Con la imposición de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte de los diputados oficialistas y sus aliados dio comienzo al desmantelamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con lo que se compromete la independencia judicial y se ha violentado la institucionalidad y los principios democráticos, señala el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) en su informe denominado “La captura del Órgano Judicial en El Salvador” por parte del Órgano Ejecutivo que afecta el Estado de Derecho, la Democracia y los Derechos Humanos.
“Nos encontramos frente a un escenario complejo, en el que existe la captura de un Estado liderado por una persona con fuertes rasgos autoritarios y que se mofa de ello”, señala el estudio.
Este está basado en tres momentos cruciales en los que se ha ido consolidando la “irrupción en el Órgano Judicial” desde la Presidencia de la República con la destitución ilegal y arbitraria de los cinco magistrados constitucionalistas, el uno de mayo de este año, según el informe.
“La pérdida de la independencia judicial es uno de los más graves retrocesos que hemos vivido en el 2021 las y los salvadoreños”, dijo Danilo Flores, asesor del Idhuca.
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La destitución de la Sala de lo Constitucional, sin ningún debate en la plenaria y sin derecho de defensa de los magistrados, violentó “el principio de legalidad, derecho de defensa, las garantías del debido proceso, el principio de separación de poderes, de independencia judicial y en general el respeto al Estado de Derecho”.
Siguió con la elección irregular de otros cuatro magistrados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el decreto legislativo que obligaba a renunciar a jueces y magistrados mayores de 60 años de edad o con 30 años de servicio.
“Es una reforma sumamente grave, discriminatoria, se basa en criterio etario para poder destituir a magistrados y por lo tanto, también riñe con parámetros estándares de protección de derechos humanos”, dijo Ana Gabriela Santos, investigadora del informe y directora de la carrera de Ciencias Jurídicas de la UCA.
Y lo más grave, según Santos, fue el discurso usado por los diputados oficialistas de que la reforma serviría para combatir la corrupción, cuando no hubo ningún fundamento para esos señalamientos.
“Tenemos, aparte de los 10 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que van a responder a los lineamientos que se den desde Capres, una tercera parte de nuevos jueces que van a responder a estos lineamientos”, dijo Santos.
Señala el informe que “la infiltración de la corrupción, el irrespeto de las reglas y la sustitución por nuevas a conveniencia se realiza con el beneplácito de las demás instancias que deberían contener el avance del desmoronamiento de la democracia”.
Y los primeros frutos del control del Ejecutivo sobre el Órgano Judicial comenzaron a dar sus primeros resultados con la sentencia de la Sala de lo Constitucional impuesta al avalar la reelección presidencial contraviniendo la prohibición que señala la Constitución.
“Esta vulneración se consolidó con la resolución que emitió dicha Sala ilegítima, al hacer posible la reelección presidencial, pasando por encima los mismos preceptos constitucionales”, señala el estudio.
Los artículos 88 y 152 ordinal primero y el 154 de la Constitución establecen con claridad la prohibición de la reelección presidencial.
También esa decisión de la Sala de lo Constitucional contraviene la opinión consultiva 28/21 de la Corte IDH que establece que “la reelección indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la CADH y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.
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Destaca el informe que la “concentración del poder a instancia del ejecutivo va en contra del aprendizaje que se debe tomar de la propia historia nacional y universal y quebranta postulados en los que se ha intentado avanzar, como la separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, propios de una democracia”.
Agrega que “es importante entender que los órganos ejercen también una función de control horizontal en la institucionalidad y que la remoción de estos controles significa el ejercicio ilimitado del poder y el irrespeto de los Derechos Humanos”.
Lo grave de esta situación, según el Idhuca es que “quienes padecen de estos vejámenes en el fondo es la sociedad civil, pues más temprano que tarde los atropellos a la institucionalidad se reflejan en el día a día del ejercicio de los Derechos Humanos”.
Agrega el informe que “en la medida que el poder no esté controlado ni limitado, los Derechos Humanos seguirán siendo una quimera... Sin Policía Nacional Civil, sin Fiscalía General de la República, sin jueces ordinarios y sin Sala de lo Constitucional independientes, no hay garantías de protección”.
En ese sentido, Santos sostuvo que la gravedad del control que ejerza el Ejecutivo sobre el Judicial es que los ciudadanos no tendrán instituciones adonde acudir para denunciar o demandar a alguna autoridad que le haya violentado sus derechos constitucionales.
“Los procesos, sobre todo me voy a referir a la Sala de lo Constitucional, se vuelven procesos ilusorios, no hay garantías para poder presentar ningún tipo de proceso, es decir, ya se sabe de forma anticipada para donde se puede conducir algún proceso, ya sea una demanda de inconstitucionalidad o algún amparo”, dijo Santos.
Por su parte, el director del Idhuca, José María Tojeira aseguró que “un sistema judicial capturado lleva a la corrupción, lleva al abuso de los derechos y lleva a la negación de la libertad... Cuando se captura al sistema judicial lo que se busca es convertir a los jueces en sus empleados, porque a los funcionarios los gobiernan las leyes en cambio a los empleados los gobiernan personas”.
En El Salvador, según Tojeira, ya hay señales de esos abusos en el sistema judicial porque está supeditado al poder del gobierno donde “es muy fácil manipular la justicia para culpar, dañar, mantener incluso presos por algún tiempo a personas que normalmente no deberían de estar presas, incluso en el caso de que fueran acusadas”.
Lo más preocupante para Tojeira es que “crezca más el autoritarismo y se acabe negando los derechos a la dignidad de las personas, que se olviden los derechos de los más pobres”.
En ese sentido, Tojeira cree necesario que “la conciencia ciudadana se acabe imponiendo sobre cualquier intento de autoritarismo y el control de las instituciones democráticas”.
El Idhuca señala que es importante que “las organizaciones de la sociedad civil continúen con la lucha de reivindicación de los derechos, así como la denuncia constante de los actos arbitrarios que comete el gobierno”.