Sala de lo Constitucional ordena que lleven a su casa a embarazada retenida en centro de contención

La demandante tiene 36 semanas de embarazo y más de 37 días de estar retenida en albergue. Le hicieron cuatro pruebas del COVID-19, las cuales resultaron negativas y aún así no la envían a su casa.

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Tres abogados coincidieron en la legitimidad de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional que diputados oficialistas trataron de destituir. Foto EDH / Cortesía

Por David Marroquín

2020-06-04 2:43:54

Ana María, nombre ficticio, tiene 36 semanas de embarazo y más de 37 días de estar retenida en un centro de contención. A pesar de que ya le hicieron cuatro pruebas del COVID-19, las cuales resultaron negativas, las autoridades de Salud Pública no le permiten irse para su casa a seguir con la cuarentena.

Ana María teme porque se pueda contagiar del coronavirus en el centro de contención donde se encuentra retenida. Por tal razón, ella acudió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS) para pedir auxilio judicial (Hábeas Corpus) ante lo que considera una “situación que le vulnera sus derechos de libertad y de integridad física”.

Los magistrados constitucionalistas admitieron la petición de Ana María y ordenan que sea enviada de inmediato a su casa.

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“En ese sentido y considerando que, en este caso, de acuerdo con los hechos expuestos por la peticionaria, la cuarentena a la que fue sometida ha resultado desproporcional y podría estar afectando irremediablemente los derechos a la libertad personal, integridad y salud, estos últimos de ella y del bebé en gestación, debe ordenarse a la autoridad encargada del centro de contención donde se encuentra que inmediatamente la remita a su lugar de residencia para cumplir con el resguardo domiciliar ordenado por el gobierno de El Salvador”, señala la resolución.

Agrega que “mientras se ejecuta el traslado, deberá proporcionarse a la favorecida la alimentación cuya cantidad y calidad sea necesaria para asegurar la vida y salud de ambos”.

Sostiene que “debe considerarse que, entre otros, las mujeres embarazadas son un grupo que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad ante una emergencia sanitaria como esta, por lo que debe hacerse énfasis en la necesidad de garantizar de manera oportuna y apropiada el derecho a la salud de aquellas que se encuentran a cargo del Estado, tal como lo ha expuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1/2020, del 10 de abril de 2020”.

Ana María relata en su demanda de exhibición personal que el 15 de abril pasado, ella fue a pasar consulta al hospital de Maternidad porque se le había bajado la presión arterial.

En el referido hospital le manifestaron que estaba bien de la presión y se la llevaron a una habitación sola, donde “las enfermeras y otras personas eran alejadas de ella”. En ese cuarto la tuvieron por más de siete horas, período en el cual no le dijeron nada.

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Transcurrido ese tiempo, el personal de salud le dijo que le harían la prueba del COVID-19 y luego la llevarían al hospital del Seguro Social en la colonia Amatepec, Soyapango. Ella les preguntó que porqué la llevaban a ese hospital, y le respondieron que porque era “sospechosa de portar el virus, lo cual le pareció raro porque no tenía ningún síntoma”.

Al llegar al referido hospital, no la querían recibir porque no tenía síntomas ni mucho menos sospechas de tener el virus.

Después de cinco horas de estar ahí y ante la insistencia de la doctora de Matermidad que la había acompañado, la ingresaron y estuvo internada por nueve días, en el que le hicieron dos pruebas del COVID-19, cuyos resultados fueron negativos.

Para el 23 de abril, Ana María fue reubicada en el hotel Villa Antigua en San Salvador, y le comunicaron que cumpliría 30 días más de cuarentena. Para el 13 de mayo, ella fue sometida a una cuarta prueba de la pandemia y también resultó negativa, pero ni aún así la dejan irse para su casa, según la demandante.