Según Human Rights Watch (HRW), organización que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, el gobierno de El Salvador ha mostrado poco compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas durante la crisis generada por el COVID-19.
“La decisión del gobierno de El Salvador de suspender los procesos y los plazos para solicitar información pública, incluso sobre los resultados de pruebas de COVID-19 y las condiciones en centro de contención, pone en riesgo la salud de los salvadoreños”, manifiesta la organización con sede en EE. UU.
Dicha institución consigna que el Instituto de Acceso a la Información ha tenido que suspender sus audiencias y procesos para apegarse a lo ordenado en la serie de decretos de Estado de Emergencia en el país.
“La suspensión de los plazos administrativos ha limitado la posibilidad de que la ciudadanía monitoree la respuesta del gobierno a la pandemia, incluyendo cómo realiza gastos de emergencia”, destaca.
Esto, en contraste a otros países donde se adaptaron los procedimientos para no dejar de lado la transparencia.
Asimismo, los ciudadanos retenidos en centros de contención no tienen el resultado de sus pruebas o los días que deberán permanecer en dichos espacios. Reportes periodísticos recientes dan cuenta de cómo asesores externos han tenido influencia en el suministro y manejo de los tests.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, criticó que “en vez de asegurarse de que funcione el sistema que permite solicitar esta información vital, el presidente Bukele ha priorizado el secretismo”.
En su más reciente sentencia, la Sala de lo Constitucional advierte que en emergencias, el acceso a la información es de vital importancia para el ciudadano.