Por medio de un comunicado, Acción Ciudadana (AC) mostró preocupación por las limitaciones que el derecho de acceso a la información pública (DAIP) está sufriendo en medio de la pandemia del COVID-19.
Esto, pues el Decreto Legislativo 593, que estableció el estado de emergencia en el país, contempla un apartado que suspende términos y plazos de procesos administrativos. Es decir, congeló temporalmente los casos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y “las solicitudes (actuales) no están siendo procesadas y resueltas”.
Por tanto, advierte la organización de sociedad civil, “la ciudadanía no puede acceder a la información que producen, resguardan y administran los entes estatales, sobre todo de aquellos que atienden la emergencia. Lo que ha ocurrido es que de facto se ha suspendido el derecho de acceso a la información, pese a que el régimen de excepción no limita el ejercicio de tal derecho”.
El pronunciamiento de AC se suma a un amplio coro de actores locales e internacionales que piden garantizar la máxima publicidad en medio de la crisis actual. Esto permitirá vigilar cómo se han empleado los recursos, especialmente los asignados en contexto de emergencia, y también ayudará a tomar mejores decisiones en actores públicos y privados, han dicho actores como Transparencia Internacional.
“Existe sobrada evidencia nacional e internacional que los tiempos de emergencia son la coyuntura propicia para la corrupción, y es cuando la transparencia es de mayor utilidad. Por eso es que no es aceptable que en nuestro país se encuentre suspendida la transparencia”, añadió AC.
Por ello, exhortan al Legislativo reconsiderar esta suspensión y excluir al DAIP de la medida. Además piden mantener actualizados los portales web de instituciones del Estado y ordenarles que dispongan personal para procesar solicitudes y garantizar datos abiertos.