El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), señaló que el Estado salvadoreño ha violado en reiteradas ocasiones la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
"Desde el 1 de mayo, con la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional, fiscal general y con la promulgación de leyes exprés como la "Ley Alabí" el Estado salvadoreño ha violado reiteradamente la Convención de las ONU, contra la Corrupción", escribió el coordinador de Alac, Wilson Sandoval, en Twitter.
Wilson Sandoval destacó que "la convención es de obligatorio cumplimiento para el Estado salvadoreño, es decir, debería ser un marco base para cualquier decisión, ley o política que se pueda tomar desde el gobierno, especialmente desde el Ejecutivo, que tenga que ver con el ámbito del combate a la corrupción y transparencia".
Y en ese sentido recordó que el Convenio era un punto de partida desde el cual se venía trabajando para que el país avanzara en términos de corrupción desde cuando se dio su ratificación por la Asamblea.
Sandoval indicó que con el incumplimiento de lo establecido en la Convención, quienes pierden son los salvadoreños porque esta busca brindar una mejor calidad de vida para la ciudadanía.
Alac expuso que la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general de la República violentó el artículo 5 y 11 de la Convención debido a que se dio una ruptura inconstitucional por violación a la independencia judicial y del Ministerio público.
Además, indicó que la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de Salud Pública ocasionadas por la pandemia COVID- 19, mejor conocida como "Ley Alabí", incumple los artículos 26 y 35 de la convención, en el sentido que facilita la inmunidad administrativa, civil, penal y extracontractual de responsabilidad por compras públicas durante la pandemia.
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En el artículo 9 de la Convención, se establece que es obligación realizar las contrataciones públicas por concurso, sin embargo la "Ley Alabí" permite la contratación directa como regla general.
Por otra parte, Alac destacó que la convención reconoce la participación de la sociedad civil en el artículo 13, pero que este se ha infringido al archivar expedientes legislativos y con la exclusión de sectores sociales en la administración de entes autónomos.
El Salvador forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tras haberla ratificada por medio de Decreto Legislativo el 25 de junio del 2014.