldaba su candidatura y que presentaron firmas falsas o de personas fallecidas.
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“Ellos (candidatos no partidarios) manifestaron que tuvieron problemas en algunas instituciones, pero eso es parte del funcionamiento de la misma institución (gubernamental). Nosotros esperamos que con la puesta en marcha de la ley de reducción de barreras burocráticas, esta forma de expedición de documentos de las instituciones públicas sea más expedita”, dijo el magistrado del organismo electoral, Rubén Meléndez.
Guillermo Wellman, también magistrado del TSE, dijo que son requisitos estipulados por ley los que tienen que presentar los candidatos en un tiempo también determinado en el calendario electoral.
“Yo estuve escuchando quejas de los aspirantes no partidarios, diciendo que el Tribunal los ha bloqueado. El Tribunal no bloquea a nadie, el Tribunal ha tratado de ser transparente, nos parece hasta ingrato de parte de esta gente estar acusando sin sentido, todo es trabajo profesional del Tribunal, se revisan las firmas conforme a los datos que tiene el registro electoral”, añadió Wellman.
El magistrado explica que muchos de los candidatos no partidarios han presentado una cantidad insuficiente de firmas, según la cantidad requerida por ley dependiendo del departamento que representan, o firmas que van repetidas o de personas que han fallecido.
“La validación de firmas se hace ante la presencia de los interesados o de las personas designadas por ellos para que vayan haciendo la revisión, o sea que no es una situación antojadiza de este tribunal”, sostuvo Wellman.
Candidaturas improcedentes
Al inicio fueron 61 las candidaturas no partidarias inscritos, de las cuales 24 fueron declaradas improcedentes porque cometieron fraude de ley, debido a que participaron en elecciones internas de partidos políticos. Ahí destaca el caso de Milena Mayorga, declarado inadmisible porque se consideró un caso de tránsfuga, de acuerdo a la Sala de lo Constitucional, ya que ella es diputada por ARENA y buscaba correr sin bandera partidaria.
Luego quedaron 17 casos en estudio, dijo el TSE, de los cuales 2 fueron aprobados y 8 casos fueron rechazados, uno en etapa de revisión, hasta el 18 de noviembre, y otros 8 casos en espera de revisión de firmas. El resto de candidaturas desistió de realizar el proceso.
Las candidaturas no partidarias aprobadas son de Leonardo Bonilla, por San Salvador; y Jesús Segovia, por La Paz, al presentar la cantidad de firmas estipuladas, donde en el caso de San Salvador son 12,000.
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Mientras que las candidaturas rechazadas son de Griselda Guardado, por San Salvador; Janeth Carranza, por San Salvador; Erick Llánez, por San Salvador; Paul Monroy, por Santa Ana; Rafael Burgos, por La Libertad; y Elvi Tailandia, por San Salvador, según información proporcionada por el TSE hasta el 18 de noviembre.
Los que se mantenían en revisión eran Tahnya Pastor, por San Salvador; Obed Amaya, por La Libertad; Manuel Meléndez, por San Salvador; César Guerrero, por Santa Ana; Sofía Ulloa, por San Salvador; y César Ramírez, por San Salvador.
“Fueron rechazados porque no alcanzaron las firmas, por ejemplo, para San Salvador son 12,000 firmas, no alcanzaron o las alcanzaron pero repitieron con otro candidato no partidario y eso está prohibido”, expuso el magistrado Meléndez.
Inconsistencias en firmas
Otro problema fue la inconsistencia en las firmas presentadas, ya que no coincidían con los registros que tiene el TSE, basados en los datos del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN).
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“En el momento de la recolección de firmas, en el libro que presentaron era diferente. Hay inconsistencias porque en el registro está de una manera y luego la hacen de otra forma”, indicó el magistrado.
El TSE dijo en el comunicado que los casos de firmas falsas o de personas fallecidas serán remitidos a la Fiscalía General de la República.
“De encontrarse una inconsistencia (en la documentación de los candidatos) lo que se hace es una prevención para que (los candidatos) puedan subsanar, y si hay alguna prevención hasta el 19 de noviembre, todavía hay un plazo para subsanar, porque ellos (candidatos) presentaron en tiempo”, explicó el magistrado Meléndez.
Decreto no sancionado
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 12 de noviembre un decreto que daba prórroga de 10 días para que los candidatos presentaran la documentación para inscribirse.
Los candidatos tendrían entonces hasta el 29 de noviembre para presentar algunos documentos solicitados, pero este no fue sancionado por el presidente Nayib Bukele.
El pleno de la Asamblea tomó la decisión de prorrogar el proceso de entrega de ciertos documentos debido a la emergencia por la pandemia de COVID-19, ya que se vio afectado el funcionamiento de la administración pública, lo cual dificultó que los candidatos obtuvieran la documentación requerida para el trámite de inscripción.
Con la prórroga podrían entregar, los 10 días después del cierre de las inscripciones, la solvencia de impuestos sobre la renta, la solvencia municipal y el finiquito de la Corte de Cuentas de la República (CCR), de ser requerido.
“Queda fuera de ese decreto la constancia de Probidad (patrimonio del candidato), que es un nuevo requisito que se ha establecido”, dijo el magistrado Meléndez.
Dentro de los documentos requeridos para la inscripción, la ley establece que presenten solvencia de Hacienda, que implica además entregar la solvencia de pago de IVA, explicó el magistrado Meléndez.
El decreto exponía que por la alta cantidad de solicitantes de dichos documentos, el ministerio de Hacienda, las municipalidades y la CCR presentaban dificultades logísticas para extenderlos. A esto se sumó la serie de medidas que impedía que se dieran aglomeración de personas para solicitarlos, por lo que los diputados consideraron que era necesaria la prórroga.
Guillermo Wellman señaló que la Asamblea Legislativa no consultó al ente colegiado para poder emitir ese decreto que permitía realizar dicha prórroga, lo cual iba afectar el calendario electoral.
“La Asamblea emitió el decreto sin habernos consultado a nosotros, que se supone somos la autoridad máxima en materia electoral, que así lo dice la Constitución. Lo manifestamos, que no estábamos de acuerdo porque nos afectaba el calendario electoral”, sostuvo Wellman.