En la investigación contra diez exfuncionarios del partido FMLN durante el período presidencial de Mauricio Funes, la Fiscalía General de la República ha echado mano de dos testigos de los llamados “criteriados” para apuntalar la acusación.
Así lo confirmó una fiscal del caso el pasado martes antes de que iniciara la audiencia contra Violeta Menjívar, Carlos Cáceres, Erlinda Hándal, Calixto Mejía y Hugo Flores Hidalgo, a quienes la Fiscalía acusa de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con abogados del caso que pidieron no mencionar sus nombres, en ese proceso judicial la Fiscalía está usando a uno de los “criteriados” (imputado que recibe beneficios penales por colaborar) que ha presentado como tal en otro proceso que actualmente se ventila en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.
“El espíritu del criterio de oportunidad es que este se le debe dar a un delincuente de menor rango que señale a imputados o sospechosos con más responsabilidad, y aquí, en este caso, el criteriado es el autor principal, el que manejaba el dinero”, dijo un abogado que prefirió no ser identificado.
“Consideramos que no es correcto que el mismo testigo que han ocupado en un proceso que está en el (Juzgado) Séptimo de Instrucción, es el mismo que están usando aquí o en otro proceso”, afirmó otro de los abogados consultados.
Así también señalaron que el juzgado no tomó en cuenta las inconsistencias en la investigación que plantearon, como por ejemplo, en el delito de enriquecimiento ilícito porque hay casos (como el del expresidente Salvador Sánchez Cerén y el exministro de Trabajo Calixto Mejía) en los que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no hay tal enriquecimiento.
“Cuando la Corte en pleno determina que hay indicios de enriquecimiento ilícito en un funcionario, ella misma certifica a la Fiscalía para que investigue, pero este no es el caso”, afirmó un defensor.
Sometidos a escarnio
En el proceso judicial contra los diez exfuncionarios hay 14 abogados particulares y uno de oficio, algunos de los cuales criticaron que a los imputados que ya guardan prisión preventiva se les haya hecho vídeos y fotografías y que estas hayan sido expuestas en redes sociales por las mismas instituciones que están obligadas a resguardar los derechos de los detenidos.
“Eso es delicado porque los han expuesto al escarnio público. Tienen derechos y en este caso les fueron violentados”, afirmó uno de los abogados que también dijo que espera que el Relator de las Naciones Unidas para vigilar los derechos de los reos haya tomado nota de esas acciones gubernamentales y se pronuncie.
“Parecía que hasta los uniformes les tenían ya a la medida”, dijo otro abogado que coincidió con otros de sus colegas en hablar a condición del anonimato. Este mismo profesional dijo que hay familias de algunos exfuncionarios que están valorando denunciar el caso ante las Naciones Unidas.