Las muertes por COVID-19 ocultas en el Triángulo Norte

Las muertes por coronavirus fuera de los hospitales de El Salvador

Nicole Escobar, empleada de una funeraria, en las afueras del ISSS de Sonsonate mientras esperaba que entregaran el cuerpo de una persona fallecida por coronavirus en junio. Foto EDH/ Yessica Hompanera

El Diario de Hoy ha puesto una vez más la lupa en los detalles de las muertes relacionadas al COVID-19 en once municipios de El Salvador: 6,958 personas murieron en estos municipios por COVID, por sospecha o por causas relacionadas a esta enfermedad. Un tercio de las muertes ocurrió fuera de un hospital.
Karla Arévalo / focusdata@eldiariodehoy.com

No es que Joel olvidara usar mascarilla y guardar la distancia. Es que Joel se negaba a hacerlo. No creía en el coronavirus. A los 74 años vivía con hipertensión arterial y, aunque controlaba la enfermedad con medicinas, creía que lo había vivido todo: un derrame cerebral en 2018 y una enfermedad crónica que lo acompañó siempre. Pero se contagió y no pudo llegar a un hospital. Murió el 7 de julio de 2020.

La cifra oficial de muertes por coronavirus en El Salvador es de 2,195 hasta el 18 de mayo. Pero las actas de defunción de once alcaldías con mayor población y con más casos por la COVID-19 en el país indican que la cifra de muertes es dos veces mayor que la oficial.

El Diario de Hoy se aproximó al fenómeno yendo a las municipalidades y documentando por medio de las actas de defunción registradas entre marzo de 2020 y abril de 2021. Hasta el 15 de abril, encontró más de 6,958 muertes relacionadas al coronavirus. Un tercio de ellas ocurrió en casa. ¿Por qué estas personas no fueron atendidas en los hospitales? ¿Hubo campañas para informar a la población sobre el virus? ¿Qué tan grande es el subregistro de muertos por COVID en El Salvador?

Joel no es oficialmente un muerto por coronavirus. Su hoja de defunción indica que murió por neumonía. Y como segunda causa de muerte “sospecha de COVID-19”. No aparece en los registros oficiales y no fue atendido en la red de salud pública.

Fue el 28 de junio del año pasado cuando Joel amaneció con fiebre, y aunque por la tarde se le quitaba, su condición se repitió al menos por seis días. No tenía gripe, no le costaba respirar y tampoco tenía tos. Roberto, su hijo, lo llevó a la Unidad Médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en Santa Tecla; temía que su padre tuviera coronavirus. “Solo tiene fiebre. Eso no es coronavirus”. Fue la respuesta del personal de salud del lugar.

En esos días, El Salvador registraba un promedio de 200 contagios diarios y los casos confirmados ya superaban los 6,000. La red hospitalaria estaba colapsada y las unidades de salud daban prioridad a los pacientes con problemas respiratorios.

El 7 de julio de 2020, nueve días después de la primera fiebre, Joel empeoró. Amaneció jadeando. “Lo llevamos a un hospital privado, en Lourdes. Yo les dije que por dinero no se preocuparan. Mi papá tenía $900 ahorrados”, relata Roberto. Pero el hospital privado no lo atendió.

El Gobierno había centralizado la atención de pacientes COVID en la red pública de hospitales. Los hospitales privados tenían prohibido atender pacientes con estos síntomas. Aunque días antes de que Joel llegara a dicho hospital, el Ministerio de Salud había autorizado que la red privada de salud atendiera a estos pacientes, muy pocos centros lograron prepararse.

En el cementerio municipal de Santa Tecla hay una zona asignada para inhumaciones bajo protocolo Covid19. La imagen es de agosto de 2020. Foto EDH / Archivo

Algunos de los requisitos que Salud exigía eran adecuar un área exclusiva para los pacientes con COVID-19 o con sospecha; tener un plan de atención a nivel médico, farmacológico y en la morgue; además, que Salud estuviera al tanto de las medidas.

Como Joel no logró ser atendido en el hospital privado, su hijo decidió regresar a la Unidad Médica que días antes le había negado la atención por no presentar problemas respiratorios. Esta vez no había excusa. Joel tenía tos y dificultad para respirar.

