José Miguel Fortín Magaña acudió este miércoles a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la exigencia de la prueba del COVID-19 a los salvadoreños que vienen del extranjero.
Fortín Magaña aseguró que el gobierno violentaría el derecho que tienen los salvadoreños de ingresar libremente al país.
Sostuvo que la mayoría de salvadoreños que ingresan por las fronteras terrestres son comerciantes que hacen negocios en los países cercanos y no tienen el dinero para pagar el examen en otro país.
Asegura que el examen PCR no tiene mayor credibilidad de ser certero para confirmar si es positivo o no de COVID-19. En ese sentido, Fortín Magaña pide a la Sala de lo Constitucional que ordene la suspensión de la exigencia de la prueba, mientras no exista una sentencia definitiva de la demanda.
Francisco Bertrand Galindo, abogado constitucionalista, aseguró que el artículo 5 de la Constitución garantiza el derecho de permanencia en el territorio de todo ciudadano, por tanto, “a los salvadoreños que vengan al país los tienen que dejar entrar con prueba de covid o sin ella”, señaló.
“Los tiene que recibir, porque no hay Estado de Excepción. Por tanto, no se les puede pedir la prueba obligatoriamente para que entren al país, para que salgan o que suban al avión”, subrayó.
Respecto al tema, esta semana Francisco Alabí, ministro de salud, aseguró que solicitar la prueba es una medida de prevención para evitar nuevos contagios de COVID-19.
El funcionario explicó que a los comerciantes o conductores de camiones de carga no se les exigiría la prueba, pero sí serían sometidos a un control sanitario diferente. También informó que se ha determinado un número de pruebas para hacerla a los salvadoreños que ingresen al país, pero las personas tendrían que estar en “observación sanitaria” mientras se tengan los resultados.