El precio de la impunidad: cifras de un conflicto que no se debe repetir

Por cada muerto o desaparecido que hubo en la década de los 70, hubo 22 más entre 1980 y 1992.

Por Lilian Martínez

Ene 16, 2021- 05:00

Veintinueve años han pasado desde la firma de los Acuerdos de Paz. Se dice fácil. Pero llegar a ese momento en el Castillo de Chapultepec en México es un hito que no se debe olvidar. Como tampoco se deben olvidar los hechos que lo precedieron. Miles de salvadoreños perdieron la vida a manos de uno y otro bando. Miles más desaparecieron. Otros tantos fueron perseguidos,  torturados o forzados al exilio.

Para preservar su memoria y recopilar los testimonios de quienes les sobreviven, en 2019, El Diario de Hoy emprendió la tarea de recopilar datos sobre las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos entre 1972 y 1992. Se decidió estudiar ese periodo de tiempo, porque no hay duda de que las cientos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en la década de los 70 sirvieron como combustible para el conflicto.

 

Tras doce meses de recopilación y sistematización de datos, el memorial digital Rostros y voces del conflicto fue lanzado. Este cuenta con dos bases de datos denominadas “Eventos” y “Víctimas” las que pueden ser descargadas al visitar rostrosyvocesdelconflicto.elsalvador.com. 

Las bases de datos fueron construidas tras consultar distintas fuentes: expedientes y resoluciones sobre El Salvador en la página web de la CIDH; ejemplares de los periódicos El Independiente; La Crónica, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy; el mapa de masacres y el calendario de la Asociación Grupo Maíz y un documento preparado por historiadores militares denominado “El conflicto en cifras”. Además, mediante un script informático fueron extraídos 24,000 nombres del monumento a la Verdad y la Justicia que está en el parque Cuscatlán.

Los hechos en los que hubo más de una víctima han sido recopilados en la base de datos “Eventos” la cual tiene 344 registros. Como eventos, han sido registradas masacres, atentados y cualquier otro hecho en el que haya habido dos víctimas o más y que hayan sido reportados por las fuentes consultadas. De estos eventos: 71 fueron extraídos del periódico El Independiente, 201 del calendario y del mapa de la Asociación Grupo Maíz, 49 de La Prensa Gráfica y 24 de El Diario de Hoy.

Un país ensangrentado

Siete de cada diez casos han sido atribuidos al Ejército, a los cuerpos de seguridad y a grupos clandestinos, dos de cada diez a la guerrilla y uno de cada diez no ha sido atribuido o su hechor no ha sido identificado. De los 241 hechos atribuidos al Ejército, los cuerpos de seguridad y grupos paramilitares, 201 tienen como fuente el mapa y el calendario de la Asociación Equipo Maíz, 39 el desaparecido periódico El Independiente y 1 El Diario de Hoy.

Una de las hipótesis que se manejó al iniciar la investigación  era que antes y durante el conflicto armado no solo hubo graves violaciones a los derechos humanos, y crímenes de guerra y de lesa humanidad en los departamentos de Chalatenango y Morazán, sino que todos los departamentos de El Salvador.

Aunque hubo eventos en todos los departamentos, en el 15% de eventos el lugar donde ocurrió no ha sido determinado. Las razones de esto son: que en algunos casos los eventos ocurrieron en zonas limítrofes entre departamentos; y debido a que hubo casos en los que la fuente no identificó claramente el lugar donde ocurrieron los hechos.

La base de datos no incluyó eventos ocurridos en La Unión, pese a que el mapa de masacres de la Asociación Grupo Maíz sí da cuenta de dos eventos. Sin embargo, se decidió no incluirlos debido a que tenían una fecha indeterminada. En uno de los casos, la fuente indicaba que los hechos habían ocurrido entre los años 1979 y 1981 en Intipucá. En otro caso, se hablaba de asesinatos y desaparecimientos ocurridos en el cantón Playas Negras del municipio de Conchagua en “fecha no precisada”. Ambos eventos son atribuidos por la fuente a la Guardia Nacional.

