El 90% de denuncias recibidas en Tribunal de Ética es por conflicto de intereses y mal uso de recursos en la pandemia

Entre los funcionarios con denuncias están la comisionada presidencial, Carolina Recinos, y el secretario jurídico, Conan Castro. Instituciones como el Ministerio de Salud y Fonaes también aparecen señaladas.

Foto EDH/ Archivo

Por Diana Escalante

Ago 11, 2020- 14:09

La comisionada de operaciones del Gobierno de Nayib Bukele, Carolina Recinos, y el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, están entre los funcionarios contra los que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ha recibido denuncias durante la pandemia del COVID-19 por presuntas infracciones a la ley, según el presidente de la institución, Néstor Castaneda.

El Ministerio de Salud y el Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes) también figuran entre las instituciones contra las que hay avisos por faltas a la ética.

Desde marzo pasado, el TEG ha recibido 80 avisos y 30 denuncias de organizaciones civiles o ciudadanos contra funcionarios que habrían violado la Ley de Ética Gubernamental.

A su vez, la institución ha abierto 14 expedientes de oficio a partir de supuestos casos de corrupción que han salido a la luz por investigaciones periodísticas. De las 124 denuncias, actualmente se han iniciado 20 investigaciones preliminares.

Castaneda explicó que el mal uso de los fondos públicos durante la emergencia y los posibles conflictos de interés que hay entre algunos funcionarios y representantes de las empresas a las que se les han comprado insumos médicos o de protección personal son las infracciones que reciben “con mayor reincidencia”. Ambas faltas están reguladas en los literales a y c el artículo 5 de la Ley de Ética Gubernamental.

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“A partir del 14 de marzo a esta fecha, tener 124 casos iniciados es bastante. Es decir, la ciudadanía está preocupada por las situaciones que está advirtiendo, más que todo en el manejo de los recursos públicos y ante esa preocupación tener 30 denuncias nos da una señal de que hay bastante preocupación”, apuntó Castaneda.

El procedimiento que establece la ley al recibir estas denuncias es iniciar una investigación preliminar y pedir un informe “a la autoridad involucrada”, en este caso, según Castaneda, se le ha solicitado al presidente Nayib Bukele porque de él dependen esos funcionarios.

Wilson Sandoval, coordinador de la Oficina de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), resaltó que no es novedad que estas sean denuncias recurrentes en el TEG, pero matizó que se han hecho más evidente durante la pandemia. Agregó que la institución debería impulsar la investigación de oficio y no esperar hasta que las organizaciones o la ciudanadía hagan las denuncias.

“La pandemia ha abierto espacio, sobre todo en las declaratorias de emergencia, para la corrupción, porque se desactivan los mecanismos de control. Hoy que los plazos han recobrado su vigencia, esperaría que el TEG pueda reorientar sus recursos humanos y financieros para fiscalizar en este momento que es tan crítico donde necesitamos que la institucionalidad funcione”, externó Sandoval.

Para Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, opinó que se deben sentar precedentes y espera que el TEG, que según él ha sido una institución cuestionada por su pasividad, actúe en estricto apego a su ley y sea riguroso sancionando conductas que violen la ética pública.

Durante la pandemia, según Castro, se ha observado opacidad, serios cuestionamientos y falta de rendición de cuentas de parte del Gobierno en la ejecución de recursos públicos destinados para la pandemia, lo cual es preocupante, y ya existen procesos iniciados en el TEG por posibles actuaciones de funcionarios del Ejecutivo contrarias a la ética pública.

“La lectura que se puede hacer luego de 124 denuncias que ha mencionado el TEG que ha recibido desde marzo a la fecha, es que es positivo que ciudadanos estén haciendo uso de las instituciones y que hayan acudido y presentado denuncias contra funcionarios del Ejecutivo por considerarse que en su desempeño existen posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental”, manifestó Castro.

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