“Lo mejor es que lo lleve a un hospital. Tiene los signos vitales bajos y solo en un hospital le darán la atención que necesita urgentemente”, le dijeron a Roberto. Una vez más, Joel no fue recibido. Entonces se enfrentó a un escenario desolador. En los hospitales COVID no había espacio y en las clínicas esperaban, sentados y con un tanque de oxígeno al lado, aquellos que todavía podían aguantar la batalla.

Video EDH / Moisés Rivera

Pero Joel no podía regresar a casa sin atención, sin medicinas y enfermo. Por lo que su hijo se subió en el taxi que los llevaba, y con su padre al lado, emprendió marcha hacia el Hospital Rosales. Joel estaba en una emergencia y las clínicas y hospitales se hallaban colapsados. La red privada apenas empezaba a atender contagiados. Y el gran Hospital El Salvador, que había sido inaugurado días antes, no daba luz verde para recibir pacientes.

“Siempre fui de la opinión de que la estrategia hospitalaria para combatir la pandemia debería de ser un poco más abierta y no designar centros específicos para centralizar el manejo de los pacientes. (…) La pandemia no solo va a respetar un hospital, la pandemia va a aparecer en todos los lugares”, explicó el doctor José Gonzalo Batres Baires, intensivista salvadoreño radicado en Alemania.

A Joel no le alcanzaron los minutos para llegar al Hospital Rosales, un hospital que junto al Saldaña, en Soyapango, intentaban hacer frente a algo desconocido. Murió en el camino. El médico que lo evaluó le indicó a su hijo que Joel llevaba unos 20 minutos muerto. “Dijeron que ya no había nada qué hacer. Se me murió en el camino”, relata Roberto a diez meses de esa muerte.

El país no estaba preparado para enfrentar al coronavirus. La deteriorada red de hospitales no tardó en colapsar; más de cien médicos y enfermeras murieron y los cementerios agotaron las fosas destinadas para los muertos por el coronavirus.

Sumado a eso, y hasta el día de hoy, algunos salvadoreños desconocen el alcance del coronavirus, un virus que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha indicado que pertenece a una amplia familia de virus que ya ha matado a más de 3 millones de personas en el mundo.

Más allá de las cadenas nacionales en las que el presidente Nayib Bukele mostraba a los ciudadanos cómo las personas morían en las aceras de otros países de Latinoamérica, el país no recibió una campaña informativa sobre el virus y cómo evitar contagiarse.

Asimismo, cuando era urgente la atención de los enfermos no había espacio en los hospitales. Los servicios primarios de salud apenas contaban con oxígeno y algunas camas en el área de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS); espacios que existían desde 2017.

“Hubo gente que murió en el área IRAS. No había lugar en los hospitales y aunque se intentara remitir si no había espacio no iban a ser recibidos”, explica Lorena, empleada de Salud de una clínica pública en el municipio de Santa Tecla.

Personal del Hospital Rosales al momento de recibir el cadáver de un hombre en la Emergencia. Sus parientes lo llevaron al hospital, en un vehículo; pero él murió antes de ser ingresado el 7 de julio de 2020. Foto EDH / Archivo

El gobierno tampoco echó mano de los Equipos Comunitarios en Salud (ECOS), creados en los gobiernos del FMLN y los cuales pretendía llegar a las zonas con menos acceso a salud en el país. El gobierno decidió cerrar la economía y las escuelas.

Hasta el 15 de abril de 2021, El Diario de Hoy ha documentado que 2,320 personas murieron en casa por enfermedades relacionadas a la COVID-19; unas seis personas murieron en los parqueos de los hospitales, dentro de vehículos, y una en la vía pública. La mayoría, un total de 4,401, murió en un hospital.

Las muertes relacionadas al COVID-19 son aquellas en las que la boleta de defunción señala “sospecha de COVID” o COVID-19 en la segunda, tercera o cuarta causa de muerte. También se consideran muertes relacionadas al COVID las ocurridas en casa y atribuidas a paro cardiorrespiratorio, así como también las neumonías atípicas, bilaterales y comunitarias, sobre la que hay duda si fueron a causa del COVID debido a que no se hizo una prueba para descartarlo.

Aunque el gobierno solo ha reportado 2,195 muertes por COVID hasta el 18 de mayo a nivel nacional, este acercamiento al subregistro da cuenta de un número de muertes superior al trescientos por ciento.

