Un tribunal de justicia de Costa Rica notificó este viernes al gobierno salvadoreño, que cuenta con un mes para concretar la extradición de Juan Carlos Guzmán Berdugo, quien es acusado por la Fiscalía General por el delito de lavado de dinero.
Guzmán Berdugo es el padre de Ada Mitchelle Guzmán, compañera de vida de Mauricio Funes Cartagena, expresidente salvadoreño en el período 2009-2014, acusado de sustraer más de 300 millones de dólares durante su mandato.
El prófugo salvadoreño había presentado una apelación contra la resolución del 11 de febrero de este año, en la que la justicia costarricense daba luz verde a la extradición.
Sin embargo, esa apelación no surtió los efectos que el prófugo esperaba y el 15 de marzo de este año, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José (capital de Costa Rica), resolvió declarar sin lugar la solicitud.
“Se pone al extraditable Juan Carlos Guzmán Berdugo a la orden del Gobierno de El Salvador para que en el plazo de un mes proceda a ejecutar la extradición del mismo, en la medida que lo permita la situación sanitaria vivida a nivel mundial ocasionada por el Covid-19”, reza el documento judicial calzado con el nombre de Daniela Rojas Calderón, Jueza de Trámite.
Guzmán Berdugo fue capturado por las autoridades costarricenses en noviembre de 2019. Pero la demora en el trámite de extradición se debió a los diferentes recursos legales que los abogados del salvadoreño interpusieron para evitar que enfrente la justicia salvadoreña.
INFOGRAFÍA: Así se benefició Michy con parte del millonario soborno para Funes por El Chaparral
En El Salvador, la orden de captura en contra de Guzmán Berdugo fue emitida en junio de 2017. Según el requerimiento fiscal, los esposos Guzmán Sigüenza utilizaron el dinero público para comprar vehículos, pagar créditos y viajes al extranjero, entre otros.
En junio de 2017 el Juzgado 5° de Paz de San Salvador decretó Instrucción con Detención para Mauricio Funes, su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán, y 13 imputados más vinculados al caso Saqueo Público donde se habrían desviado $351 millones de las arcas del estado.