En un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aparece como presunto responsable de acoso violento a líderes campesinos de Honduras el empresario Lenir Pérez, dueño de Alutech, empresa financista de la campaña presidencial de Nayib Bukele a la que la Asamblea le otorgó recientemente un millonario contrato para ampliar la terminal de carga del aeropuerto.
Un informe de Acción Ciudadana indicó que la empresa adjudicada por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para ampliar la terminal de carga aparece como donante de $1 millón a GANA para las elecciones de 2019 cuando Bukele corrió con esa bandera.
Según una nota publicada en marzo de 2018 en el sitio web “Honduras tierra libre” sobre las empresas Alutech y Minerales Victoria, propiedad de Lenir Pérez, pesan graves acusaciones de ataques y hostigamiento a la integridad de una veintena de líderes comunales, sacerdotes y defensores de derechos humanos de varias comunidades de Atlántida, en Honduras.
Los líderes señalaron “una escala alarmante de intimidaciones desde inicios del 2013, especialmente por parte del empresario Lenir Pérez y policías que le apoyan”.
A raíz de estas acciones, los líderes comunales presentaron una denuncia a la Fiscalía hondureña que fue retomada por la CIDH.
Además, presentaron ante la CIDH una solicitud de medidas cautelares para que requiriera el Estado hondureño proteger la vida e integridad de ellos.
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La publicación indica que tras analizar los hechos, la CIDH consideró que “estas personas se encontraban en una situación de gravedad y urgencia puesto que su vida e integridad estaban amenazadas y en riesgo”. No obstante, las autoridades hondureñas estancaron la investigación de las denuncias.
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina publicó una nota en septiembre del 2020 donde señaló que el representante legal de Palmerola International Airport (PIA), Lenir Pérez, reclamó al Gobierno de Honduras $51.3 millones adicionales a lo establecido en el contrato de la Alianza Público Privada (APP), argumentando afectaciones por la COVID-19.
El origen del conflicto fue que la empresa Minerales Victoria, de Lenir Pérez, obtuvo un permiso para explotar mil hectáreas con minas a cielo abierto para extraer óxido de hierro, lo que afectaba a 16 comunidades del municipio de Tocoa.
De hecho, el permiso fue otorgado sin consulta previa con las comunidades, contrario a la ley.
Lenir Pérez, cercano al presidente de Honduras
En ese mismo sitio web se publicó una fotografía donde aparece el dueño de Alutech S.A. de C. V., Lenir Pérez, dándole la mano al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Esa relación de amistad entre el financista de la campaña presidencial de Bukele y el presidente Hernández también aparece marcada en otro conflicto ocurrido en Tocoa.
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), publicó una nota en su sitio web el 16 de septiembre del 2020 donde expone el informe internacional denominado “Guapinol Resiste”, en el que participaron expertos de universidades de EE. UU., Canadá e Inglaterra y revela que el origen del conflicto es el otorgamiento de licencias ilegal a la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), propiedad de Pérez y su esposa.
Según la publicación, dicho informe afirma que “Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del ya fallecido oligarca hondureño y empresario Miguel Facussé, son los propietarios de ILP. Lenir Pérez es un empresario vinculado anteriormente a la ejecución de contratos de construcción ilegalmente otorgados por el gobierno del presidente Hernández”.
El informe detalló que el Estado de Honduras ha confrontado a las comunidades contra la empresa Inversiones los Pinares, con prácticas de criminalización, persecución y agresión física.
Añade que las víctimas y los testigos señalaron a los cuerpos militares, policías y guardias de seguridad de la empresa de Pérez como los principales responsables de estas acciones.
Además, menciona que el Estado hondureño otorgó a una empresa de Pérez, financista de la campaña de Bukele, la construcción y administración del Aeropuerto de Palmerola bajo la figura de Asocio Público Privado (APP). La financiación de esta empresa para asumir tal proyecto ascendía a $87 millones.
Fue por este proyecto que el nombre del empresario Lenir Pérez sonó hace algunos meses en el ámbito empresarial y político, luego de que se filtró una carta que lo puso en apuros.
El documento señalaba que “el representante legal de Palmerola International Airport (PIA), S.A. de C. V., Lenir Pérez, le hacía un reclamo al Gobierno de Honduras de $51.3 millones adicionales a lo establecido en el contrato de la Alianza Público Privado (APP) argumentando afectaciones por la COVID-19”.
Esto coincide con lo planteado por el director ejecutivo de la organización salvadoreña Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quien explicó que “si revisamos los casos de corrupción en la región vamos a encontrar que muchas de las aportaciones de campaña venían condicionadas a que se entregaran proyectos de obra pública al donante”.
“Es decir, era un intercambio entre yo te apoyo en tu campaña para que ganes y luego tú me das obra pública para mi empresa. Para el caso ahí tenemos el ejemplo de Odebrecht en Sudamérica y parte de Centroamérica”, indicó.
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