La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda contra la elección de Raúl Melara como Fiscal General de la República presentada por Óscar Oswaldo Campos Molina y José Ramón Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), y argumentó que fue por no cumplir los requisitos para su admisión y carecía de los elementos procesales mínimos y necesarios para “habilitar un análisis de fondo”.
“Tenía un carácter estrictamente subjetivo, pues se limita a a exponer alegatos sin presentar ningún elemento indiciario ni los parámetros de control correctos para sostener que el proceso de selección (de Melara), su resultado o el dictamen respectivo tuvieran las deficiencias alegadas”, sostuvieron los magistrados.
En la demanda se argumentaba que no se había constatado la moralidad y la competencia notorias del abogado Melara Morán, ya que en el dictamen de selección no existía ningún argumento que indicara que se analizó la documentación de todos los candidatos a fin de ponerar los perfiles.
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También planteaban los demandantes que no fue comprobada la idoneidad para el cargo de Melara, pues su hoja de vida no reflejaba experiencia en el ámbito penal o procesal penal, y que los mismos informes de diversas instituciones del sector público no acreditaban su competencia notoria.
Pero además argumentaron que Melara trabajó como funcionario en gobierno del partido político de un excandidato a la Presidencia y que fue asesor legal de este.
Melara volvió a negar esta mañana que tenga algún vínculo con ningún partido. “Todos tenemos amistades en todos lados, en ese entonces Carlos Calleja era precandidato. La relación con él era de amistad, estrictamente personal. No hay vinculación formal ni material con ningún partido”, dijo el funcionario al programa Pencho y Aída.
La Sala de lo Constitucional dice que esta es la primera de las demandas contra la elección de Melara que evacua, que las otras que han sido presentadas siguen en estudio.
Melara fue elegido el 20 de diciembre de 2018 como Fiscal General de la República para el período de tres años, el cual inició el pasado 6 de enero de 2019, y que concluye el 5 de enero de 2022.
