OPINIÓN: Los recursos y los derechos en la pandemia

Por Manuel Hinds

Abr 11, 2020- 16:50

La agresividad de los mensajes presidenciales contra la gente que ha salido de su casa por razones que un vigilante no cree importantes es alarmante en su tono y su contenido. Este tweet es sólo un ejemplo de muchos:
“Si usted viola la cuarentena, será retenido por las autoridades y el Ministerio de Salud ordenará su ingreso en un Centro de Cuarentena, por ser un potencial foco de infección. Ahí pasará 30 días, o hasta que las autoridades de salud puedan comprobar que usted no porta el virus. Esto último podría tardar mucho tiempo, ya que usted no será prioridad en los tests”.

Esta agresividad no puede justificarse como una manifestación de la preocupación del gobierno por la salud de los ciudadanos porque el Presidente mismo saca a la calle a 100 mil personas diarias a cobrar el subsidio de $300 en los bancos, con lo que anula el supuesto propósito de no permitir excepciones a la cuarentena. Hay gente que, fuera de toda lógica, dice que esto no hay que tomarlo en cuenta porque no puede evitarse usar este método para repartir el dinero, alegando que no hay otra manera de repartirlo. Es fuera de toda lógica porque, por la razón que sea, una vez que por 15 días se permiten las aglomeraciones causadas por 100,000 personas visitando los bancos no puede decirse que hay una cuarentena. La cuarentena se define por el hecho que la gente no salga a reunirse en grandes grupos, no por el motivo por el cual lo hacen o porque el gobierno las permite o no. El virus no reacciona a dichos motivos—atacar en reuniones de miles de personas para ver una partida de fútbol o para trabajar, pero no atacar porque han salido por orden del Presidente. Es ilógica también la idea que los 20,000 que se reunieron en los CENADE en un día eran ocasión de contagio pero no los 100,000 que se reúnen cada día a cobrar sus $300 en los bancos. También es falsa la idea de que no había otras maneras de distribuir el dinero o, mejor aún, paquetes de bienes esenciales. Se puede hacer, casa por casa, como se ha hecho ya en las zonas más pobres del país. Puede hacerse en el país entero.

Tampoco puede decirse que mandar a un centro de contención a cualquier persona que ande en la calle es eficiente en el tratamiento de la crisis. Al contrario. Es lo más ineficiente que hay porque desperdicia los recursos escasos que tiene el gobierno para identificar y tratar a las personas que no se sabe si han adquirido o no el virus. El virus no se transmite por el aire, excepto entre personas que están a menos de metro y medio. Personas caminando en la calle, solas, o en un carro, o en una motocicleta, o en pequeños grupos con los que viven, o con otros respetando el metro y medio, no se encuentran en peligro de contagio, como sí lo están las multitudes aglomeradas en los bancos y en las colas y en los buses que los llevan a ellos. Además, llevar a estas personas a lugares de contención no sólo es imposible (porque no hay donde meterlos) sino absurdo. El gobierno debe concentrar sus recursos en tratar a los que están no sólo contagiados sino además con síntomas graves que los ponen en peligro de muerte.

Es por esto que en las redes sociales y los medios de todos los países que están pasando por los momentos culminantes de la COVID-19 se encuentran los llamados desesperado de los médicos pidiendo a la gente a que no llenen las instituciones de atención gubernamental con personas que no tienen necesidad grave de atención hospitalaria, ya que cualquier atención que el personal médico presta a estas personas se la están robando a los que realmente la necesitan. Estos llamados siempre arguyen lo obvio: que los hospitales y otras instalaciones gubernamentales no pueden atender a gente que tiene síntomas leves porque los equipos humanos, mecánicos y farmacológicos alcanzan sólo para los que están graves.

Hay otra razón que vuelve injustificable enviar la gente hallada violando la cuarentena a estos centros. Hasta el gobierno acepta la alta probabilidad de que allí los que no están contagiados se contagien. Los equipos gubernamentales mezclan gente contagiada con gente no contagiada con gente que no se sabe, creando el ambiente ideal para una contaminación general. Además, como ya se ha comprobado con muertes que hubieran sido evitables, las personas que entran a estos centros están totalmente desatendidas.

De esta forma, los centros de contención del gobierno se están convirtiendo en centros penales que tienen una excusa sanitaria para meter gente en ellos sin debido proceso —algo muy semejante a los manicomios en la Unión Soviética, lugares adonde el gobierno amenazaba con mandar a cualquiera que hiciera una critica al gobierno. La pena de llevar a una persona sin COVID-19 o con él a uno de estos lugares bien podría ser la muerte, o una prisión indeterminadamente larga, como dice el tweet citado arriba.

Todo esto indica que los criterios que deben seguirse para determinar si una persona ha violado la cuarentena y si lo ha hecho de maneras que ponen en peligro la salud pública no pueden ser dictados por una sola persona y mucho menos como si fueran castigos en vez de medidas preventivas. Tienen que ser dictados en una ley discutida y aprobada por la Asamblea Legislativa —tal y como lo ha mandado la Sala de lo Constitucional. Estas consideraciones también muestran el peligro de que los procesos que se siguen en estos casos sean abusados por las autoridades, o que lleven a negligencias criminales que ya han resultado en muertes, como sucedió en el triste caso del señor que regresaba sano de Panamá, o en graves sufrimientos en muchos otros agarrados en las calles o en las fronteras. Esta ley debe estar enmarcada en el principio de que la suspensión del derecho al libre tránsito y de libre reunión no anula todos los otros derechos fundamentales de los salvadoreños sino los mantiene incólumes.

El tema es tan grave que la Sala de lo Constitucional emitió una advertencia de que todos los involucrados en violaciones de estos derechos estarán sujetos a persecución legal, ahora o después, y aclaró que el actuar sin autorización de la Asamblea invalida la obediencia debida en las líneas de comando, de modo que, como se estableció en los Tribunales de Núremberg, el cometer estos abusos no puede justificarse diciendo que “tuve que hacerlo porque me lo ordenaron”. Todo esto también muestra que las políticas de mano dura, de “aquí mando yo”, no son las más adecuadas para manejar emergencias. No llevan a eficiencia en el manejo de éstas, sino a grandes desperdicios, negligencias, y abusos de poder en toda la cadena de mando porque el objetivo muta de ayudar al pueblo en su crisis a aumentar el poder de facto de una persona o un grupo.

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