A inicios de octubre, el nicaragüense Juan José Flores Barrera llegó a una de las jornadas móviles de vacunación contra el COVID-19, que realizó el Ministerio de Salud (Minsal) en el parque central de La Unión, para solicitar le aplicaran la primera dosis, pero le fue negado. Tuvo que esperar meses hasta lograr la primera dosis y en noviembre espera recibir la segunda.
El personal de Salud le explicó que debía presentar el carné de residencia en el país ya que el sistema no estaba habilitado para vacunar a personas de otra nacionalidad.
Flores Barrera, de 72 años de edad, exigía la primera dosis porque la condición de migración no implica la pérdida del derecho universal a la salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteradamente ha explicado la importancia de inmunizar a las personas adultas mayores ya que el virus ha demostrado ser letal para quienes están en este ciclo de vida.
El nicaragüense intentó en distintos centros de vacunación que le aplicaran la primera dosis, pero en todos obtuvo la misma respuesta. “No se puede”.
“Es lamentable que me están negando (el derecho) a vacunarme por no presentar un documento salvadoreño o la residencia, entonces no están previniendo el virus; soy centroamericano y como ser humano tengo ese derecho y no importa la nacionalidad”, lamentaba el hombre, quien se dedica al comercio informal en el país.
Te puede interesar: (VIDEO): “Me están negando mi derecho a vacunarme”, dice nicaragüense que trabaja en La Unión
Flores Barrera es el rostro de los múltiples reclamos que hicieron por más de seis meses las personas nicaragüenses y hondureñas que viven en el territorio salvadoreño y que no cuentan con un estatus legal migratorio lo cual repercute en el acceso al sistema de salud, lo cual viola su derecho a la salud.
Larga espera para acceder a la vacuna
El Gobierno de El Salvador (GOES) inició la primera fase del programa de vacunación el 17 de febrero de este año: para el personal de primera línea. El segundo grupo priorizado fue el personal del sistema educativo público y privado. Hasta inicios de abril, se habilitó la segunda fase del programa de vacunación para las personas mayores de 80 años y para las mayores de 50 con enfermedades crónicas y degenerativas. Los extranjeros sin carné de residencia fueron excluidos.
En la zona oriental del país, particularmente en los departamentos de La Unión y San Miguel, nicaragüenses y hondureños migran para trabajar traídos por el dólar y que el salario mínimo es mayor con respecto a sus países de origen.
Pese a que los Derechos Humanos son universales, interdependientes e indivisibles, para estas personas su condición migratoria los expone a ser privados de la mayoría de los derechos básicos como empleo digno y formal, seguridad social, alimentación, vivienda, entre otros, al igual que muchas personas salvadoreñas que viven en condición de pobreza y extrema pobreza en nuestro país.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) contabiliza que en El Salvador viven 2,367 personas hondureñas, y 3,258 nicaragüenses, de acuerdo con datos proporcionados por la Oficina de Información y Respuesta/Unidad de Acceso a la Información Pública, luego de solicitarles la estadística para el periodo 2009-julio 2021.
De estas personas, solo 635 hondureñas y 135 nicaragüenses cuentan con el carnet de residencia definitiva.
A finales de septiembre, el Gobierno habilitó una tercera dosis de la vacuna contra anticovid, sin embargo hondureñas y nicaragüenses sin la residencia todavía no accedían ni a la primera dosis. Fue hasta el 18 de octubre, a las 6:17 p.m., que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en su cuenta personal de Twitter que estaba habilitada “la vacunación contra el #COVID-19 para extranjeros”. Incluidas “todas las personas que vivan con estatus irregular en nuestro país y para turistas”.
Durante los seis meses que lleva el proceso de vacunación contra el covid-19 los casos de extranjeros que residen en El Salvador y a quienes se les ha negado y vulnerado el Derecho a la Salud y Vida siguen sumando.
A Luis González, nicaragüense, y a su compañera de vida Cintia Alejandra Martínez, hondureña, quienes residen en Santa Rosa de Lima desde hace más de 15 años, han corrido similar suerte que el comerciante Flores Barrera.
“No he podido sacar la residencia como salvadoreño, pero tenía la esperanza que por tratarse de una emergencia a nivel mundial seríamos beneficiados, y así como nosotros están la mayoría de los compatriotas sin ser vacunados”, lamentó González.
Para muchas de las personas hondureñas que tuvieron dificultades para vacunarse, hasta les pareció contradictorio que el presidente Bukele entre mayo y junio de 2021 autorizará la donación de 78,000 dosis de vacuna de AstraZeneca a varios municipios de su país; mientras que en el territorio salvadoreño donde residen se les negaba el derecho a la vacuna.
