Los magistrados de Cámaras y jueces del país demandaron del presidente Nayib Bukele que acate las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que reiteran la prohibición de las detenciones arbitrarias con el argumento de llevar a las personas a un centro de contención y además que no sean decomisados los vehículos u otros bienes.
“Al Presidente de la República y demás autoridades gubernamentales, acatar de forma inmediata las decisiones judiciales, especialmente las emitidas por la Sala de lo Constitucional”, señalan los juzgadores en un comunicado.
“¿La @SalaCnalSV delega al procurador inconstitucional para que tutele la cuarentena y trata de quitarnos todas las facultades para hacerla cumplir? El chiste se cuenta solo. Ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño”, escribió Bukele en su cuenta de twitter en un claro desafío al último fallo de la Sala que reiteró la prohibición de detener de manera arbitraria a una persona que incumple con la cuarentena domiciliar obligatoria.
Los jueces recordaron que “el Presidente de la República, aun cuando sea el principal funcionario de elección popular, también está obligado a acatar las decisiones judiciales”.
En ese sentido, los juzgadores aseguran que “no puede argüirse la pandemia mundial para negarse a cumplir las decisiones judiciales y ante las transgresiones constitucionales y legales incurridas en el ramo de Salud, debe tenerse presente que el control de Constitucionalidad es el último mecanismo de corrección ante cualquier violación de Derechos Fundamentales, incluyendo a las personas contagiadas de COVID-19”.
Expresaron su preocupación por la “reiterada inobservancia de las normas que rigen la Independencia Judicial por parte del Presidente de la República”.
Consideran los magistrados y jueces que las conductas manifestadas por el mandatario reflejan una clara “desobediencia que derivan en el desacato a las decisiones de la Sala de Constitucional”.
En ese sentido, el gremio de juzgadores recordó que la Sala de lo Constitucional “es la máxima autoridad para la interpretación y aplicación del sistema jurídico”, por lo que “las resoluciones de dicho Tribunal deben ser acatadas por todos los ciudadanos, funcionarios y autoridades”.
Demandan del fiscal general, Raúl Melara, que cumpla con “su rol de garante de la legalidad y en caso de hechos delictivos que se puedan cometer, ejerza las acciones legales pertinentes”.
Al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, le recomiendan que “a partir de su rol constitucional vigile, controle y supervise el cumplimiento de la decisión judicial adoptada por la Sala de lo Constitucional”.
También hacen un llamado a los policías y militares, funcionarios u otras autoridades que abstengan de “obedecer órdenes inconstitucionales o ilegales, tales como detenciones ilegítimas, uso desproporcionado de la fuerza o cualquier abuso de sus facultades”.
Aprovechan para pedir a los organismos internacionales que velan por la tutela de los Derechos Humanos para que abran los procedimientos que correspondan con el propósito de vigilar y hacer las denuncias respectivas de los “actos que atenten contra los mismos, derivado de acciones ilegales en que incurran los funcionarios del Estado”.