El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, suspendió esta mañana el juicio contra el exfiscal general, Luis Antonio Martínez, el exfiscal Julio Adalberto Arriaza y el abogado Héctor Francisco Grimaldi; y lo reprogramó para el 21 de septiembre próximo, según la oficina de comunicaciones del centro judicial Isidro Menéndez.
El referido tribunal decidió suspender la vista pública, porque los fiscales del caso no presentaron el listado de los testigos que deben de declarar cada día en el juicio, el cual se estima que pueda durar un mes, según la referida oficina.
Sin embargo, la Fiscalía General desmintió la información anterior de que no han presentado el listado de los testigos. Aseguró que se suspendió la vista pública “debido a que no envió copia de documentación al penal donde están dos de los tres acusados. Los testigos de la FGR fueron ofrecidos oportunamente”, señala el Ministerio Público en un comunicado.
Otras de las causas de la suspensión es que en la audiencia especial para definir las pruebas, Martínez y Arriaza pidieron al referido tribunal que les proporcionara el requerimiento fiscal para poder ejercer su defensa material y técnica, ya que por su calidad de abogados pueden ejercerla de manera simultánea.
En el acta de suspensión del juicio, el referido tribunal señala que debido a la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, la oficina de citaciones y mensajería del centro judicial es que no se ha podido llevar documentos al penal La Esperanza en Mariona. “Motivo por el cual, no se ha podido hacer llegar la documentación referida anteriormente a los imputados”, se señala en el acta.
Sin embargo, no ha sido posible enviárselos por falta de medios, aún cuando el tribunal había elaborado el oficio para que se los llevaran al día siguiente de la audiencia.
El tribunal previene a los fiscales y a los defensores de los imputados de la responsabilidad que tienen de hacer comparecer a los testigos ofertados y admitidos, para que rindan sus declaraciones en la vista pública. Les recuerda que están obligados a presentarlos al juicio con su debida identificación.
Fiscalía acusa a Martínez y a Arriaza de haber formado una red de corrupción en el ente fiscal y en el Órgano Judicial, para afectar a tres víctimas que fueron acusadas con prueba falsa, en un intento por favorecer a Enrique Rais, quien es prófugo de la justicia.
En ese sentido, Martínez enfrenta cargos por omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial; mientras que Arriaza, por actos arbitrarios. Ellos dos se encuentran recluidos en el centro penal La Esperanza conocido como Mariona.
El abogado Grimaldi es acusado de fraude procesal. En el proceso también era imputado el abogado Luis Peña, pero fue exonerado de los cargos debido a que falleció en diciembre del año pasado.
En diciembre de 2018, el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal Martínez a cinco años de prisión por haber revelado audios reservados que fueron captados por el Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía en contra del sacerdote Antonio Rodríguez.
Martínez, tiene otro proceso penal conocido como “Caso Corruptela”, en el que enfrenta 15 delitos, entre ellos lavado de dinero, peculado, negociaciones ilícitas, cohecho, falsedad documental y omisión en la investigación.
Las investigaciones fiscales apuntan a que Martínez recibió $1.5 millones para no investigar a expresidente prófugo, Mauricio Funes, en los casos de la presa El Chaparral y en la tregua entre las pandillas.