"Además de evidenciar una red de corrupción plena y pacíficamente integrada en la estructura gubernamental, me parece que lo más importante es que la investigación confirma un patrón: este gobierno ha buscado y continuará buscando impunidad de toda la corrupción que parece alcanzar los círculos de poder más cercanos a Bukele".
Así reaccionó el presidente de la Fundación DTJ, José Marinero, al conocer la investigación del periódico digital El Faro en la que, entre otras cosas, se reveló que el Gobierno de Nayib Bukele utilizó miles de paquetes de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) para beneficiar al partido Nuevas Ideas durante las elecciones municipales y legislativas pasadas. Esto se conoció tras seis meses de escuchas telefónicas por parte de la anterior Fiscalía General de la República (FGR).
De hecho, fueron las investigaciones de la anterior fiscalía las que delataron que el alcalde de San Salvador, Mario Durán, participó en una trama para desviar paquetes de alimentos para los afectados de la pandemia hacia su campaña, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, según lo expuso El Faro.
Al respecto, Marinero señaló que el descabezamiento de la Sala de lo Constitucional, la captura del resto del poder judicial, la imposición de un fiscal del régimen, el desmantelamiento de la institucionalidad de transparencia y la expulsión de la CICIES hacen en este momento casi imposible que los actos de redes de corrupción, como las descritas en la investigación, se puedan investigar, judicializar y menos sancionar.
"No es casual que el fiscal del régimen calle sobre estos hechos y ciertamente no es casual que haya sido impuesto una semana después de que el fiscal anterior conociera los hallazgos más importantes del Grupo Especial Antimafia", enfatizó.
Los fiscales que investigaban la corrupción del Gobierno de Bukele calificaron al PES como un “proyecto de acumulación de poder con finalidad política partidaria” y determinaron que la campaña del ahora alcalde de San Salvador, Mario Durán, fue uno de los casos insignias del abuso de recursos estatales con fines electorales.
Marinero consideró que la investigación confirma con datos lo que se conocía de otras formas: "el gobierno utilizó toda la maquinaria del Estado para favorecer a sus candidatos".
"Estoy seguro que aún no hemos visto el final de esta historia y seguramente en el futuro se conocerán otros datos de cómo los resultados de las elecciones del 2021 habrían sido distintos si el bukelismo hubiera competido limpiamente", advirtió.
Añadió: "Al final resulta que los que gritaban histéricamente fraude, en realidad lo estaban cometiendo en nuestras narices y utilizando los recursos de todos los salvadoreños".
Deben renunciar a sus cargos
En ese mismo sentido, opinó el presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz. "Creo que como mínimo, las personas que han sido identificadas en esta investigación deberían renunciar en este momento a sus cargos y sujetarse a las investigaciones correspondientes", manifestó.
Hizo un enfático llamado a la FGR para que no vaya a archivar esas investigaciones que ya se habían adelantado y que proceda a judicializar. "Que sea en los tribunales judiciales que estas personas puedan defenderse y argumentar qué es lo que sucedió en torno a estas irregularidades que aparecen en la investigación", manifestó.
Además, destacó la importancia de que el partido Nuevas Ideas y los funcionarios actuales exijan investigaciones al respecto. "Es importante hacer una exigencia al partido de gobierno, a los funcionarios actuales que día con día manifiestan su intención de combatir frontalmente la corrupción sin importar de dónde es que ésta proceda", opinó.
"Aquí estamos viendo un caso más de corrupción en las entrañas de su propio partido, en las entrañas de su propio gobierno y es importante que no solo se desmarquen de esas actuaciones, sino que con todo el énfasis que hemos visto en otros casos, ellos también exijan las investigaciones correspondientes", planteó Sáenz.
¿Porqué el ex fiscal Raúl Melara nunca actuó?
Una fuente de El Diario de Hoy, que prefirió el anonimato, consideró que en apariencia, la FGR tuvo los indicios suficientes para proceder contra varios de los involucrados. Destacó que la intervención telefónica, sin duda, jugó un importante papel y serían pruebas demoledoras en un juicio imparcial.
"Sí un juez autorizó la intervención, significa que habían elementos de juicio suficientes del cometimiento de un delito. Queda la duda del porqué el ex fiscal Raúl Melara nunca actuó", subrayó.
Recordó que las organizaciones de sociedad civil señalaron que el PES debía tener mínimos técnicos, así como una metodología que garantizara transparencia en su ejecución.
"La falta de criterios, metodología e información pública, sin duda son un problema a la hora de ejecutar cualquier programa social y deriva en cualquier parte del mundo, en un posibles actos de corrupción", apuntó.
Los fiscales del Grupo Especial Antimafia, desmantelado por la actual administración, consideraron que el PES era un programa sin manuales, sin aclarar cuáles eran las instituciones participantes y sin documentos que detallaran cómo se ejecutaba.
La conclusión de tal investigación está consignada en documentos de “Catedral”, un expediente fiscal que tenía tres líneas de investigación: la corrupción en la Dirección General de Centros Penales, a cargo de Osiris Luna; la negociación del Gobierno con las tres principales pandillas del país, a cargo del director de Tejido Social, Carlos Marroquín; y la compra y distribución de paquetes del PES.
La publicación de El Faro incluyó documentos de la segunda presentación que el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CITE) de la Fiscalía elaboró para la investigación Catedral. Los archivos resumen cómo Mario Durán, en aquel entonces candidato a alcalde de la comuna capitalina, utilizó paquetes alimenticios del Ministerio de Gobernación, para entregarlos a sus posibles votantes de San Salvador.
También se detalla cómo una comitiva de funcionarios de diferentes instituciones del Gobierno de Bukele se organizaron para ayudar a repartir alimentos a su favor.
Entre los funcionarios públicos que fueron mencionados en la investigación se encuentra el ministro de Trabajo, Rolando Castro; Osiris Luna Meza, director de Centros Penales y el exviceministro de Gobernación, Agustín Salvador Hernández Ventura Chacón.