El Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas de la República (OCCCR) expone que desde el mes de julio, cuando la subcomisión Política de la Asamblea Legislativa estuvo realizando las entrevistas a los candidatos a presidente y magistrados para la Corte de Cuentas de la República, envió un baremo para que las preguntas que contenía fueran utilizadas en las presentaciones de los aspirantes, pero no fue utilizado.
El OCCCR lamenta que el proceso de elección de los aspirantes a los cargos no esté siendo realizado de forma transparente y con rigor, ya que es la instancia que audita el uso que se hace de los fondos públicos.
Las organizaciones que conforman el OCCCR explican que el baremo contiene una serie de criterios y ponderaciones para hacer más objetivo el proceso de evaluación de la idoneidad y la competencia de cada candidato respecto del resto de aspirantes al cargo, así como una lista de preguntas sugeridas para conocer con mayor profundidad el perfil de los candidatos que comparecieron a las entrevistas realizadas por la subcomisión Política.
“Sin embargo, los legisladores no han tomado en cuenta dicha herramienta y no han profundizado en preguntas sustanciales que permitan conocer la visión o el conocimiento de los participantes del proceso. Por el contrario, las entrevistas han sido breves, generalizadas y poco profundas”, dice un comunicado publicado por el organismo.
Informan que como parte de la sociedad civil consideran que en el contexto que vive el país actualmente es necesario que la Corte de Cuentas de la República (CCR) sea una entidad más fuerte e independiente, razón por la que la elección tendría que realizarse con rigor suficiente para permitir una elección transparente con criterios técnicos y objetivos.
Explican que estos criterios permitirán elegir a los más idóneos y capaces para fiscalizar la Hacienda Pública y el presupuesto del Estado, “lo cual adquiere mayor trascendencia ante la crisis sanitaria que se vive a raíz de la pandemia, pues la CCR debe velar porque haya un uso cristalino, legal y eficiente de los cuantiosos recursos estatales que se destinan para proteger la salud de la población”, dice el comunicado.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explicó que hasta el momento las organizaciones no han pensado en acudir a la Sala de lo Constitucional sobre el desarrollo de la selección de los candidatos a los cargos, pero al observar que se ha dado una elección y revisar el procedimiento con el que se ha desarrollado, como organizaciones harán el análisis respectivo para evaluar si irán o no a la Sala de lo Constitucional.
“No olvidemos que, aparte de las organizaciones, también hay ciudadanos que están al tanto de lo que está ocurriendo en los procesos de elección y ellos tienen expedita la posibilidad de acudir a la Sala y de impugnar la elección”, dice Escobar.
Javier Castro, director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) manifestó, en cuanto al caso de que 27 aspirantes a los cargos de la CCR que tienen expedientes abiertos, que cada uno debe ser analizado porque pueden darse situaciones donde se dan como denuncias infundadas o casos judiciales o pendientes de investigación, pero que la Asamblea Legislativa tiene que observar que sean personas honorables porque uno de los requisitos que tiene que cumplir es el de moralidad notoria.
“Recordemos que en esta institución que se encarga de velar por el uso correcto de los fondos públicos tienen que llegar personas libres de cuestionamientos, personas independientes, personas íntegras, personas que lleguen a cuidar y a fiscalizar la ejecución de los recursos públicos y por eso se necesita que sean personas que reúnan el perfil”, opina Castro.
Añade que la Asamblea Legislativa tiene que ser muy cuidadosa con los 27 expedientes de los candidatos y analizar en qué consisten y que si son aspectos que van en contra del perfil de idoneidad y de honorabilidad estarán impedidas para optar al cargo.
Carlos Palomo, de la Organización Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), manifestó que los diputados tienen que ser transparentes en cómo han realizado la depuración del listado de candidatos, explicando las consideraciones que han hecho para elegirlos con criterios como educación, experiencia del aspirante y decir cómo han determinado qué características determinan que son mejores que otros, que según la jurisprudencia que ha sentado la Sala de lo Constitucional, los diputados están obligados a dejar por escrito dentro del expediente, la metodología que han utilizado o los criterios que utilizaron para ponderar a cada candidato.
“El llamado es a los diputados a que puedan ser más transparentes y a que puedan dar una explicación de cómo llegan a esos listados (depurados) y que al final documenten adecuadamente los procesos de elección para que resulten electos las personas más idóneas al cargo.
Los organismos también señalan que la deliberación deben de ser públicas, por lo cual la población tiene que conocer los criterios que han seguido los diputados para hacer la depuración y cómo evaluaron para llegar al listado de aspirantes de 25 candidatos a los cargos.