Por unanimidad los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron solicitar al gobierno de Nicaragua la extradición del expresidente Mauricio Funes Cartagena, quien acumula cuatro órdenes judiciales de captura por delitos de corrupción en perjuicio del Estado. La resolución abarca al grupo familiar del exmandatario, quienes están asilados en el vecino país.
“Dése trámite a la solicitud formulada por el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, dirigida a la autoridad competente de la República de Nicaragua, con la que se requiere la extradición de los señores: Carlos Mauricio Funes Cartagena, por los delitos de Peculado y Lavado de Dinero y de Activos…”, dice parte de la resolución.
“La decisión fue tomada con 15 votos, no hubo mayor discusión, fue una votación rápida, como esto ya había sido analizado en un par de ocasiones, solamente constatamos que trajera toda la información… para mí el documento está totalmente sólido, completo, llena los requisitos que exige la ley para darle trámite a una extradición”, dijo el magistrado Óscar López Jerez.
El proyecto, ahondó, tiene unas 20 páginas que contiene toda la descripción de los delitos, la relación de los hechos, todos los datos que aplican para tramitar la extradición.
El magistrado Aldo Cáder Camilot también confirmó a El Diario de Hoy la decisión tomada pero que no podía dar más detalles porque aún no habían notificado a las partes.
Por la tarde, la Corte Suprema emitió un breve comunicado en el que confirma su decisión.
La petición de extradición abarca a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, la actual compañera de Funes; sus dos hijos mayores: Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas. Todos ellos acusados de lavado de dinero y activos.
“Remítase dicha solicitud conformada por un expediente de diez piezas, junto con certificación de este proveído al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública”, dice parte de los oficios que la Corte probablemente remitan hoy.
Lo que sigue a la decisión de la Corte, según explicó López Jerez, es “librar oficios y cartas necesarias al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia y Seguridad para que nos manden a Mauricio Funes”.
Cancillería explicó que una vez sea notificada por la Corte gestionará con su homóloga de Nicaragua la solicitud de extradición a través de la embajada de El Salvador en Nicaragua. (Ver infografía).
Para este trámite la Cancillería no tiene plazo, explicó López Jerez.
La decisión de la Corte Plena es por el primero de los cuatro casos penales que los tribunales ventilan en contra de Funes. Ese proceso inició en junio de 2018, y en este la Fiscalía General de la República le atribuye haber encabezado una estructura delictiva que desvió $351 millones del Estado para beneficio personal, de su familia, amigos y un grupo de funcionarios durante su gobierno 2009-2014.
Para la Fiscalía, esta decisión “reafirma el proceso de investigación que sigue en contra del ex mandatario, y espera que a la brevedad haya acuerdos con el gobierno nicaragüense para su entrega a las autoridades salvadoreñas”, según un comunicado emitido anoche.
Los delitos que, según el Ministerio Público Funes cometió en ese caso, son: peculado, lavado de dinero y activos y asociaciones ilícitas.
El Juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel Argüello, envió a la Corte Suprema a finales de septiembre pasado una solicitud para extraditar al primer exmandatario del FMLN, quien huyó a Nicaragua y consiguió asilo exprés en septiembre de 2016 aduciendo que es perseguido político.
Pero la solicitud quedó estancado porque los magistrados decidieron solicitar información ampliada al juez de la causa antes de tomar la decisión, según confirmaron los magistrados Cáder Camilot y López Jerez a El Diario de Hoy.
Según López Jerez, la rapidez con que votaron a favor de la solicitud al régimen de Daniel Ortega fue porque la documentación enviada por el Juez y la Fiscalía, que incluían evidencias y relación de los hechos de que se le acusa a Funes, cumplía con los requisitos para tomar la decisión.
Preguntado si las evidencias presentadas por Fiscalía fue un elemento clave en la decisión, López Jerez dijo que en vista de que el caso tiene reserva total no podía dar detalles de la documentación en la que fundamentaron su resolución.
Los fundamentos de la Corte y los alegatos del exmandatario
La reacción del primer presidente del FMLN no se hizo esperar, vía Twitter cuestionó que hubieran tomado la decisión los magistrados sin tomarle en cuenta su derecho de defensa. Sin embargo, la resolución de la Corte no corresponde a un juicio, sino a un trámite de extradición a petición del juzgado que lo procesa por delitos de corrupción.
Funes tampoco ha presentado un abogado que lo represente en ninguno de los procesos judiciales que tiene en su contra, los cuales son de naturaleza penal no política. Ha sido representado por defensores asignados por el Estado.
En el comunicado de la Corte Suprema, esta deja claro que la solicitud de extradición que ellos avalaron “cumple con los requisitos prescritos en los instrumentos internacionales invocados, se remitirá la documentación por conducto diplomático para ser presentada a la autoridad competente de la República de Nicaragua, que decidirá sobre la extradición solicitada”.
Los instrumentos internacionales que menciona la Corte está, en primer lugar, la Constitución de la República (artículo 182), lo prescrito en la Convención de Extradición Centroamericana, así como en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
De igual forma, dicen los magistrados, se fundamentan en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el artículo 35, número 5 del Reglamento interno del Órgano Ejecutivo.
Los despilfarros de los acusados
En su comunicado, la Fiscalía recordó las acusaciones contra Funes en el caso “Saqueo Público” fundamentadas en investigaciones que establecieron que usó fondos públicos para compras de artículos suntuosos, armas, remodelaciones inmobiliarias, vehículos de lujo entre otros, en los que utilizó fondos de la partida de Gastos Reservados (conocida como partida secreta).
Pero además, reitera que Funes está acusado de delitos de corrupción, así como un prófugo de la justicia y con otros tres procesos penales abiertos en tribunales.
Las acusaciones de la Fiscalía establecen que en el caso de Ada Mitchell, ella participó en el lavado de dinero. A ella se le acusa, solo en el proceso penal conocido como “Saqueo Público”, de haber recibido casi $500,000 de fondos públicos sin que ejerciera un cargo público.
La recepción del dinero lo hizo Guzmán Sigüenza por medio de pagos que le hizo la Casa Presidencial de cirugías estéticas en Estados Unidos por ás de $60,000, además de viajes turísticos de ella y su familia, y gastos por más de $90,000 en supermercados entre otros.
En el caso de Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, la Fiscalía General los acusa de haber utilizado dinero del Estado para realizar viajes a diversos países.
A Funes y a su exesposa, Vanda Pignato, se les acusa de haber tomado dinero de la Presidencia para gastarlo en numerosos viajes turísticos para ellos y sus parientes, estadías y consumo en hoteles, cancelar créditos personales y depósitos bancarios. En ese esquema de corrupción Funes habría usado $10 millones.
A Pignato se le acusa de haber lavado $165,000 de fondos públicos.