El Juzgado Tercero de Vigilancia Penitenciaria instaló una audiencia, con la Fiscalía en forma presencial, y de forma virtual con representantes de los directores de Centros Penales, del hospital Psiquiátrico, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar y Procuraduría General de la República para que informen sobre el contagio masivo de COVID-19 en reos.
Las autoridades penitenciarias han solicitado reserva total a la diligencia porque, según ellos, hay en juego información reservada, es decir, que no debe ser de conocimiento público.
Al finalizar la audiencia, el secretario del Juzgado brindó declaraciones en las que afirmó que 58 reos en el Psiquiátrico han sido contagiados de COVID-19.
“La audiencia era a efecto de confirmar la condición y las gestiones que han hechos las direcciones de Centros Penales como Ministerio de Salud y valga la aclaración, que se ordenó la presencia del ministro de Salud, Francisco Alabí, pero no asistió ni justificó su incomparecencia, tampoco envió ningún representante”, dijo el secretario judicial.
Agregó que era importante la llegada de Alabí porque los reos contagiados están junto a los demás, que en total son 117 pacientes.
El secretario recalcó que la audiencia tenía como propósito que los funcionarios justificaran el porqué no se habían separado a los reos pese a los riesgos que corrían el estar juntos. Además que expusieran las razones e indicaran qué medidas se habían adoptadas para evitar la propagación.
Las autoridades del hospital Psiquiátrico y Centros Penales dijeron que había una mesa de crisis que se encarga de esos problemas y de ahí que -dijo el funcionario judicial- era relevante escuchar la postura del ministro de Salud.
Por la información vertida en la audiencia quedó establecido que el hospital Psiquiátrico ha rebasado su capacidad y que es urgente que las autoridades de Salud, brinden una solución.
Centros Penales afirmó que como medida preventiva han dotado de mascarillas a los reos y promovido la limpieza del área donde están los pacientes.
“Con los insumos obtenidos en la audiencia, la señora jueza dará a conocer cuáles serán las medidas que se tomarán en el caso como juzgado de Vigilancia Penitenciaria”, afirmó el funcionario.
Investigaciones preliminares revelan que una doctora contagiada por COVID-19 fue el nexo de propagación en el centro hospitalario.
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Según fuentes cercanas, se trata de una doctora practicante del Ministerio de Salud que, al parecer, no siguió todos los protocolos de bioseguridad en el hospital Psiquiátrico.
El contagio entre reos salió a la luz pública el 3 de mayo cuando se reportó el primer caso positivo y a la fecha ya se registran cerca de 50 reos infectados, en condición asintomática y estables de salud.
Solo en el centro penitenciario de San Vicente se ha reportado 39 casos, según autoridades de Centros Penales.
El miércoles autoridades sanitarias informaron 14 reos de dicha cárcel habían dado positivo a la prueba del COVID-19. El pasado domingo, también el ministro de Salud, Francisco Alabi, confirmó sobre los primeros 25 internos contagiados en el referido recinto penitenciario.
La Dirección General de Centros Penales aseguró que todos los privados de libertad contagiados se encuentran estables y están recibiendo el adecuado manejo para pacientes con COVID-19.
El director general de Centros Penales, Osiris Luna, informó esta misma semana que 11 reos de la prisión Quezaltepeque también resultaron positivos del virus, sin dar más detalles.