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Corte Suprema inicia proceso sancionatorio en contra del abogado Enrique Anaya, crítico al gobierno

Anaya confirmó a El Diario de Hoy que este día fue notificado de la sanción, tras haber publicado una columna de opinión sobre anomalías en la reelección del presidente del Máximo Tribunal por parte de la Asamblea la semana pasada. Señaló que buscan deshabilitarlo en su profesión.

Por Eugenia Velásquez - Ricardo Avelar | Jul 07, 2021- 11:00

Abogado constitucionalista Enrique Anaya. Foto EDH / Jessica Orellana

Esta mañana, el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, dio a conocer que fue notificado por la Corte Suprema de Justicia de un proceso sancionatorio en su contra, tras haber publicado una columna de opinión este miércoles en la que advierte sobre algunas anomalías en la reelección del magistrado Óscar López Jerez como presidente del Máximo Tribunal.

“Les informo: apenas 12 minutos después de la divulgación de mi artículo en la columna semanal en EDH, la CSJ me notificó la iniciación de un procedimiento sancionatorio por “mala conducta profesional. Empieza la Represión Judicial”, afirmó Anaya.

En su columna, Anaya detalla que López Jerez “ocupa ilegítimamente el despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia”.

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Entre algunas de las irregularidades que Anaya señala en su columna de opinión sobre la reelección de López Jerez es que su “traslado” de la Sala de lo Civil a la Sala de lo Constitucional no fue legal.

“Ya la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 5 de junio de 2012, dictada en el proceso de inconstitucionalidad 19-2012, declaró que el periodo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es de 9 años y, en consecuencia, está proscrita la espuria figura de “traslado” de magistrados desde y hacia la Sala de lo Constitucional”.

López Jerez fue “impuesto” como presidente de la CSJ desde que la actual legislatura inició funciones el 1 de mayo, para lo cual el partido Nuevas Ideas destituyó al anterior magistrado Armando Pineda Navas, y al resto de magistrados de la Sala de lo Constitucional que también fueron suplantados por otros “impuestos” ese mismo día.

Sin embargo, Anaya expresó en su cuenta de Twitter que lo que “están utilizando como excusa es una simple alegación hecha en un proceso de amparo, hace casi 7 meses: es solo la excusa para callar voces críticas al régimen”, aseveró.

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Añadió que tiene conocimiento que buscarán suspenderlo en el ejercicio de la abogacía, “para quitarme mi herramienta de trabajo y, además, desprestigiarme. No encontraron nada más con que hostigarme; aunque no descarto que me armen un ‘tamal’ por eso les digo: No nos callarán”, afirmó Anaya.

El presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, expresó que es sumamente preocupante lo ocurrido con Anaya.

“Manda una señal bien negativa de cómo se está instrumentalizando todas las instituciones, ahora incluida la Corte Suprema de Justicia. Si es como lo plantea Enrique Anaya, estaría implicando que el disenso, el hecho de tener ideas diferentes, la crítica, al señalar errores desde la propia Constitución serán perseguidos o hasta sancionados”, manifestó.

Según Sáenz, lo anterior es una muestra de que todos los ciudadanos deberían estar preocupados porque implica que “nadie se encuentra a salvo y que la expresión va a ser entonces soterrada porque no hay manera de expresar algo diferente a la línea oficialista, porque eso implicaría una reacción inmediata y hasta una sanción”.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, manifestó que las acciones que está tomando el gobierno, “sin duda nos están indicando persecución política contra opositores. Es un comportamiento esperable de un gobierno autoritario”.

Opinó que un gobierno autoritario instrumentaliza a las instituciones para fines políticos para generar persecución y temor en los diferentes sectores de la población, para que no se opongan a las decisiones que desde el gobierno se toman.

“Sin duda que esta acción, de concretarse con una sanción que implique la suspensión del ejercicio de la abogacía tiene que ser elevada a instancias protectoras internacionales de derechos humanos como una evidente violación a derechos fundamentales”, analizó Escobar.

Ruth Eleonora López, abogada del área anticorrupción de Cristosal, expresó también que “esta acción evidencia cómo el régimen usa su poder para tratar de neutralizar los señalamientos ante las vulneraciones del Estado de Derecho”.

El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Sección El Salvador) también se pronunció en su cuenta de Twitter a favor del abogado Anaya.

“Condenamos que se instrumentalice la potestad para sancionar abogados con el propósito de perseguir a quienes critican los ataques a la Constitución”, expresaron en su cuenta oficial de Twitter.

Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, le expresó a Anaya sus muestras de apoyo.

“Expreso mi solidaridad con el jurista Enrique Anaya. Sus colegas y amigos de Iberoamérica estaremos atentos a lo que suceda en El Salvador con motivo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, manifestó Valadés.

Asimismo, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) lamentó que se quiera afectar el ejercicio de la profesión y reputación profesional de Anaya a través del “uso ilegal e inconstitucional del proceso de suspensión de abogados en la CSJ. Estaremos atentos en la defensa de sus derechos”, manifestaron también en Twitter.

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