El Juzgado Décimo Tercero de Paz ordenó los allanamientos de 22 dependencias, locales, oficinas públicas y empresas vinculadas con las compras y ventas de insumos o productos utilizados en la emergencia de la pandemia del COVID-19, confirmaron fuentes judiciales.
“Se autoriza a efectuar el secuestro de los objetos relacionados con los ilícitos de negociaciones ilícitas; así como la localización de otros objetos provenientes de y otros ilícitos penales o más indicios que ayuden en el esclarecimiento de la investigación, o que tengan relación con otros delitos; así como aquellos que por su naturaleza sean objeto de secuestro”, señala la resolución judicial.
En otra resolución del 10 de noviembre pasado, el juzgado Décimo Tercero de Paz autoriza a los fiscales el acceso a los servidores del Ministerio de Salud Pública y de la UACI de la referida institución con el fin de extraer información de las órdenes de compra.
A lo anterior se suma la autorización a los fiscales para acceder a los correos electrónicos del ministro de Salud, Francisco Alabí, Ana del Carmen Orellana Bendek, y de otras 32 empleados del referido ministerio.
También, el juzgado avaló otra prórroga a la vigencia del allanamiento en el referido ministerio hasta mañana con el propósito de extraer las bases de datos relacionados a las supuestas compras amañadas.
La unidad anticorrupción de la Fiscalía General investiga 17 casos relacionados a supuestas compras amañadas de insumos y productos médicos por parte de instituciones del gobierno en la emergencia de la pandemia del COVID-19. En uno de los casos hay compras de hasta $12 millones, en las que se han encontrado irregularidades.
Los fiscales aseguraron ayer tarde en conferencia de prensa que las investigaciones comenzaron con tres avisos interpuestos por la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIES) en los que se advierte de posibles negociaciones ilícitas en las referidas compras.
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La petición de los allanamientos fue hecha el pasado fin de semana por la Fiscalía General a la oficina distribuidora de procesos y fue esta dependencia la que decidió que el juzgado Décimo Tercero de Paz estudiara si procedía o no la petición fiscal.
El referido juzgado verificó que la solicitud había sido presentada de “legal forma” y autorizó una sola orden de allanamiento, pero para las 22 dependencias estatales y empresas privadas, explicaron las fuentes.
La investigación fiscal es por el delito de negociaciones ilícitas por compras realizadas por ministerios e instituciones públicas a empresas como Insema, Idecafez, Trade Winds, Reto Recicla, Javi Performance Parts, Sygm Asesores, Grupo GME Inversiones; entre otras.
Para justificar la petición de los allanamientos, Fiscalía presentó al referido juzgado “los avisos de irregularidades emitidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) , la falta de formalidades y la falta de cláusulas en los contratos tanto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como el resto de contratos que se han tenido a la vista, así como el resto de diligencias presentadas constituyen indicios suficientes para sobre la base de lo expuesto acreditar el allanamiento solictado”.
En la resolución, el tribunal advierte a los propietarios o responsable de dichos inmuebles a registrar que “si no permiten el ingreso voluntario de las personas que practiquen el registro, este tribunal autoriza se practique el registro mediante el allanamiento de morada, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del Código Procesal Penal”.
El martes pasado, funcionarios y miembros de la seguridad del Ministerio de Salud Pública intentaron bloquear el ingreso de los fiscales que hacían el allanamiento desde el lunes pasado. Posteriormente se unieron policías que exigieron a los fiscales que andaban armados que les entregaran sus pistolas, supuestamente para verificar la legalidad de las mismas.
Agregaron que la orden estará vigente hasta que la Fiscalía General considere que han encontrado la documentación o el equipo electrónico que reforzarán las investigaciones, según fuentes judiciales.
Si la Fiscalía General considera oportuno que es necesario allanar otras oficinas que no están contempladas en esta primera petición, entonces tendrá que solicitar una nueva orden de registro.
Fuentes fiscales aseguraron que los allanamientos continúan en algunas dependencias estatales, sin dar mayores detalles.