Que los funcionarios públicos o personas que manejan recursos del Estado puedan ser procesados penalmente cuando obstaculicen la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República, es una de las peticiones que hicieron este martes a la Asamblea los magistrados de la Corte de Cuentas de la República apoyados por Fusades, Funde, Acción Ciudadana y Tracoda.
“Una vez que un funcionario o particular que está haciendo uso de fondos públicos le niegue el acceso a la entidad físicamente o a la información tanto documental como informática, podamos seguir procedimiento con auxilio judicial ante el juez de paz de la localidad, si el funcionario se negare incurriría en ese tipo penal de obstrucción de la facultad de fiscalización de la Corte de Cuentas que tiene una pena de uno a tres años (de cárcel)”, manifestó la primera magistrada de la CCR, María del Carmen Martínez Barahona.
Antes de iniciar el proceso judicial, la Corte de Cuentas plantea conceder un plazo de cinco días hábiles improrrogables para cumplir con lo solicitado a los funcionarios públicos que se nieguen a entregar información solicitada en las auditorías.
“Vencido el plazo y no se haya atendido el requerimiento, la Corte acudirá ante el Juez de Paz de la localidad donde se encuentre la institución auditada para que ordene el acceso irrestricto y la entrega de la información solicitada”, reza la adenda propuesta. La responsabilidad administrativa se sancionará con multa.
El presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, informó a los diputados que, dentro del ámbito de fiscalización que desean ampliar se encuentra el poder realizar auditorías a toda entidad que maneje fondos públicos, sean estas públicas o privadas.
Para el caso, quedarían sujetos a fiscalización los capitales mixtos, es decir, de sociedades conformadas con recursos del Estado, por ello es que también solicitan que se reforme el artículo 7 de la Ley de Sociedades de Economías Mixtas, algo que también es propuesta de la Asamblea.
Para ampliar el ámbito de fiscalización, estarán sujetas a la fiscalización de la Corte de Cuentas todas las entidades y organismos del sector público y sus servidores, sector privado y terceros, que administren y/o ejecuten directa o indirectamente recursos de la Hacienda Pública o Municipal, así como la ejecución del Presupuesto en particular, tales como: sociedades, grupos empresariales, asociaciones comunales o municipales o de cualquier naturaleza, fundaciones, asocios públicos privados y sociedades de economía mixta y otras donde el Estado, instituciones oficiales autónomas o municipales, tengan participación de fondos públicos en su capital accionario, patrimonial o de administración.
Además, la CCR propone que se le otorgue la facultad de evaluar, calificar y aprobar a los candidatos que propongan las instituciones para las jefaturas de las unidades de auditoría interna, así como aprobar su traslado o destitución conforme al artículo 34 de la ley de la CCR.
Los diputados de la oposición se mostraron conformes con la moción de los magistrados del ente contralor y se comprometieron a agilizar su estudio para ser avaladas próximamente en el pleno.
“Es un primer paso en el cual se debe dotar de herramientas jurídicas, la reforma puntual a la Corte de Cuentas es importantísima para evitar que un funcionario venga con su matonería y evite el ingreso de los auditores a realizar las auditorías pertinentes programadas para esa institución o por denuncia ciudadana”, expresó el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN.
Mientras que el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, acotó que es urgente agilizar dichas modificaciones a la ley de la CCR para darle transparencia a los fondos de impuestos que paga la población.
“No podemos seguir con funcionarios que se les pide información y no la dan, no podemos seguir con funcionarios que llegan los auditores y les cierran las puertas”, afirmó Reyes.
Por su parte, el director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro, explicó que las propuestas representan un esfuerzo de varios meses en donde las organizaciones han trabajado de la mano con la CCR.
“Lo que se busca es dar los instrumentos para que la Corte de Cuentas pueda cumplir de mejor forma su mandato constitucional, que es de fiscalizar los recursos públicos y darles herramientas para evitar obstáculos, para evitar que hayan zonas exentas de control donde existan recursos públicos. Esperamos desde luego que se apruebe pronto y tenga un proceso de discusión en la Asamblea participativo”, expresó Castro.