La Fiscalía General investiga varias denuncias de “supuestas violaciones a derechos fundamentales” de personas en el municipio del Puerto de La Libertad, el cual se encuentra acordonado por la Policía y la Fuerza Armada, después de que circularan videos en redes sociales en los que se observa a pobladores, supuestamente de ese municipio, que no acataban la cuarentena domiciliar obligatoria.
Advierte el ente fiscal que “si se encontrase indicios de delito, se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley”, según un comunicado emitido por la entidad.
También las indagaciones se extienden a verificar los avisos de personas que cumplen la cuarentena controlada en centros de contención y que se sienten afectadas en sus derechos constitucionales.
“A cada funcionario público, a respetar el sistema democrático, el Estado de Derecho y sobretodo, los derechos fundamentales de cada salvadoreño. El respeto a la Constitución de la República debe de ser irrestricto”, señala el comunicado. La Fiscalía no detalla cuántas son las denuncias que investiga.
Además pide a la población a respetar las indicaciones formuladas por las autoridades para evitar la propagación de la pandemia.
En varios de estos centros, decenas de personas están denunciando que llevan más de los 30 días por los que se les llevó a cuarentena; que se les ha suministrado pruebas sin dar a conocer los resultados; que los trasladan sin explicación de centros; que los tienen sin alimentación, medicamento o agua potable; y otras circunstancias que violan su integridad física y su salud.Además, denuncian privación de libertad.
Con respecto al sitio de La Libertad, el presidente ordenó que todas las personas del municipio se mantuvieran dentro de sus casas, sin poder salir siquiera a adquirir medicamentos o alimentos, y ha suspendido mediante un tuit las excepciones a la cuarentena domiciliar del Decreto 19.
Esto ha sido señalado por numerosos abogados como un exceso de autoridad, además de justificar que esa red social no provee el sustento legal para una orden de esta magnitud. Durante la madrugada, se observó una fuerte presencia militar en el municipio portuario.
Al respecto, la Sala de lo Constitucional ha advertido consecuencias individuales a los funcionarios que ordenen, consientan o ejecuten órdenes que atenten contra derechos fundamentales, y ha advertido que el principio de obediencia debida (alegar que se cumplía órdenes) no aplica para eximirse de un castigo administrativo o penal.