Bukele sigue desafiando fallo de la Sala de lo Constitucional y apelando a detenciones ilegales de infractores de cuarentena

Diputados aprobaron una ley para salvaguardar los derechos de los ciudadanos durante el periodo de crisis, Bukele aseguró que la vetará.

AutorFoto EDH / Archivo / Foto Por Referencia

Por Ricardo Avelar

Abr 17, 2020- 08:58

Durante la madrugada de hoy, tras aprobar la extensión al decreto de Emergencia Nacional por 15 días, la Asamblea abrió una nueva discusión y con 60 votos aprobó una ley para salvaguardar los derechos de los ciudadanos durante el periodo de crisis.

Esto para cumplir con el mandato de la Sala de lo Constitucional de blindar a la población ante abusos de autoridad, como detenciones fuera de la ley o decomisos irregulares de vehículos.

El presidente de la República, Nayib Bukele, adelantó en la madrugada que vetará estas iniciativas, pues a su juicio “quitaría facultades para luchar contra la pandemia”. Esto, a pesar de que tanto la Sala como los diputados han sostenido que la cuarentena obligatoria se mantiene y llaman a la población a mantenerse en casa.

El mandatario también recalcó en redes sociales que su polémico Decreto 19 se mantiene en su totalidad. Este expresa que al que incumpla la cuarentena se le enviará a un centro de contención y mantiene viva la provisión de decomisar los vehículos de los presuntos infractores. Bukele lo sigue defendiendo pese al fallo de la Sala.

Este desafío le ha ganado al presidente una amplia condena de diferentes actores de mucho peso a nivel local e internacional. En El Salvador, decenas de organizaciones de sociedad civil de diferentes formas de pensar se han pronunciado en contra de su desconocimiento al balance de poder. El mismo fiscal general de la República, Raúl Melara, recordó ayer que las sentencias son de estricto cumplimiento.

Fuera del país, las críticas también llegaron al mandatario. La misión de Naciones Unidas en El Salvador llamó a respetar los frenos y contrapesos; tres importantes legisladores estadounidenses, clave en la asignación de fondos de cooperación, emplazaron al mandatario por ignorar el balance de poder; Human Rights Watch denunció el desacato y solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) tomar acciones; y solo un día antes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) colocó a Bukele en la penosa lista de líderes que entorpecen el acceso a la prensa en tiempos de crisis.

Bukele no solo se mantiene en desafío a una orden judicial de estricto cumplimiento, sino que va más allá y acusa a estos magistrados de ordenarle dejar morir a gente, cuando estos están dejando en firme las cuarentenas decretadas por el Ejecutivo, pero recordando que ninguna medida puede darse fuera de la legalidad y en oposición al mandato constitucional.

Esto es particularmente importante cuando la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos certifica que en solo 24 días de cuarentena domiciliar obligatoria registró 471 denuncias de abusos de poder. De estas, más de un centenar tuvo que ver con retenciones ilegales y exceso de fuerza.

Los casos más llamativos son los del joven que fue baleado en San Julián y el de un anciano que fue golpeado, por los cuales incluso se ha pronunciado la Fiscalía. Pero los abusos han sucedido en más puntos del país y con la retórica del mandatario, diversas voces advierten que se empodera a la Policía y las Fuerzas Armadas a actuar como si no hubiese límites.

Esto, sin embargo, puede traer consecuencias para quienes ordenen, supervisen y ejecuten estas órdenes excesivas. La Sala de lo Constitucional ha recordado que estos abusos pueden provocar sanciones penales y administrativas individuales y que no puede alegarse “obediencia debida” (es decir, que se estaba cumpliendo órdenes) para eximirse de un castigo.

El tribunal constitucional máximo ha recordado que ningún decreto o ley secundaria puede contravenir lo que ordena la Constitución.

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Las diferentes bancadas habían acordado un nuevo dictamen que incluía protocolos para manejar detenciones según ordenó la Sala, pero la “presión” del presidente los hizo retroceder y solo renovaron el decreto original por 15 días.

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