No obstante, podemos afirmar que hubo violaciones graves de derechos humanos en todo el país y no solo en los departamentos de Chalatenango y Morazán.

Al analizar los eventos según el municipio donde ocurrieron, son identificados 98 municipios. Al menos 18 de estos municipios pertenecen a Chalatenango; 10 a La Paz; otros 10 a San Vicente y 9 a Morazán.

En 133 de los casos (38.66 %), la fuente no especificó el municipio donde ocurrieron los eventos. Hay 67 municipios donde ocurrió al menos un evento, según la información recopilada; se les suman 19 municipios donde ocurrieron al menos dos eventos; y 4 municipios donde ocurrieron tres eventos. Toda esta información puede ser revisada con detalle en el mapa interactivo del memorial digital Rostros y voces del conflicto.

Los municipios donde hubo más de cinco eventos son: Zacatecoluca, San Salvador, Suchitoto, Tecoluca, San Esteban Catarina, Ilobasco y Las Vueltas. Estos municipios corresponden a la  zona central del país y acumulan el 25 % de los eventos registrados.

Víctimas con nombre y apellido

La base de datos “Víctimas” tiene 27,797 registros. La mayoría de registros fueron extraídos del mural del parque Cuscatlán, para ser exactos 86 de cada 100 nombres y apellidos de víctimas incluidos en la base de datos provienen de dicho mural. Para extraer esos 24,002 nombres, cada una de las placas que componen el mural fue fotografiada. Las imágenes fueron sometidas a un proceso informático por medio del cual se extrajo el texto que contienen. Tras corregir algunos errores de ortografía, los nombres fueron incluidos en la base. A la fecha, se siguen corrigiendo nombres y detalles, como el hecho de que algunas personas que figuran como muertas o desaparecidas en el mural, según familiares que han contactado a El Diario de Hoy,  están con vida y se conoce su paradero. Estos casos son mínimos.

La base de datos “Víctimas” registra el “estado” o condición en la que está la víctima tras ser objeto de un crimen de guerra, de lesa humanidad o de una grave violación a los derechos humanos. La mayoría de ellos terminó muerto o desaparecido.

La investigación comprende el periodo de 1972 a 1992, pues se consideró que el conflicto fue precedido por un cúmulo de graves violaciones a los derechos humanos. En 704 registros se carece de la fecha exacta en que ocurrieron los hechos; en 728 casos la fuente indica que los hechos ocurrieron entre 1970 y 1979; en 267, entre 1973 y 1979; y en 18 casos, entre 1971 y 1979. En total son 1,013 casos en los que no se especifica exactamente el año. Los registros que cuentan con fecha exacta, al menos en lo que respecta al año, son 23,106.

Al sumar los casos ocurridos entre 1970 y 1979, tengan fecha exacta o no, se tiene un total 1,088. Los números absolutos y relativos (porcentajes) de víctimas que dejó el periodo previo al conflicto armado parecen dar una advertencia: por cada víctima de graves violaciones a los derechos humanos en la década de los 70 hubo al menos 22 víctimas más entre 1980 y 1992. Ese parece ser el precio de la impunidad.

El reto: la validación de los datos, consulta de otras fuentes y el contraste

Sobre el conflicto armado y los hechos ocurridos entre 1972 y 1992 hay distintas versiones y puntos de vista. Con el objetivo de validar los datos se considera importante advertir que mientras más fuentes provean información sobre un evento o una víctima, más confianza merecen los registros incluidos en la base de datos.

Por eso, en el caso de los eventos que la Asociación Grupo Maíz ha registrado como “masacres”, se considera necesario buscar información tanto en documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos como en documentos de la Fuerza Armada. Lo primero, aunque lleva tiempo, es más factible. Lo segundo depende de que el actual gobierno ordene al Ministro de Defensa liberar o entregar esa información.

Además, se debe contratar la información con los registros del CICR, los informes del Relator de Derechos Humanos de la ONU de esa época, de Tutela Legal y de la CIDH.

Como puede verse, las bases de datos que se presentan en Rostros y voces del conflicto pueden servir como punto de partida para nuevas investigaciones y en ningún caso deben considerarse definitivas.

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