Un nuevo encontronazo se ha suscitado entre el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la resolución de la máxima instancia salvadoreña en materia jurídica de no acatar un fallo de ese Instituto que pretendía obligar a la Corte, a entregar informes de probidad de funcionarios investigados en 2018, bajo el argumento de que esos informes tienen carácter reservado y porque ese hecho violaría la Constitución.
Con votos de mayoría simple (8 de 15 magistrados), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió el pasado 16 de agosto no acatar la resolución del IAIP de entregar las versiones públicas de los informes elaborados por la Sección de Probidad sobre el presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos de los casos resueltos durante el 2018.
La Corte argumentó que el revelar los informes significa violar la Constitución de la República y por la facultad que tiene el Órgano, amparado en el artículo 240 de la misma, mantendrá reservada la información.
Los magistrados de la Corte Suprema argumentaron que lo anterior coincide con la “presunción de inocencia y el derecho de defensa que establecen los artículos 11 y 12 de la Constitución.”
La decisión de la Corte de no entregar la información de funcionarios y exfuncionarios investigados “significa simple y llanamente violar la Constitución y anteponer una ley secundaria y argumentos de su órgano de aplicación por encima de nuestra norma fundamental”, señalaron los magistrados en su resolución.
Además, consideran que se vulneraría el derecho a la seguridad y la intimidad personal de los funcionarios “ya que se sometería el escrutinio público todos los datos referentes a su caudal patrimonial personal y el del núcleo familiar, así como la vulneración de sus derechos de audiencia, defensa y debido proceso.”
En los últimos años, indagaciones de la Sección de Probidad permitieron que Corte Plena de la CSJ ordenara juicios contra varios exfuncionarios, siendo los más emblemáticos los expresidentes Antonio Saca -condenado a diez años de prisión tras admitir que robó $300 millones- y Mauricio Funes, quien es prófugo y está alojado en Nicaragua en resguardo por el régimen de Daniel Ortega. Funes fue condenado por enriquecimiento ilícito y debe devolver junto a su hijo Diego, $419,000, además enfrenta diversas órdenes de captura por varios delitos de corrupción.
Tras esa resolución de la Corte, el IAIP reaccionó y ha planteado que el fallo de los magistrados representa “un claro retroceso en la lucha contra la corrupción y el compromiso con la transparencia en El Salvador“, señaló el Instituto mediante un comunicado.
El Instituto aseguró que iniciará un proceso de análisis interno a la base de la Ley de Acceso a la Información Pública, “a fin de determinar la existencia de alguna infracción a la misma.” Y lamentan que se cierre el acceso a esta información por un argumento que además se había superado en el año 2015.
Representantes del IAIP consideran que con la decisión de la Corte ante su resolución, emitida el pasado 30 de julio, “se estaría retrocediendo sobre compromisos adquiridos como Estado Salvadoreño” ante los compromisos internacionales de generar mecanismos de transparencia para evitar casos de corrupción.
El pasado 7 de agosto, este periódico publicó que según un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia señalaba que solo 6 funcionarios, de más de 60 que forman el Gabinete de Nayib Bukele, habían cumplido con la ley, ante lo que abogados y organizaciones que velan por la transparencia coincidieron que es grave que se viole la Constitución.