La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) confirmó este lunes que no es necesario que el certificado de prueba PCR negativa que se presente ante la aerolínea para ingresar a El Salvador tenga la firma y sello del médico o el laboratorio que lo expidió, tal como había dicho hace unos días.
Su comunicado, publicado el lunes en sus redes sociales, da la razón al piloto capitán de la aerolínea Spirit, quien a través de un audio, aseguró que la firma y sello son “obsoletos” en los documentos que se entregan en Estados Unidos, a la vez que se mostró molesto por tripular un vuelo que llegó vacío a El Salvador, como medida preventiva para no asumir una multa de $6,000 por cada pasajero que no llevara la prueba como se estipulaba.
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“Si la prueba es enviada por el laboratorio a través de cualquier medio electrónico (e-mail, WhatsApp, mensaje de texto, etc.), el pasajero tendrá que imprimir el certificado, para presentarlo en el counter de la aerolínea en el país de embarque”, señala el comunicado divulgado el lunes por la institución.
La disposición no se aplica para tripulantes, diplomáticos y niños menores de dos años.
Este nuevo aviso surge dos días después de que funcionarios de CEPA y de Migración se contradijeran por las medidas que se necesitan para permitir el ingreso de viajeros al país, incluidos los connacionales y extranjeros residentes en el país.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó la semana pasada que el gobierno no podía impedir el paso de salvadoreños ni residentes y afirmó que hacerlo constituiría un delito.
Este lunes el Fiscal General de la República, Raúl Melara, dijo que no pueden actuar de oficio y que es la
Sala la que debe determinar e informarles si las disposiciones de CEPA y de Migración han incumplido la
resolución.
Graves violaciones
Por su parte el Instituto lberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador (IIDC) denunció, ante las Naciones Unidas, “graves violaciones” del gobierno de Bukele a la independencia judicial, tales como la desobediencia a una resolución de la Sala de lo Constitucional para no impedir el ingreso de salvadoreños al país, así como la decisión de bloquear a un juez para investigar archivos militares.
Los hechos están contenidos en una carta abierta firmada por el presidente del IIDC, el exmagistrado constitucionalista Rodolfo González, ante el doctor Diego García-Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, con sede en Ginebra.
González argumentó que se generó inseguridad jurídica sobre las reglas aplicables, ya que varias líneas aéreas rehusaron a traer al país a personas que no presentaban la prueba previo al abordaje, ya que el Presidente y las autoridades migratorias insisten, a través de redes sociales institucionales y comunicados oficiales, sobre la obligatoriedad de presentar la prueba para ingresar al país e incluso en un momento entraron en contradicciones.
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