El ISSS ha pagado $7.9 millones extra por retraso en entrega de Hospital de San Miguel

Según la directora del instituto, Mónica Ayala, el Seguro alquiló seis lugares distintos en la ciudad para atender pacientes, por lo que ha incurrido en gasto complementario.

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Vista aérea del nuevo Hospital Regional del ISSS en San Miguel. / Foto EDH

Por Carlos López Vides

2020-10-12 9:09:28

El Hospital Regional ISSS de San Miguel, construido por la empresa IBT bajo la gerencia de la Oficina de Proyectos y Servicios de las Nacionales Unidas (UNOPS) entre 2016 y 2020, con el ISSS como dueño del inmueble, tiene no menos de 800 hallazgos de irregularidades en su construcción, por lo que los cinco edificios que lo componen no han sido recibidos por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), según su directora, Mónica Ayala.

La funcionaria, en entrevista este lunes en Radio YSKL, insistió en que la Fiscalía General de la República deberá investigar este caso, pero se enfocó en el gasto extra que ha tenido que hacer el ISSS en este caso, pues al no estar listo el hospital, los pacientes que ya eran atendidos en la anterior unidad médica de San Miguel tuvieron que ser distribuidos en otros seis lugares alquilados por el Seguro Social, lo que ha llevado a una inversión adicional de $7.9 millones, según Ayala.

“Todo comenzó en la unidad médica de San Miguel, ahí había operatividad. ¿Qué hacíamos con los pacientes renales, hospitalizados y todas las consultas? El Consejo Directivo decidió sacar a toda esa gente y se distribuyó en seis lugares, que han sido adecuados y pagados por el Seguro Social”, explicó la directora.

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Tuvieron que hacer readecuaciones en esos lugares rentados, “que fueron pagadas por el Seguro Social, son más de 200 mil dólares; más las rentas de seis lugares, incluido el alquiler de un parqueo del Hospital La Paz para los pacientes de diálisis, donde se paga alrededor de 689 diarios de renta. Solo en un lapso de tiempo por incumplimiento del contrato (en la entrega del Hospital ISSS San Miguel) se llevan ya $7.9 millones, que se suman a los 120 millones que ya habíamos mencionado”, detalló Ayala, como parte de lo que el Ejecutivo considera un hecho con sospechas de corrupción.

La construcción de este edificio fue gerenciada por UNOPS y realizada por la constructora IBT Group, con el ISSS como pagador de los servicios; pero Ayala insistió en que este acuerdo es “lesivo” para el Seguro Social, pues “el ISSS solo puede pagar y volver a pagar, sin reclamar ni poder hacer nada”.

De acuerdo con la directora, en investigación de la mano con Cancillería, en el convenio entre ISSS y UNOPS “documentamos la ausencia de un pleno poder, una autorización para poder ejercer convenios con organismos supranacionales, como es la UNOPS o cualquier oficina de las Naciones Unidas”.

Ayala insistió en este punto, a pesar de que el pasado 6 de octubre el exdirector del ISSS, Ricardo Cea, trajo a cuenta que en 2007 se firmó un acuerdo marco de trabajo entre Naciones Unidas y el canciller de esa época, Eduardo Cálix; así mismo, en 2013 firmó una extensión de ese convenio el entonces director del ISSS, Leonel Flores; y para 2015 el mismo director Cea, en función de su cargo y dentro del alcance de los convenios antes firmados, estampó el acuerdo que dio luz a que UNOPS tomara la gerencia de la construcción del Hospital Regional ISSS de San Miguel, justamente par que los controles de Naciones Unidas certificaran que no hubiera mal uso de los fondos.

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Consultada ante esto en YSKL, Ayala dijo que “sabemos que Naciones Unidas ha sido por muchos años la imagen de la transparencia, y esperamos seguir trabajando con estos organismos por largo tiempo”, y consideró que “probablemente se dio la opinión jurídica dentro de la institución (Naciones Unidas) que no se necesitaba esto (poder supranacional) y procedieron a la firma”.  Ayala matizó además que “un organismo internacional o supranacional no va a verificar por muchas cosas que le competen al local, porque cada país tiene su propia legislación”.

Insistió la directora del Seguro en que “el organismo (UNOPS) ha quedado en medio de un acuerdo lesivo, que me cabe la duda si solo fue hecho por el instituto y se llevó para firma (de UNOPS), debe investigarlo la Fiscalía, porque creo que Naciones Unidas quedaron en medio de esto”.

La funcionaria detalló que ya tiene agendada una reunión con UNOPS y Cancillería, para encontrar una salida a esta situación, pues de momento el ISSS está pagando los lugares extra en renta para atender a pacientes en San Miguel y hay un arbitraje internacional entre la constructora IBT y UNOPS por irregularidades administrativas, el cual podría impactar aún más en las finanzas del Seguro Social. Por el momento, según Ayala, los gastos por este arbitraje ascienden ya a 17 millones de dólares.

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