La comisión de Economía inició el estudio de la Ley Especial para la Administración de Sociedades con participación del Estado con el objetivo de que El Salvador se establezcan medidas de administración y fiscalización a las sociedades, grupos o conglomerados empresariales en las cuales el Estado, municipalidades o autónomas tienen participación accionaria.
La diputada Margarita Escobar, de ARENA, dijo que el compromiso de los parlamentarios es “actuar de conformidad al marco legal vigente, pero es necesario asegurar la transparencia en donde haya operación accionaria del Estado, que hoy por hoy no son sujetas de control de nadie y ese es el objetivo del presente decreto”.
El diputado Damián Alegría, del FMLN, propuso solicitar información a la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que explique porqué hasta la fecha no se ha auditado este tipo de sociedades donde el Estado, las municipalidades o las autónomas tienen acciones, ya que en donde hay inversión de fondos públicos deben realizarse una auditoría.
La ley propone la fiscalización anual, tanto en la gestión como en lo financiero, y también define que para la adquisición de bienes y servicios deberán aplicar lo regulado por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
En cuanto a la generación de dividendos, estos deberán ser transferidos, sin excepción, al presupuesto general.