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Por impacto de la minería en Guatemala, ambientalistas y Procurador Ambiental piden al Gobierno salvadoreño crear una mesa binacional para tratar el problema

Activistas ambientalistas de Guatemala, El Salvador y la Procuraduría de Derechos Humanos exigen el cierre de la mina Cerro Blanco, ubicada en Guatemala.

Por Evelia Hernández | Feb 15, 2022- 15:51

Foto EDH/ Francisco Rubio

Ante la posible autorización del Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala para la explotación a cielo abierto de la mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, Organizaciones ambientalistas de ese país y de El Salvador, así como comunidades de Metapán junto a la Procuraduría de Derechos Humanos salvadoreña externaron su preocupación del impacto que pueda tener en las aguas del río Lempa, por lo piden al Gobierno salvadoreño actuar de oficio.

La explotación para extraer oro y plata de la mina pone en riesgo al Lempa, el principal recurso hídrico de más de 3,000,000 de salvadoreños.

El procurador adjunto de Medio Ambiente de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH), José David Sandoval, exhortó a la autoridades de Cancillería y al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, para que actúen de oficio ante la amenaza y el riesgo que representa la explotación de Cerro Blanco.

Sandoval pidió iniciar un diálogo urgente con sus homólogos guatemaltecos y conformar una mesa binacional para dar seguimiento al Tratado de Aguas Transfronterizas y parar el proyecto minero en Cerro Blanco.

“Ante esta grave amenaza, sabemos los perjuicios que ocasionaría si esto se lleva a cabo, desde ya aunque no esté (funcionando), solo con el hecho de la exploración de la mina, sabemos que ha causado graves impactos ambientales y de recurso hídrico en El Salvador. Por lo consiguiente hacemos las exhortaciones desde la Procuraduría a la ministra de Relaciones Exteriores y al vicepresidente para que se tomen cartas en el asunto, y de una vez por todas podamos decir que este proyecto queda totalmente eliminado”, manifestó Sandoval.

Organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador junto a la Procuraduría de Derechos Humanos piden detener minería en el Cerro Blanco, Guatemala. FOTO EDH/ CORTESÍA

Armando Teo Villeda, representante del Consejo de Desarrollo de Asunción Mita (Guatemala), alertó sobre el riesgo y los daños que ha provocado la exploración en la mina Cerro Blanco en su país e hizo un llamado a los Gobiernos de la región adoptar políticas de desarrollo económico que fomenten las sostenibilidad y la utilización de los bienes comunes a favor de las mayorías.

La ingeniera Melani Calderón, encargada de la unidad de Ambiental de la alcaldía de Metapán, plantea un escenario sombrío para el Lago de Güija, sus habitantes y la población que se abastece de agua potable del río lempa, principal afluente del país, el cual se nutre de las aguas de Güija.
Foto EDH/ Francisco Rubio

“Llamamos a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Güija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano a la vida y a la salud de la población Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Güija y a los tres millones de salvadoreños que dependen del río Lempa”, destacó Villeda.

Según el monitoreo e investigaciones técnicas y científicas desarrolladas en las cuencas del río Ostúa y el lago de Güija, hay contaminación que viene desde que se inició con la extracción de agua termal en la mina cuando se instaló infraestructura, “esos bombeos han llegado al lago de Güija, desde el 2007 aparece el arsénico en concentraciones bajas y no supera las normas internacionales para la calidad del agua, el último monitoreo de 2021 la curva se eleva en casi 2,000 %, hay elementos que nos dicen que la mina Cerro Blanco está generando un desastre ecológico en el lago de Güija”, declaró Sidia Cortés, del Movimiento Ecofeminista.

Actualmente, la empresa Bluestone está a la espera de la aprobación del Estudio del Impacto Ambiental para iniciar la explotación a cielo abierto de la mina del cerro Blanco, la cual se encuentra a 10 kilómetros de territorio salvadoreño.

El representante de las comunidades de Asunción Mita externó su preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala considere suficiente la actualización del Estudio del Impacto Ambiental presentada indicando que las magnitudes de los cambios van desde procesar más 1,000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y extraer 3.31 millones de toneladas de material en un túnel de 73.4 kilómetros a extraer 144.8 millones de toneladas de tajo con una profundidad de hasta 370 metros y 1,200 metros de largo.

“Todo el material posteriormente se convertirá en desechos que se vierten en cerros que generan drenajes ácidos y polvos dañinos para la salud”, indicó Villeda.

Los ambientalistas estiman que se explotará la mina durante 12 años que generará la explotación de cerca de 38.4 millones de metros cúbicos de agua que afectará el acuífero local por más de 32 años.

Foto EDH/ Francisco Rubio

Silvia Cortés, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador indicó que “el río Ostúa drena en el lago de Güija y por lo tanto en el río Lempa, según las actualizaciones presentadas, este será utilizado para el vertimiento de las aguas extraídas de los pozos de abatimiento y de las aguas mina. Preocupa que el actual plan de monitoreo presentado para las aguas vertidas, no existe un control para otros metales pesados y la planta de tratamiento solo contempla el tratamiento arsénico”, señaló.

Además de indicar que otros de los efectos que traerá la explotación en la mina Cerro Blanco será desplazamiento, pobreza, enfermedades y conflictividad, pero también destacó que el proyecto contempla el empleo de 500 trabajadores en la construcción, lo cual expondrá a la mujeres de las comunidades a la prostitución, trata y violencia, impactos que no están contemplados en el actual estudio hecho por las empresas.

“Denunciamos ante las autoridades competentes la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Elevar Resource. En sus comunicados de prensa y reporte de accionistas manifiestan que ya cuentan con el permiso por parte del Gobierno guatemalteco y que solo necesitan la aprobación del estudio del Impacto Ambiental para iniciar la explotación de la mina a cielo abierto por un periodo de 11 años.

La actividad minera causará un impacto negativo para las comunidades por más de 32 años.

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, ha manifestado que hay acercamiento con las organizaciones ambientales para abordar el tema de cerro Blanco, pero Nery Rivera desmintió al titular de Medio Ambiente, al igual que lo han hecho otras organizaciones como la Mesa Nacional Contra la Minería.

“El Ministerio de Medio Ambiente sabe de esta problemática pero lo ha tomado demagógicamente, incluso (Fernando López) llegó a decir que él había tratado el problema, lo cual es falso”, recalcó Rivera.

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