"Dedico mi trabajo a mi esposa (. . .) que ha formado parte de todo este esfuerzo que ha sabido apoyarme en todo momento, lo cual me ha ayudado a salir adelante en los momentos más difíciles. A mis dos Hijos, (. . .), por haberme permitido dedicar tiempo a este proceso académico restándole el tiempo que ellos merecen y que me enseñan la bendición de ser padre", escribió Erick Romero Mena en la página de agradecimientos en su trabajo para obtener el grado de maestría de una universidad privada de El Salvador, en enero de 2016.
Pero para entonces, Romero Mena, actual presidente del consejo Directivo del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), ya ejercía violencia intrafamiliar contra su familia, según consta en procesos judiciales.
Esta mañana, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para El Desarrollo (FUNDE), capítulo nacional de Transparencia Internacional en El Salvador, junto a diez organizaciones defensoras de derechos humanos y anticorrupción, solicitaron la impugnación e inhabilitación de Romero Mena como presidente del CONNA.
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La solicitud de impugnación fue hecha ante esa misma institución argumentando que Romero presentó su renuncia al cargo el día 21 de julio, por estar involucrado en procesos judiciales y administrativos de violencia intrafamiliar, por lo que de acuerdo con el artículo 143 de la LEPINA, al deponer su cargo, éste perdió su calidad de miembro del Consejo Directivo.
En este momento, desde @ALAC_SV estamos presentando una solicitud al CONNA para que destituya a Erick Romero, presidente de dicha institución. Además de violaciones éticas, su permanencia en el cargo representa conflicto de interés y viola disposiciones de CNUCC. pic.twitter.com/d2FlIf6VC4
— Wilson Sandoval (@wosm87) October 11, 2021
Otro de los argumentos es que la “ratificación” del cargo realizada por los miembros del Consejo Directivo carece de validez y legalidad al no estar facultados para ello, ya que se debió haber seguido con la tramitación de la renuncia.
Una tercera razón para solicitar la impugnación de Romero es que esta persona ha sido sancionada judicialmente por el Juzgado Especializado de Instrucción para una vida libre de violencia para las mujeres, de San Salvador.
Este Juzgado decretó medidas de protección a favor de un grupo familiar. Tales medidas consisten en la suspensión provisional del cuidado personal de su grupo familiar, la exclusión del hogar donde se le exige desalojar inmediatamente el inmueble, la imposición de cuota alimenticia provisional y el cese del hostigamiento, amenazas y maltrato a su cónyuge.
ALAC también afirmó que entre los funcionarios públicos que participaron y avalaron la decisión de nombrarlo en el cargo, a pesar del conocimiento de los casos de violencia intrafamiliar se encuentran, están la Procuradora General de la República, Miriam Aldana Revelo, y el Viceministro de seguridad, Osiris Luna, entre otros.
ALAC señala que la intervención de las organizaciones firmantes, se formula en el contexto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, las cuales respectivamente señalan que el Estado, a fin de evitar la corrupción, debe aplicar normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas, y que deberá comprenderse como acto de corrupción, la realización (…) de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.
Según ALAC, en este caso, tanto Romero como los antes funcionarios públicos mencionados han cometido actos y omisiones beneficiándose especialmente el primero.
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"Nos parece grave que esta persona acusada de agresión a su esposa e hijos ostente un cargo público, teniendo además funciones enfocadas a la defensa efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes", reza un documento entregado durante conferencia de prensa, en la mañana de este lunes.
"Exigimos que el CONNA proceda a la tramitación para la pérdida de su calidad como miembro del Consejo Directivo al señor Erick Romero, de conformidad a ley, respetando los compromisos internacionales en materia anticorrupción, ética, derechos de las mujeres y derechos de niños, niñas y adolescentes", indica el documento.
ALAC y las demás organizaciones exhortaron a la ciudadanía y sociedad civil a pronunciarse y exigir que ninguna persona acusada de violencia hacia mujeres y niñez ostente cargos públicos, para la exigencia del cumplimiento de los mandatos de normativa de derechos humanos nacional e internacional.