Human Rights Watch denuncia abusos policiales y arrestos arbitrarios durante crisis de COVID-19 en El Salvador

El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, señaló que el mandatario “actúa como si cualquier política fuera válida para detener la propagación del COVID-19, incluida la adopción de medidas que han llevado a cientos de arrestos arbitrarios”.

En los últimos días, la denuncia de maltrato y violencia de los policías y militares se ha incrementado en el país. Foto EDH / Jorge Reyes

Por Ricardo Avelar

Abr 15, 2020- 17:25

“Las declaraciones del Presidente Nayib Bukele han promovido el uso excesivo de la fuerza y la ejecución draconiana de las medidas ordenadas por su gobierno”, denuncia la organización Human Rights Watch (HRW).

Según esta institución, que vela por el cumplimiento y la tutela de derechos humanos alrededor del mundo, es muy probable que la retórica del presidente haya incentivado a que los cuerpos de seguridad cometan abusos y respondan de forma desproporcionada a quienes presuntamente violan la cuarentena obligatoria.

Según datos del mismo Gobierno, hay 2,073 personas retenidas por presuntamente violar la cuarentena. Tras instrucciones del presidente, se ha enviado a estos supuestos infractores a los centros de contención, pese a que la Sala de lo Constitucional ha dicho que la detención automática rompe el marco legal y que solo se puede conducir a estos centros a personas que muestren riesgo de contagio tras una evaluación objetiva.

El informe de HRW critica que estos centros de contención están “en condiciones de hacinamiento e insalubridad” y recalcan que el pasado 1 de abril, un hombre murió por no recibir atención médica adecuada.

El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, señaló que el mandatario “actúa como si cualquier política fuera válida para detener la propagación del COVID-19, incluida la adopción de medidas que han llevado a cientos de arrestos arbitrarios”.

Vivanco se unió a las voces que recuerdan a los cuerpos de seguridad que estos deberán responder individualmente a la justicia por los abusos de poder cometidos durante la crisis. De hecho, la Sala de lo Constitucional ha aclarado que ningún funcionario podrá invocar el principio de “obediencia debida” (cumplimiento de órdenes) para eludir sanciones por sus actos.

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Además de denunciar las detenciones automáticas de presuntos infractores, HRW critica la falta de claridad y publicidad de las medidas, lo que puede dejar al ciudadano desprotegida por no conocer a cabalidad las medidas del gobierno y tomar las previsiones necesarias.

Arbitrariedades y excesos en capturas

Para ilustrarlo los abusos de autoridad, el informe de Human Rights Watch destaca diferentes circunstancias que giran sobre una aplicación discrecional de las medidas, poca publicidad al respecto y aparentes contradicciones en detrimento de la ciudadanía.

Entre lo señalado, HRW afirma que la madrugada del 22 de marzo, solo horas después que el mandatario anunciara la cuarentena obligatoria pero antes de publicarse en el Diario Oficial, hubo decenas de retenidos. Además, señala capturas por no usar mascarillas, cuando no había un consenso oficial sobre la obligatoriedad de su uso y la escasez de estas a nivel nacional. En ambos casos, la falta de claridad en el mensaje desprotege al ciudadano y abre las puertas a abusos.

Asimismo, certifica detenciones injustas, algo que también ha mostrado la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH). “Otras personas fueron detenidas cuando salieron a comprar comida o medicinas”, aunque se les excluía de las restricciones de movimiento, denuncia la organización.

En cuanto a la discrecionalidad, HRW recuerda cómo inicialmente el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, dijo en su momento que “uno detecta cuando le están mintiendo” en los retenes. Con ello, s reforzaba la presencia de mecanismos poco claros para determinar quiénes eran sujetos de detención. A su vez, reitera que el director de la Policía Nacional Civil dijo, un día después del anuncio de la cuarentena nacional, que los detenidoscuarentena serían trasladados a comisarías “hasta nuevas instrucciones”.

Las condiciones en que estas personas fueron retenidas, destaca el informe y la misma PDDH, fueron infrahumanas e insalubres, rompiendo además la sugerencia de distanciamiento social, lo cual abre las puertas a nuevos contagios.

Asimismo, se observa excesos de fuerza en capturas. El caso más sonado es el de un policía que disparó a un joven en las piernas por presuntamente infringir las medidas. También se incluye el caso de un anciano que fue golpeado por agentes policiales. Estos casos han sido condenados por el fiscal general, Raúl Melara, quien ha anunciado investigaciones.

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Las autoridades de seguridad incrementaron los operativos para detener a quienes incumplan la cuarentena. Foto EDH

Respuesta de instituciones locales

En solo 21 días desde que se anunció la prohibición de circular, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos recibió 343 denuncias de la ciudadanía. La gran mayoría de estas, 102, fue por abusos de poder y retenciones arbitrarias.

