Constitucionalistas advierten que Gobierno no puede impedir ingreso de salvadoreños al país por no portar prueba de COVID-19

Los abogados expresan que la medida es “improvisada” y que hay otras opciones para certificar que los ciudadanos ingresen a El Salvador sin riesgo de portar el virus.

El aeropuerto internacional está cerrado desde el pasado 17 de marzo. Fotos EDH / David Martínez

Por Eugenia Velásquez

Sep 12, 2020- 11:40

“A los nacionales vengan con o sin (prueba PCR) los tiene que recibir, porque no hay estado de excepción. A los salvadoreños no se les puede pedir obligatoriamente para que entren al país, para que salgan o que suban al avión en la ciudad donde está puede ser que pidan eso, pero no es decisión de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), sino de otras autoridades”, afirmó el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo.

Aunado a eso, la decisión también es “improvisada”, señaló el abogado constitucionalista Enrique Anaya, ya que se da a conocer a siete días de que entre en funcionamiento el Aeropuerto Internacional de Comalapa.

“Lamentablemente vuelve a ser improvisado porque vemos que falta una semana para que el Aeropuerto abra. Es ambiguo y es oscuro y eso va a generar problemas porque se le está enviando a la línea aérea, le están dando una responsabilidad a la línea aérea que tenga que revisar si la persona va a presentar el llamado certificado de PCR negativo, da esa idea”, soslayó Anaya.

Pasajeros que entren al país deben presentar prueba de COVID-19

De acuerdo a Anaya es el Ministerio de Salud el responsable de certificar el ingreso de los pasajeros y no las líneas aéreas o el funcionario de Migración, por eso califica la medida de “ambigua”, pues a criterio de Anaya, deben implementarse otras opciones para que tanto a los salvadoreños como a los extranjeros se les facilite el ingreso con las medidas de seguridad pertinentes.

“Lo que tiene que hacer el Ejecutivo y el Ministerio de Salud es dar soluciones y no sencillamente poner el requisito, decir cómo va a funcionar, decir preciso y claro qué tipo de documentos quiere exigir y, sobre todo, poner soluciones para los salvadoreños que ingresan”, apuntó Anaya.

En Costa Rica, por ejemplo, según han informado las autoridades migratorias de ese país, a los nacionales y residentes costarricenses no se les exigirá la prueba de COVID, pero “sí se les dará una orden sanitaria para su aislamiento domiciliar durante 14 días”.

Este tipo de mecanismos son los que en El Salvador deberían desarrollarse, coincidieron Anaya y Bertrand Galindo.

“Es preocupante que al no haber reglas claras todo esto viene a decisión de un empleado de aerolínea o no sabemos en El Salvador quién estará revisando eso ¿habrán empleados del Ministerio de Salud o es gente de Migración que pondrán a revisar el documento?”, se pregunta Anaya.

Lo que tiene que hacer el Ejecutivo y el Ministerio de Salud es dar soluciones y no sencillamente poner el requisito

Enrique Anaya, el abogado constitucionalista

Añadió que deberían habilitarse en el Aeropuerto áreas sanitarias por parte del Ministerio de Salud con personal debidamente capacitado para que hagan pruebas rápidas para determinar si se puede autorizar el ingreso de los pasajeros y nacionales a El Salvador, pero no dejar a los salvadoreños en el Aeropuerto sin soluciones ni tampoco enviarlos a centros de contención como hizo el Gobierno al principio de la pandemia.

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Expertos en materia sanitaria advirtieron que los centros de contención se volvieron los centros de contagio más fuertes en el país.

“Los mandan a cuarentena a su casa, en Costa Rica jamás existieron centros de contención, les hacen la prueba rápida, esa sería una opción para los salvadoreños. Lo que no pueden hacer es evitar el ingreso de los salvadoreños. Que a un salvadoreño no lo dejen entrar, en primer lugar, podría poner un hábeas corpus o un amparo”, afirmó Anaya.

Bertrand Galindo expresó que si la medida se aplica parejo a nacionales como a extranjeros no sería “prudente”, porque sería “al final como detener la apertura, esas pruebas (PCR) no son rápidas, además tienen un costo y las tienen que hacer con 72 horas antes”, manifestó.

Agregó que sería redundante porque las aerolíneas también han tomado protocolos de sanidad. Además, destacó que es contradictorio lo que CEPA quiere hacer, ya que no les piden pruebas de COVID a los deportados que vienen de Estados Unidos, pero a los salvadoreños que no tienen cuentas pendientes con la justicia sí.

“Si ve siguen publicando cifras de contaminados varados dicen ellos, pero en realidad son deportados de Estados Unidos, esos ya vienen en los aviones contagiados. A los delincuentes que mandan deportados, a esos no les piden las pruebas y a los normales sí se las van a pedir, tienen que buscar una solución más sencilla”, apuntó Bertrand Galindo.

Sobre la restricción anunciada por Cepa, el Procurador de los Derechos Humanos emitió un comunicado para recomendar a las autoridades de Salud, Migración y Cepa establecer, mantener y asegurar todas las medidas preventivas para garantizar los derechos a la salud y la vida de la ciudadanía, pero nunca tales medidas deben constituir limitaciones a derechos constitucionales que solo pueden hacerse a través de una ley formal.

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