El fiscal general Raúl Melara explicó este martes en la Asamblea que está esperando que la Corte de Cuentas de la República le remita el resultado de las auditorías que realiza el ente contralor a las instituciones del gobierno, entre ellas, al Ministerio de Hacienda, por el impago del Fodes a las alcaldías.
“Este es un caso que está en investigación, al momento estamos esperando que la Corte de Cuentas nos envíe el resultado de las auditorías pertinentes para poder determinar si hay elementos para realizar algún tipo de imputaciones, por hoy es un caso de investigación”, afirmó Melara tras salir de reunión con los diputados de la Comisión de Seguridad.
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Añadió que dependerá de la información que les pase la CCR que podrán determinar si “hay cometimiento de delito y si hay alguna imputación que realizar”.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, manifestó en un evento partidario electoral del partido Nuevas Ideas que posiblemente el Fodes sea transferido a las alcaldías hasta después de las elecciones del 28 de febrero.
Este martes el ministro de Hacienda trató de desvirtuar sus palabras y aseveró que estas fueron sacadas de contexto.
Melara llegó a la Asamblea citado por la comisión de Seguridad para ampliar sobre la nueva ley sobre la trata de personas.
“Hace un par de semanas presentamos un proyecto de ley de tráfico de personas, fuimos citados para ampliar en qué consiste este proceso de ley, el tráfico de personas es utilizado por personas inescrupulosas, en primer lugar, timan a las personas y después ponen en riesgo la vida de esas personas. Algunas son abandonadas en el camino por estos traficantes de personas, de narcotráfico, prostitución, de esclavitud, es importante que tengamos una herramienta legal y moderna que nos permita investigar a todas estas personas, pero sobre todo tener una ley que proteja a los inmigrantes”, señaló Melara.
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Declaratoria de pandilleros como terroristas
Sobre este tema expresó que han estado haciendo un trabajo en conjunto y coordinado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que eso les ha permitido recabar insumos para declarar a los pandilleros como terroristas.
Asimismo, una vez que se les haya iniciado un proceso judicial en Estados Unidos y venga a El Salvador la petición de extradición, Melara asegura que colaborarán con las autoridades estadounidenses y harán lo necesario para que los criminales paguen por sus delitos en Estados Unidos.
“Este es un proceso en el cual la Fiscalía inicia por petición y al final pasa por la Corte Suprema de Justicia quien avala o desaprueba la extradición del imputado para que pueda ir a otro país”, informó Melara.
Caso de exdiputado Silva
Melara aseveró que sigue en investigación el caso del exdiputado Roberto Silva, que actualmente hay 29 alcaldías que están en ese proceso por sus nexos con el exdiputado, de las cuales 15 ya fueron judicializados sus casos y las pesquisas continúan para determinar si hay otros hechos y personas relacionadas para que sean procesadas.