Contratación de 37,000 empleados públicos en el gobierno del FMLN complica al Estado

Este aumento en el gasto se ha dado en los últimos 10 años. Las presiones políticas obligan al Estado a crear más plazas y otorgar salarios cada vez más altos, un problema que heredará el nuevo Gobierno.

Foto EDH/ Marcela Moreno

Por Luis Andrés Marroquín

Abr 02, 2019- 21:38

En los últimos 10 años, los empleos en el Gobierno se han disparado tanto en el número de plazas como en el gasto público, convirtiendo a El Salvador en uno de los países de América Latina con las mayores distorsiones en este rubro, a juzgar por estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El gasto en remuneraciones en el Gobierno creció del 2008 al 2019 en $1,265 millones, es decir, pasó de $1,451.5 a $2,840.3, un 80.4 % más en ese periodo, según cifras oficiales.

Otro par de datos reveladores indican que entre 2008 y 2019, el Estado creó 37,118 nuevos puestos de trabajo y el salario que cada empleado gana en promedio anual creció un 38.8 %, superando por mucho la inflación, que rondó el 13. 2 %. Así, los empleados pasaron de 136,626 en 2008 a 173,744 en 2019.

Acá no se agregan las plazas de 8,000 maestros que hasta 2011 eran pagados a través de contratos por servicios en Educo, pero que luego pasaron a la planilla del Ministerio de Educación.

Rommel Rodríguez, economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), razona que el problema es que un mayor número de trabajadores no necesariamente significa mejores servicios. Tampoco salarios altos y cada vez más caros indican que los burócratas se blinden contra la corrupción.

 

El experto de Funde añade que no necesariamente “es que sea malo” (el aumento en las plazas o el gasto en remuneraciones), lo que sucede es que “el tiempo pasa y las mejoras no se ven”.

Y, lo peor, los empleos en el sector público no hacen sino crecer como la espuma, a juzgar por el presupuesto votado para este año.

Así, las erogaciones para pago de salarios asignadas para el Sector Público no Financiero (SPNF) suben de $2,719.9 millones que tenían el año pasado a $2,840.3 en 2019, es decir $120.4 millones más (4.4 %).

Del SPNF no se libra nadie de esta tentación alcista en este periodo.

El Gobierno Central, donde figuran los ministerios y las instituciones del Ministerio Público, aumentará $84 millones sus desembolsos por remuneraciones este año. Las instituciones descentralizadas lo harán en $36. 2 millones y las empresas públicas mantendrán su gasto en $122 millones sin ningún tipo de ahorro.

Como Rommel Rodríguez, de Funde, la investigadora Carolina Alas de Franco, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), reflexiona que el empleo y remuneraciones en el sector público son un gasto que presiona las finanzas del Estado y, para colmo, son “ineficientes”.

Fusades, de hecho, cuando analiza el presupuesto de este año, critica que uno de los gastos que más se expanden son el de las remuneraciones, pese a la restricción fiscal del país y la necesidad de consolidar las finanzas estatales. La investigadora Alas de Franco fue una de las autoras de este análisis, junto a Luz María Serpas de Portillo.

 

La experta de Fusades echa un vistazo al pasado para explicar cómo esta tendencia alcista se ha venido dando principalmente en los dos últimos gobiernos que han estado en manos del partido FMLN, primero con el ahora prófugo Mauricio Funes (2009-2014) y luego con el que está por terminar con Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

Ella trae a cuenta que en los años 90 y principios de los 2000 se dieron en el país leyes de retiro voluntario con los gobiernos del ARENA, con la intención de bajar las infladas planillas del Gobierno y conseguir un “Estado fuerte pero pequeño, que fuera eficiente”. Pero que, a partir de 2009, el sector público y los altos sueldos comenzaron a subir de manera acelerada.

“El gasto en remuneraciones, después del pago de intereses, es el que más ha crecido, del 2008 al 2019, se incrementó en $1,265 millones. Es decir que se incrementó en un 80.4 %”, dice Alas de Franco. En este tiempo también se crearon los cerca de 37 mil nuevos puestos de trabajo.

En su análisis, Fusades también dice que “en una comparación regional, un estudio reciente que analiza la eficiencia del gasto público en América Latina, coloca a El Salvador entre los países de la región más ineficientes y que registran el gasto más elevado en remuneraciones, para 2016 rondaba 40 % del gasto total, cuando el promedio para Latinoamérica era 29 %”. Respecto al Producto Interno Bruto (PIB), el gasto representó más de 10 % para El Salvador. El promedio de América Latina era del 8.4 %.

Alas de Franco dice que el aumento en plazas y salarios en el sector público se debe a “presiones políticas” y que la situación se agrava cuando hay sindicatos que exigen contratos laborales. Señala que para que el gobierno entrante pueda corregir estas distorsiones se debe hacer una auditoría de plazas, que se lleve un presupuesto por resultados y que se acelere la Ley de la Función Pública. “Todo esto ayudaría a ordenar el desorden que hay en cuanto a contrataciones y aumentos salariales”.

 

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