En un nuevo veto del presidente Nayib Bukele a la normativa que la Asamblea aprobó recientemente para contener la pandemia, El Salvador se vuelve a quedar sin un marco legal que respalde las acciones a seguir para frenar la pandemia de manera integral, denunciaron los diputados.
El mismo camino tortuoso que siguió el decreto 661 que contenía la Ley Transitoria de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida y la Salud y Reapertura Económica, tendrá el decreto de “Ley Transitoria para Contener la Pandemia por la Enfermedad de COVID-19” aprobada a finales de octubre por el Órgano Legislativo.
Los diputados recibieron este jueves otro veto por “inconstitucionalidad” de parte del Ejecutivo a la última normativa avalada, cuyo objetivo es dar las herramientas legales al Ministerio de Salud para que en el marco de la pandemia no se violen los derechos fundamentales de las personas.
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Entre estos derechos, resalta el de libre circulación cuando se implementan “cercos militares disfrazados de sanitarios”, advirtió el diputado Mauricio Vargas, de ARENA.
Con este nuevo revés del Gobierno, la oposición política considera que el país se queda con el vacío legal que se tiene desde hace meses para regular la apertura económica y las medidas sanitarias que eso conlleva.
Apertura desordenada
A falta de una regulación jurídica, la apertura económica se dio de forma “desordenada” y de golpe, criticaron los diputados en su momento, cuando Bukele vetó el decreto 661 a principios de junio, pero en contradicción con las resoluciones de la Sala intentó legislar a través de decretos ejecutivos.
La Sala en su momento le prohibió a Bukele limitar o suspender libertades fundamentales, como el libre tránsito, de manera unilateral y le recordó que es solo el Legislativo quien tiene esta potestad.
Pocos días después la Asamblea superó el veto al decreto 661, pero según los legisladores, Bukele “jugó con los tiempos” esperando hasta el último momento para enviar la superación del mismo a la Sala de lo Constitucional para que esta dirimiera sobre el caso. Esta instancia tiene 15 días para resolver sobre la misma.
Y en esta ocasión, con la nueva normativa transitoria vuelve a suceder lo mismo.
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“El Salvador se queda sin un marco legal para combatir el COVID-19. Superamos el veto ayer (jueves), como Asamblea lo tenemos que mandar al Ejecutivo, quien tiene 3 días para resolver, va a terminar el año y el país estará sin una ley para combatir el COVID-19”, lamentó el diputado de ARENA, Emilio Corea.
Además, dijo que se incumple de nuevo con el fallo de la Sala de lo Constitucional que ordenó legislar para sustituir al decreto 661 que fue vetado por Bukele y del cual la Sala resolvió que, por el desfase de los tiempos, la Asamblea debía diseñar una nueva normativa.
“Lamentamos la decisión del presidente Nayib Bukele de vetar por inconstitucional este decreto que venía a sustituir al decreto 661, en ese decreto nosotros tratamos de cumplir con la resolución de la Sala y con los parámetros que estableció en el decreto, sin embargo, lo vetó”, explicó Corea.
Argumento del presidente
En este nuevo veto, Bukele plantea que la Asamblea no puede decidir el área a controlar como zona epidemiológica, tampoco definir la duración del cerco sanitario y menos impedirle que las personas no circulen mientras dure la medida.
En el decreto de ley que Bukele vetó, los diputados establecieron que los cercos epidemiológicos no deberán ser mayores a 2 kilómetros cuadrados a la redonda y que la duración de los mismos no podrá exceder de 72 horas.
Según lo legislado por la Asamblea, la implementación de los mismos deberá estar sujeto a una justificación científica, médica y estadística de los casos de COVID-19 detectados, no al simple hecho de rebrotes esporádicos y que en ningún momento dicha medida implica la restricción o vulneración de derechos fundamentales como la libre circulación de las personas.
Ante esto, la respuesta de Bukele y su equipo jurídico es que “el desconocer que el establecimiento de una zona epidémica, implica la facultad del Estado de generar condiciones de ingreso o salida de personas en zonas determinadas, que garanticen prioritariamente el derecho a la salud en orden de evitar la propagación de la enfermedad, es una herramienta que a criterio de la Sala es propia de una política de salud cuya competencia es del Órgano Ejecutivo y no labor de la Asamblea”.
Por otra parte, el presidente sigue haciendo uso de vetos por inconstitucionalidad, con los que da largas a los procesos previstos por la Constitución, pues deja hasta último momento las diligencias debidas.