La Sala de lo Constitucional, por su parte, ha tramitado decenas de recursos de hábeas corpus y ha ordenado cesar las detenciones automáticas, así como la liberación de tres personas en Jiquilisco, Usulután por no haberse seguido un procedimiento debido. Estas personas fueron retenidas por tres días en una estación policial sin alimentación y posteriormente fueron trasladados a un centro de cuarentena. Este tribunal además determinó que ningún detenido por violar la restricción puede ser conducido, así sea temporalmente, a instalaciones policiales.

Esta medida que benefició a los tres ciudadanos de Usulután se hizo extensiva a todos los detenidos, es decir que se prohibió conducirlos automáticamente y sin prueba objetiva a centros de contención. Pese a esto, el mandatario ha desafiado la orden ordenando mediante Twitter que se continúe el envío de personas a los centros, sin indicar de por medio un procedimiento para determinar si son o no posibles portadores del virus.

Centros en condiciones infrahumanas

Más allá de la respuesta policial, Human Rights Watch denuncia también las condiciones en los centros de contención activados por el gobierno inicialmente para guardar temporalmente a quienes venían del extranjero para evitar contagios masivos en la población.

HRW cita a la PDDH que muestra hacinamiento, ausencia de acceso adecuado al agua, comida y tratamiento medico. Hubo personas, agregan, que tuvieron que dormir en el suelo y “los adultos mayores y aquellas personas con condiciones de salud preexistentes, que están expuestas a un mayor riesgo de enfermarse gravemente por el virus, no fueron aislados de otros detenidos”.

Asimismo, ha habido irregularidades en el suministro de pruebas, pues no se han hecho oportunamente al término de los 30 días de cuarentena a quienes vinieron del exterior y a quienes se les ha dado esta prueba, no se les ha comunicado el resultado. Esto, además, fue denunciado por el Instituto de Acceso a la Información (IAIP), quien sostiene que conocer el resultado de pruebas de uno mismo es parte fundamental del derecho de acceso a la información de un ciudadano.

La mala administración de estos centros los ha convertido en lugares de posible contagio de COVID-19, algo que el mismo ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, admitió en una conferencia de prensa el 6 de abril. Al llamar a los ciudadanos a quedarse en casa y reiterar las sanciones, el funcionario dijo que los infractores “tendrán que ser llevados a un centro de cuarentena, lejos de sus familias y corriendo el riesgo, en estos centros, de contraer el virus”.

Además, HRW consigna el caso del ingeniero Óscar Méndez, quien falleció en un centro de contención en un hotel mientras pedía ayuda médica. A su familia no le informaron la causa de la muerte inicialmente, la PDDH señaló que el tratamiento médico no fue adecuado y la Fiscalía anunció investigaciones sobre la aparente negligencia.

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Actitudes del presidente Bukele

El informe de Human Rights Watch lamenta que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha restado importancia tanto a las órdenes judiciales de detener capturas ilegales como los constantes señalamientos de abusos a derechos humanos.

De hecho, en un tuit del 29 de marzo, Bukele dijo que parece que hay “organizaciones de ‘derechos humanos’ que solo trabajan para lograr que mueran más humanos” e infirió que están “del lado del virus”.

Al respecto, José Miguel Vivanco consideró esto un “vergonzoso intento de (Bukele) por descalificar a organismos de derechos humanos que por décadas luchan -corriendo graves riesgos- por un estado de derecho que (él) intenta destruir”. El director para las Américas de HRW llamó a que la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos “tomen nota de este nuevo exabrupto”.

HRW también destaca que el presidente ha validado el exceso policial en los retenes. En una conferencia de prensa el lunes 6 de abril, el mandatario validó el uso de más fuerza.

Además, critica que el mandatario se ha pronunciado en clara contradicción a fallos de estricto cumplimiento de la Sala de lo Constitucional que ordenan detener las capturas automáticas de presuntos infractores. Esta declaración se suma a denuncias de juristas y organizaciones locales que ven en las declaraciones del mandatario una intención por incumplir a la Sala.

Llamado de HRW

Más allá de cesar los abusos vistos en la respuesta a la emergencia actual, Human Rights Watch también pide que el presidente se pronuncie públicamente por los excesos denunciados.

“El presidente Bukele debería públicamente aclarar que el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias son ilegales y no hacen parte de la política del contención del coronavirus”, considera el informe.

Además, llama al gobierno a garantizar alimentación, agua y alimentación médica, además de condiciones dignas para quienes están en centros de cuarentena y quienes están contagiados.

Finalmente, piden al presidente abstenerse de atacar a quienes cuestionan la respuesta gubernamental, y asegurar que estas instancias puedan “llevar adelante su trabajo sin temor a sufrir represalias”.

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