La Corte de Cuentas está estrenando presidente: el magistrado Roberto Anzora comparte administración con la primera magistrada Carmen Martínez Barahona, ambos conformaron el anterior trienio, y el magistrado segundo Julio Bendek, quien proviene de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
En el contexto de la pandemia de COVID-19, las instituciones fiscalizadoras del Estado han tomado protagonismo por la alta cantidad de recursos públicos que el Gobierno está usando y por la denunciada opacidad en la rendición de cuentas de los manejos de estos dineros, como el caso de la entrega de los $300 de subsidio a las familias durante la cuarentena, la adquisición de alimentos en los centros de contención, la entrega de paquetes alimentarios y agrícolas entre otros.
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Sobre los hallazgos, trabas y estudios especiales conversaron los magistrados con El Diario de Hoy:
Estamos enmedio de una pandemia donde los Estados, en general, usan muchos recursos y en algunos casos por las leyes de emergencia hay poca rendición de cuentas. En este caso, donde confluyen estos elementos ustedes han encontrado hallazgos que ya han anunciado como el pago de comida no entregada en albergues. ¿Podemos hablar de irregularidades o podría rozar ya los ilícitos penales?
Magistrado Presidente Roberto Anzora (RA): Actualmente la Corte de Cuentas está realizando exámenes especiales a todos los fondos que están siendo invertidos para enfrentar la pandemia de COVID 19. Se han detectado algunas deficiencias, algunas irregularidades que han sido reportadas en el concepto de comunicaciones preliminares a la administración, con el objeto de ir siguiendo el debido proceso.
Los magistrados de la Corte de Cuentas abordan las auditorías que están llevando a cabo a los fondos manejados en pandemia y de posibles ilícitos penales que podrían encontrarse.
Hemos sido cuidadosos de ir siguiendo el debido proceso a estas auditorías a fin de que las administraciones se pronuncien sobre lo que se les ha comunicado y así nosotros poder obtener más información, más elementos para poder establecer, confirmar esas irregularidades que se han comunicado o incluso valorar si de estas irregularidades pudieran derivar presuntos ilícitos penales.
En caso de ser así, internamente tenemos un procedimiento para analizar, establecer y valorar objetivamente cuál es la solidez, la contundencia, toda la evidencia que nos lleva a concluir que se puede, se presume que existen ilícitos penales y así poder cumplir con el deber de comunicarlo a la Fiscalía.
Habla de irregularidades, y ya hemos escuchado de comida pagada por turismo y no servida en albergues, irregularidades sobre la entrega de los $300 durante la cuarentena. ¿Puede darnos ejemplos de posibles malos manejos?
RA: Lo que sucede en estos momentos es que nuestra responsabilidad es garantizar que estos procesos de auditoría se lleven cumpliendo las diferentes etapas que tanto la normativa legal como técnica ya demarcan.
En este sentido, la mayoría de los diez procesos de auditoría que estamos realizando, dos de ellos aún están en una etapa de planificación y los ocho restantes están en una fase de ejecución.
De estos hemos hecho estas comunicaciones preliminares. Hemos encontrado algunas deficiencias que nos están revelando los informes de los auditores, de la existencia de pagos injustificados, algunas deficiencias de control interno, algunos incumplimientos legales también dentro de los procesos que ha hecho la administración.
Así este resumen, porque no pudiera ahondar más en este momento sobre estas deficiencias que específicamente han reportado los auditores, en el sentido de que todavía estamos en la valoración de las respuestas que la administración ha proporcionado.
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Estamos por verificar si confirmamos o en algún caso se puede desvanecer o dar por satisfecho las explicaciones que la administración ha otorgado a la Corte de Cuentas.
Hemos escuchado el caso del ministro de Agricultura, quien al parecer no ha entregado la información que ustedes le han requerido. Aparte de ese caso, ¿han encontrado resistencia en otras instituciones?
Sí. Hemos tenido comunicaciones de parte del área operativa de la Corte de Cuentas, específicamente del área de auditoría, que ha habido un comportamiento en algunas instituciones de la administración que han estado limitando el acceso de nuestros auditores incluso a las instalaciones de estas instituciones.