“La cifra que se eleva a más del 100 % (en el subregistro) es alarmante. Habría que ver dónde están las fallas; a qué se debe ese subregistro, cómo se está contabilizando. También debería ser de interés médico-científico, incluso de interés nacional, hacer una estrategia para contabilizar el subregistro (de muertes por COVID-19)”, agrega Batres Baires.

La investigación hecha por El Diario de Hoy en torno a las muertes durante un año en once municipios del país no es una muestra representativa de los 262 municipios. El criterio aplicado fue investigar en los municipios con más casos positivos diagnosticados, según la información oficial disponible. Sin embargo, Salud ya ha confirmado un subregistro sin dar detalles.

El gobierno registra como muerto por COVID-19 a una persona cuya prueba confirma que padecía de la enfermedad ocasionada por el coronavirus. Pero si una persona tuvo los síntomas y no hubo prueba que descartara o confirmara el virus, su muerte no se suma a las cifras oficiales de COVID-19.

Cifras bajas, cementerios colapsados

Los cementerios generales de Santa Ana y Santa Tecla tuvieron grandes áreas exclusivas para enterrar a los muertos por COVID. Con prueba o sin prueba, si la ambulancia llegaba con sirena abierta y un carro patrulla, debía aplicarse el protocolo. Así lo cuenta Luis, el más joven de los sepultureros del cementerio de Santa Ana, quien sabía que era hora de ponerse su traje blanco, especial para el entierro, cuando la sirena sonaba.

En julio de 2020, el cementerio de Santa Ana había dispuesto más de cien fosas para la emergencia. En abril de 2021, no solo estaba llena esa área sino otras abiertas luego. Luis y el resto de sepultureros entierran ahora a los muertos en áreas comunes del cementerio. Y es que en Santa Ana, así como en Santa Tecla recibieron incluso a los muertos que no cabían en otros municipios.

“Empezamos con un coronel. Lo enterramos fuera del área COVID. Luego enterramos al resto de personas. Es que ya no había espacio”, relata Luis.

El cementerio general de Santa Ana cuenta con una morgue. No todos los enterrados en este cementerio había muerto en hospitales o clínicas. Hubo algunas personas que murieron en el parqueo de los hospitales o en las aceras. Esta fue una realidad no visible en El Salvador.

Esas muertes hacen parte del registro que elaboró El Diario de Hoy a partir del trabajo de campo. Son historias silenciadas, no oficiales.

El Estado aún adeuda reconocer el verdadero impacto de la pandemia en el país, pues los datos oficiales parecen alejarse de su comportamiento real. La tasa de mortalidad por municipio es desconocida hasta hoy.

Aclaración: Los nombres de los protagonistas de esta historia han sido cambiados para proteger a la familia afectada.

Nota: Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Adelante en América Latina. La investigación en El Salvador también contó con el apoyo del John S. Knight Journalism Fellowships de la Stanford University y su iniciativa Big Local News.

¿Qué son las muertes relacionadas al COVID-19?

El médico intensivista José Gonzalo Batres Baires explica que existen dos tipos de muertes relacionadas a esta enfermedad:

1) Pacientes que sufren una enfermedad distinta a COVID-19 pero que durante la evolución clínica resultaron positivos a una prueba COVID-19. La enfermedad les produce la muerte independientemente de sufrir COVID-19.

2) Pacientes con alta sospecha clínica de COVID-19 (ej. neumonía, estado séptico, etc.) pero que por distintas razones nunca recibieron la prueba diagnóstica para COVID-19 y cuya evolución lleva a la muerte.


Las muertes por coronavirus fuera de los hospitales de El Salvador

Al menos 6,958 personas murieron en 11 de los municipios por COVID-19, por sospecha o por causas relacionadas a este enfermedad.

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Dos instituciones del Estado registran las muertes por COVID-19 en el país, pero sus reportes no coinciden. Hoy el número de personas fallecidas por coronavirus depende de cuál de las dos entidades sea la fuente de consulta.

COVID-19 en Honduras y las muertes escondidas entre la corrupción e inoperancia

Sobeydi Rodríguez enterró a su padre en julio del año pasado, pero a once meses de su deceso nadie le confirmó las causas de su muerte.



Créditos

  • Un trabajo por: El Diario Hoy
  • Redacción: Karla Arévalo
  • Edición: Lilian Martínez
  • Fotografía de El Diario de Hoy
  • Gráficas: Lilian Martínez
  • Diseño web: Mario Surio/elsalvador.com

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