Te puede interesar: Gobierno habilita vacunación contra covid para extranjeros en El Salvador
“Estamos priorizando a todas las personas que están en el territorio, a los salvadoreños y otras nacionalidades, siempre y cuando se demuestre que están dentro del territorio y dentro del territorio existen diferente modalidades para poder agendar las citas; no solo el documento único de identidad, con el pasaporte siempre y cuando se demuestre el arraigo en el sentido de que están conviviendo en el territorio y que por ende esto podría ser parte fundamental de contagio y de ser un vehículo transmisor del virus”, aseguró el Francisco Alabí, titular del MINSAL, el 28 de septiembre cuando se le cuestionó sobre los motivos por los cuales no habilitaban hasta esa fecha la vacunación para las poblaciones de los dos países centroamericanos.
Violación de leyes nacionales e internacionales
El Estado salvadoreño es firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la cual contempla que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial a la alimentación, vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios”.
Además el Derecho a la Salud está contemplado en la Constitución de la República y no puede ni debe excluir a personas extranjeras.
“El Salvador como Estado tiene la obligación en el marco de la Constitución que dice en el artículo 1 y 2 que los habitantes de la República, no dice únicamente los ciudadanos, es decir toda aquella persona que esté en el territorio nacional tiene Derecho a la Salud, entonces, por ley el Estado está en la obligación de brindar esta atención y justamente cuando se trata de un tema tan emergente como es una pandemia”, puntualizó José Roberto Lazo, abogado y defensor de Derechos Humanos.
De las 4,048 personas hondureñas y nicaragüenses sin el documento de residencia, varias constituyen grupos familiares. Es decir que a sus hijos e hijas menores de edad también les han violentado el Derecho a la Salud al no vacunarles. El Salvador tiene la obligación de garantizar el Derecho a la Salud a la niñez; tal y como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 3, numeral tres.
VER: Ministro de Salud no descarta una cuarta y quinta dosis de vacuna contra COVID-19
Establece que los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan con las normas de seguridad, y sanidad. Además, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y adolescente en El Salvador, independientemente de su nacionalidad.
En busca de apoyo en las alcaldías
Mientras aún no se había autorizado vacunar a extranjeras sin residencia, en el municipio de El Sauce, en la zona norte del departamento de La Unión y fronterizo con Honduras, hubo casos de familias de los países vecinos que desesperadas llegaron al despacho del alcalde Enrique Villatoro para pedirle que les extendiera una carta u otro documento que les permitiera tener acceso a la inmunización anticovid.
El alcalde explicó que eran de 10 a 15 personas entre hondureñas y nicaragüenses que solicitaban, a diario, ayuda para recibir la vacuna. Plantearon que vacunarse en El Salvador era su única opción ya que no pueden regresar a sus países de origen; porque hace décadas se asentaron acá, formaron sus hogares y es acá donde laboran y residen. Para el alcalde no vacunar a las personas extranjeras ha expuesto a toda la población a contagiarse del virus. “Se lo digo como médico: lo importante es que la gente que vive aquí tiene que estar vacunada, porque si no lo están, corremos el riesgo de que sigan los contagios”, puntualizó.
Te puede interesar: Mezcla de dosis de vacunas anticovid no tiene respaldo científico
La Embajada de Honduras en El Salvador, a través de su página oficial en Facebook, también recibió a diario múltiples preguntas de sus compatriotas referentes al derecho a la vacuna en este país. La única respuesta desde la sede diplomática ha sido que para quienes tienen carné de residencia: ya podían hacer su cita desde el sitio web del MINSAL. Para quienes no poseen la residencia nunca hubo respuesta.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador cuenta con una ventanilla de atención en la oficina de la delegación departamental de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en La Unión. Vanesa Hernández, coordinadora de la ventanilla de la OIM, dijo que en lo que va del 2021 han atendido a 10 personas de nacionalidad nicaragüense quienes buscaron asistencia para tener acceso a la vacuna en el país, pero que como organización solo brindan asesoría en conjunto con la Procuraduría.
Se buscó la posición del delegado departamental de la oficina de la PDDH de La Unión para conocer cuántos casos de denuncias o avisos de vulneraciones al derecho de la salud de las personas extranjeras fueron registrados en el contexto de la pandemia del COVID-19, pero no accedió a dar una entrevista.
Gladis Benítez, delegada departamental de la misma institución en San Miguel, aseguró que solo se recibieron dos casos en ese departamento: el de un hombre de nacionalidad panameña y el de un puertorriqueño. Estos extranjeros que habitan en el país trabajan en el comercio informal, en la agricultura, ganadería, construcción; y, las mujeres en tareas del hogar y de cuidado remunerados en viviendas y pupuserías.
A partir del reciente anuncio del gobierno salvadoreños sobre vacunación, nicaragüenses como Mayra de Cálix, dedicada a la cosmetología en la ciudad de San Miguel, iniciarán el trámite haciendo uso de su cédula de identidad personal que les permitirá, luego de medio año de vulneración a su derecho a la salud, recibir la inmunización anticovid.