Entonces, nos corresponde a nosotros como organismo de dirección, una vez que estos informes han sido puestos en la mesa del organismo, valorar cuáles van a ser las líneas de acción que vamos a tener para facilitar nuestra labor de auditoría.
En una primera instancia, creería que vamos a valorar el hecho de establecer alguna comunicación con los titulares y, si con ellos no es posible, tendremos que buscar otras instancias que la ley nos establece, inclusive si es necesario hasta el mismo presidente de la república para que él esté informado de lo que está pasando alrededor de su gestión presidencial y tome las decisiones que sean más convenientes y de beneficio para el país y para la administración pública.
¿La ley actualmente los faculta para llegar al fondo de una situación irregular?
Magistrada Carmen Martínez Barahona (CMB): Por ahora la Ley de la Corte de Cuentas en el artículo 8-A numeral 6 faculta a los titulares comunicar a la Fiscalía General de la República la probable existencia de algún ilícito penal que haya sido develado dentro del proceso de fiscalización. Es una obligación de los titulares hacer esas comunicaciones.
Nosotros tenemos el acceso irrestricto que la ley nos da, sin embargo necesitamos más herramientas para poder actuar de una manera más coercitiva cuando se vayan a hacer procesos de fiscalización, porque hoy por hoy no tenemos coercibilidad para poder ingresar a las instituciones auditadas.
Sí estamos planteando dentro de esta gestión proponer algún tipo de reforma que permita que la Corte de Cuentas pueda implementar o hacer uso de un auxilio judicial, pedir algún tipo de orden para poder ingresar a las unidades auditadas.
Esto tendría que pasar por una propuesta de reforma de la ley que tenemos actualmente para que se nos otorgue algún tipo de coercitividad al momento de realizar nuestros procesos de fiscalización que hoy por hoy solamente nos da la facultad del acceso irrestricto, sin embargo, necesitamos la herramienta para viabilizar ese acceso.
¿Es necesario un apoyo judicial?
(CBM): Sí porque si el funcionario no permite el acceso podemos hacer las comunicaciones pertinentes a los titulares. La Constitución faculta poder informar de estas situaciones al Presidente y a la Fiscalía. Más allá de esos aspectos no tenemos esa facultad coercitiva de ingreso o extraer la información de esas instituciones y es necesario que lo tengamos.
¿Cómo ven las reformas al reglamento la LACAP?
RA: Hemos analizado esas reformas que se han publicado recientemente. Consideramos que se disminuyen los controles que deben de existir en los procesos de compra. Para nosotros dentro del proceso de fiscalización hay un tema que es importante para que haya un control eficaz de los recursos, para que haya un control de legalidad de los procesos que se siguen en el tema de las adquisiciones y los suministros al Estado y que es el control interno.
El control interno en las instituciones es el garante de velar por la transparencia, el buen uso y la rendición de cuentas en las instituciones. Previene que haya desviaciones a la ley y que pueda haber actos de fraude o corrupción. Vemos que esta reforma no va en línea de los sistemas de control interno de las instituciones.
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Por el contrario vemos un espacio de limitar la publicidad y la competencia que es sana en el tema de los suministros y de los contratos públicos. Además que se maneja mucho la vía electrónica, hay un espacio de discrecionalidad de obtención de documentos físicos.
Eso puede entorpecer la labor de fiscalización y rendición de cuentas. La fiscalización es muy importante no solo desde el punto de vista de la entidad de control sino de la administración pública y del gobierno en general.
Quiero hacer un paralelo con la salud, en hacer la reflexión que las entidades de control son como el sistema inmunológico de un cuerpo, porque permite controlar que previene que se cometan irregularidades, actos de fraude o corrupción. Si los controles fallan, el mismo sistema puede advertir que ya se dio un acto de corrupción y pueda reportarlo.
Creemos que las reformas a los sistemas de compra o administración de recursos deben ser orientados a robustecer la transparencia y rendición de cuentas de los fondos públicos.
¿Les afecta directamente esta reforma?
RA: Consideraría que puede afectar el acceso y la disposición de la información de manera oportuna cuando los auditores hagan el examen a este tipo de operaciones.
