La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantendrá oculta por siete años la información que permite verificar los méritos de jueces recién nombrados, como sus hojas de vida y criterios de selección. Así lo advirtió este lunes el experto en transparencia, Wilson Sandoval, tras el bloqueo de información sobre una jueza.
Esto, pues la CSJ negó a Sandoval la hoja de vida de una aplicadora de justicia y el acta de Corte Plena sobre su nombramiento, pese a que lo solicitado no ponía en riesgo la seguridad de la funcionaria.
Este bloqueo se hace amparado en una sentencia de 2019 emitida la Corte Plena anterior donde justifica causales para reservar datos personales de jueces. Sandoval añade que nada de lo pedido entra en esa categoría o amenaza a la jueza.
“Lo que pedimos fue que se nos entregara cierta información relativa a la jueza de menores de San Vicente. De esta información pedíamos conocer su currículum, el acta de Corte Plena de nombramiento de la jueza, y viene la Corte Suprema y responde que la información se denegaba porque es información reservada”, cuestionó.
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Sin embargo, los argumentos de esa negativa no tienen nada que ver con la resolución a la que hace referencia la actual Corte Suprema, dado que lo solicitado por Sandoval no está contemplado dentro del índice de reserva de la CSJ. Es decir, los magistrados negaron información que, según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), debe ser publicada de oficio o entregada a petición de parte.
“Esa reserva no tiene nada que ver con la información que estamos solicitando, porque hace alusión al nombre, a la plaza, a las funciones que cumple el juez o jueza; nosotros no estamos requiriendo eso, pero esta Corte Suprema decide reservar de hecho más no de derecho”, argumentó Sandoval.
Asimismo, advirtió que este puede ser el “nuevo patrón, donde se pretenda reservar información sobre las contrataciones de los nuevos operadores de justicia nombrados tras la reforma” a la Ley de la Carrera Judicial, con la que se retiró a un tercio de jueces del país.
El experto teme que esas vacantes se pudieron haber llenado con jueces que no cumplían los requisitos para el cargo y por eso podrían denegar la información.
En la resolución a la que hace mención la CSJ para negar la información a Sandoval se establece que se “declara como información reservada el nombre, la plaza, cargo funcional y actividades de servidores públicos de la Corte Suprema de Justicia, sus correspondientes Salas y demás dependencias de la misma”. Dicha declaratoria de reserva durará el plazo de siete años “de conformidad al artículo 20 de la LAIP”, añade la resolución.
Sandoval reiteró que los datos solicitados no están en el índice de Reserva actual ni tampoco en la resolución de 2019. A pesar de eso, la Corte Sostiene que es información reservada, criticó el experto.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, explica que según la LAIP los procedimientos de contratación del personal del Estado son públicos y deberían estar en el Portal de Transparencia de la Corte Suprema o ser entregado a solicitud del ciudadano que lo requiera.
“Ese argumento de seguridad de los jueces no aplica en este caso, porque se puede dar una versión pública del currículum vitae de la jueza, donde no se vean sus datos personales y así no se pone en riesgo la seguridad de la jueza”, aclaró.
Escobar añadió que lo mismo aplica para los documentos con los criterios que llevaron al Judicial a nombrar a la jueza y cuál fue el procedimiento que siguió.
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Esta denegatoria de la Corte Suprema podría impedirá conocer el currículum y los criterios de selección de los nuevos jueces impuestos por el oficialismo.
“Es una decisión completamente coherente con la captura del poder Judicial liderada por el Ejecutivo”, alegó José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).
Según Marinero, la forma que tiene el gobierno de ocultar que ha reemplazado a los jueces independientes por operadores que sean dóciles y alineados al oficialismo es evitar el escrutinio ciudadano.
Por su parte, la jefa jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth López, considera que la “opacidad se ha vuelto el cáncer que ha enervado la gestión pública en El Salvador” y que el Órgano Judicial no escapa de ello.
“A los ciudadanos se les limita el derecho a saber el nivel de corrupción con los nombramientos basados en el nepotismo, torciendo cada vez más la justicia”, reclamó López.