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Organismos sociales desconfían del proceso de reformas a la Constitución

Señalan que el estudio ha sido calibrado para que se realice de cara a las elecciones de febrero del próximo año.

Por Violeta Rivas | Dic 16, 2020- 04:30

“El año 2020 ha sido especialmente sombrío por las acciones del presidente de la República (Nayib Bukele) que van desde la militarización de la Asamblea Legislativa, en clara violación de la separación de poderes, regímenes de excepción inconstitucionalmente impuestos, la desobediencia reiterada a sentencias judiciales”, sostienen las organizaciones en un comunicado.

Añaden a estas acciones la instrumentalización de la Policía, para impedir la investigación de la corrupción y “una iniciativa ilegítima y peligrosa” del Ejecutivo para pretender hacer cambios en la Constitución de la República, sin que haya expuesto con definición lo que le interesa modificar, y sin tener facultades para promover dichas reformas, sostienen los organismos.

En cuanto al proceso de consulta que se está realizando para el estudio de posibles reformas a la Constitución, José Marinero, de la Fundación DTJ, señala que no genera confianza debido a las acciones con tintes autoritarios realizados por el Ejecutivo, lo cual parece una contradicción y les genera preocupación a las organizaciones.

“Nos parece que es una consulta poco representativa, no solo por el número de personas que integran esta comisión, sino que además está siendo calibrado el calendario de ejecución de esta consulta de cara a la elección del próximo 28 de febrero”, opinó Marinero.

Las organizaciones exigen a los funcionarios del Gobierno y a los cuerpos de seguridad que se sometan al orden constitucional que juraron respetar, y a la Sala de lo Constitucional le piden que continúe velando por el respeto a la ley fundamental y que realice las acciones de forma oportuna.

Las organizaciones ANEP, Fusades, IIDC, Funde, Acción Ciudadana, Fundación DTJ, CEJ y Transparencia Internacional se pronunciaron en el 37 aniversario de la Constitución que se realiza desde 1983, la cual permitió reformas para los Acuerdos de Paz, en la línea de una adecuación a nuevas realidades con la precaución de establecer cláusulas irreformables en la forma de un gobierno democrático en el país, al sistema republicano con la separación de poderes, al territorio y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República de El Salvador, sostienen.

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