Hay mucha información circulando en la pandemia así como fondos públicos. ¿Tienen la capacidad para fiscalizar todos estos casos?
Magistrado Julio Bendek (JB): Estamos en una situación extraordinaria: el tema COVID-19 puso al país en otro contexto.Más allá del trabajo que se hace de manera rutinaria, año por año, llevando la fiscalización, también está el uso extraordinario de los recursos y digo extraordinario porque nunca se había tenido tanto recurso o un nivel de manejo de recursos a niveles tan alto.
La institución está trabajando a través de los equipos de auditoría, son siete equipos con el tema COVID-19 más allá del trabajo paralelo que se tiene de los ejercicios anteriores, pues recordemos que tenemos cinco años para las auditorías .
Paralelamente, el tema COVID-19 es importante. Considero que el análisis que se debe de hacer más allá de una percepción debe de haber números, no son números alegres o números tristes, solo pueden ser exactos o inexactos.
En la medida que tengamos claro como organismo colegiado los tiempos, el número de personas que se necesitan para tener una auditoría que cumpla con los estándares técnicos podemos ver si necesitamos esta cantidad de recursos.A manera preliminar puedo asegurar que los recursos son limitados.
El tema de COVID-19 a ninguna institución en ninguna parte del mundo lo encontró preparado. También entran las aristas de los niveles de bioseguridad, o sea si necesitamos más recursos pero estamos analizando números exactos.
¿Cómo les afectó la pandemia a su trabajo?
(JB): En ambas vías, primero el temor natural a no ser contagiado. Es una enfermedad muy difícil de manejar. Eso nos planteó un desafío con los equipos de bioseguridad para el personal de auditoría.
Y obviamente al momento de recurrir o solicitar informes existen algún tipo de señalamientos diciendo que estas personas que están encargadas de esto están en un grupo de vulnerabilidad o tenemos personal enfermo, esto va retrasando.
Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido de evitar que eso se vuelva un pretexto. Es cierto, habrá casos donde sí hay una causa justificada.
Tampoco podemos asumir que siempre el COVID-19 será justificación para no obtener oportunamente la información.
¿Para cuando habrá auditorías definitivas sobre la pandemia?
Consideramos que de acuerdo a los tiempos que se han programado en cada uno de los procesos estamos a una etapa de la fase de cierre de la ejecución y entramos a la fase de informe.
Consideraría que a finales de este mes o la primera semana de octubre podría ser un tiempo de llegar a los informes definitivos.
Sin embargo, no son fechas exactas, eso depende también de algunas dinámicas de la información que se proporcione para valorar o que no haya acceso a alguna información. Los tiempos que están planificados pueden indicarnos que los informes finales puedan salir en esas fechas.
¿Algún mensaje final en el inicio de esta nueva gestión de la Corte de Cuentas?
RA: Decir que esta administración tiene como propósito trabajar porque la Corte de Cuentas, que tiene una misión constitucional tan importante como es controlar el uso de los fondos públicos, haga una labor que se caracterice por su función independiente.
Esa es una característica inherente a cualquier entidad superior fiscalizadora y aspiramos a que la Corte de Cuentas haga de su sello esa característica de independencia.
Por supuesto que también tenemos otros retos como el profesionalizar nuestra labor de tener una entidad que su trabajo lo haga con una base técnica sólida y que en resumen esto sea una base que dé a la población a que le inspire confianza en el trabajo que realizamos.
También deseo decirle a la ciudadanía que nos ayude en estas tareas de fiscalización. Si bien es cierto las instituciones de control estamos creadas desde la institución para esto, pero la contraloría ciudadana es importante.
La participación de los medios de comunicación también es importante. Por eso queremos poner a disposición los mecanismo o los medios que en la Corte de Cuentas tenemos para que la ciudadanía denuncie y nos dé la información que tenga a su mano para poder darle seguimiento en nuestras labores.
Tenemos una App que se llama Denuncia Ciudadana Corte de Cuentas donde se puede accesar muy fácil o también tenemos un apartado en nuestra página web donde dice Denuncia Ciudadana donde los ciudadanos también pueden dejarnos ahí la información que consideren importante.