Hasta este momento el Ministerio de Salud Pública realiza tamizajes para detectar el Covid-19 únicamente en jornadas generales llevadas a cabo en cabinas móviles en distintos municipios del país, sin embargo, ARENA pide que las pruebas se amplíen y se ejecuten también en unidades de salud, hospitales y dependencias médicas del Seguro Social.
Además, que Salud realice pruebas en cualquier entidad pública y privada, siempre que el número de pruebas a realizar sea mayor a 50.
Esto debido al alza desmedida de casos de contagios por la variante Ómicron y de personas solicitando que el gobierno disponga de más cantidad de pruebas en las cabinas móviles.
“Los salvadoreños han recurrido a los tamizajes que realiza el Ministerio de Salud, los cuales son insuficientes. Muchas personas recorren grandes distancias, madrugan, gastan en transporte, con la esperanza que les realicen la prueba PCR en las cabinas móviles, pero lastimosamente las pruebas se agotan”, manifestó el diputado Francisco Lira, de ARENA.
En ese sentido, el Artículo 2 de la propuesta para las “Disposiciones Especiales para la Contención y Combate de la Variante Ómicron SARS COV-2”, establece que “El Sistema Nacional de Salud deberá realizar pruebas para la detección de COVID-19 en Hospitales Nacionales, Unidades de Salud, Equipos Comunitarios de Salud Familiar y Especializados (ECOS), así como en cualquier otro punto que designe el Ministerio de Salud con el propósito de llegar a la mayor cantidad de salvadoreños posible. La misma disposición es aplicable para el Instituto Salvadoreño del Seguro Social”.
Además, en el Art. 3 se menciona que con el propósito de salvaguardar los derechos de los trabajadores y derechohabientes del ISSS el reclamo del subsidio por incapacidad cubrirá el 100% del salario básico de los trabajadores, para lo que bastará cualquier tipo de prueba (PCR-RT, Antígeno, Pruebas Rápidas, Pruebas Caseras, etc.) para COVID-19 con resultado positivo.
Lo anterior se debe a que la población se queja que el Ministerio de Salud y el ISSS se niegan a brindar incapacidad médica si no es que el paciente presenta una prueba de PCR que es la más cara, ronda en cerca de $100.
En las disposiciones se contempla también que las entidades públicas y privadas, con un número mayor de 25 empleados podrán adquirir pruebas rápidas para la detección de COVID-19, para que sean realizadas a su personal, con la autorización previa de la Dirección Nacional de Medicamentos.
Mientras que el gobierno deberá suministrar pruebas caseras a todos los salvadoreños que así lo soliciten en aras de facilitar el acceso a pruebas para diagnosticar el COVID-19.
También, los tamizajes que realiza el ministerio de Salud por medio de las cabinas móviles podrán ser solicitadas por cualquier entidad pública y privada, siempre que el número de pruebas a realizar sea mayor a 50.
En los lugares con alto flujo de personas el Sistema Nacional de Salud deberá instalar cabinas móviles.
Se propone que el decreto tenga una vigencia de 90 días pudiendo ser prorrogable por la Asamblea previo a un informe del Ministerio de Salud sobre la situación actual del COVID-19.
La petición deberá ingresar al pleno para que los diputados decidan si la mandan a estudio de la comisión de Salud.