Dos años han pasado desde que el presidente Nayib Bukele firmó un convenio con la OEA para el combate de la corrupción y la impunidad (CICIES); ahora en ese mismo lugar el mandatario despotricaba en contra del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
“Cometimos el error de confiar en la OEA”, lo repitió dos veces dijo para que quede clara su posición con respecto al rompimiento que la Fiscalía anunció este viernes del convenio para que la OEA apoyara a El Salvador en la lucha frontal en contra de la corrupción, un mal endémico en el que Bukele montó su campaña electoral y de la que ha hecho eco en contra de exfuncionarios y expresidentes de anteriores gobiernos, excepto con los propios.
Argumentó que ya no podía confiar en Almagro a quien tildó de tener “un sesgo político” con el cual ya no puede trabajar a gusto, desde que ayer mismo se conoció que el Secretario General había nombrado al ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, como asesor de la OEA.
“El único que ha cometido por lo menos una gran falta a toda decencia ha sido el secretario general de la OEA, por contratar a un delincuente”, arengó Bukele.
Así justificó el rompimiento del convenio, sin más detalles y obviando responder a las preguntas de los periodistas si algo tiene que ver los 12 casos que el anterior fiscal, Raúl Melara, envió a la CICIES para que investigara posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios de Salud y de otros ministerios en compras hechas durante la pandemia.
También habló de que hoy mismo sancionará los decretos de reforma que la Asamblea aprobó para excluir a la empresa privada de las representaciones en las autónomas.
Que la Interpol está por emitir difusión roja en el caso del exdiputado Norman Quijano, y que los logros obtenidos este viernes en contra de la corrupción y el narcotráfico eran evidentes, a manera de justificar que el gobierno sí está trabajando por combatir ese fenómeno.
El rompimiento de la FGR con la CICIES
En horas de la mañana, el fiscal impuesto por los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa, Rodolfo Delgado, hizo pública la finalización del convenio de trabajo conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES) creada el 6 de septiembre de 2019 bajo un acuerdo entre entre el Gobierno de El Salvador y Organización de Estados Americanos (OEA).
El anuncio lo dio a conocer luego de que el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt fuera nombrado asesor de la OEA . Ayer el titular del organismo hemisférico, Luis Almagro señaló que Muyshondt había acordado sumarse a esta entidad a partir de los próximos días.
“Como Fiscalía no podemos tener convenio con una organización que es asesorada por una persona que negoció con la vida de salvadoreños a cambio de beneficios electoral”, dijo Delgado en conferencia de prensa al mismo tiempo que señaló estar sorprendido por el nombramiento.
En respuesta al rompimiento del trabajo entre la CICIES y la Fiscalía, diversas organizaciones cuestionaron la decisión. “El gobierno lucha contra la lucha anticorrupción en El Salvador”, tituló por su parte la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) un manifiesto publicado este día.
Además de la DTJ, otras entidades que reaccionaron fue Acción Ciudadana y la misma Embajada de Estados Unidos en El Salvador, misma que a través de un tuit lamentó la decisión tomada por el gobierno salvadoreño de terminar el convenio con la CICIES.
Y agregó: "la lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad."
Lamentamos la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con la @OEA_CICIES. La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad.
— Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) June 4, 2021
Sin embargo, Delgado dijo que la Fiscalía está abierta a trabajar con la comunidad internacional y a recibir apoyo en el combate a la impunidad. “No es posible recibir este apoyo por parte de una institución que ahora tiene la asesoría de un delincuente”, añadió con referencia a la incorporación de Muyshondt como asesor en la OEA.
El fiscal impuesto señaló que en las próximas horas giraría los oficios correspondientes para que en un plazo de 30 días sea cesada toda cooperación entre las instituciones. Añadió, además, que el lunes el ministerio público presentará otras acusaciones en contra de ex edil capitalino y que la institución continuará con el proceso en su contra.
En horas de la tarde de este viernes, el exalcalde capitalino se hizo presente al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador tras el anuncio de Delgado sobre instalar una audiencia especial de revisión de medidas en su contra.
El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, recibió la orden de arresto domiciliario, uso de brazalete electrónico y no salir del país por estar acusado de fraude electoral y negociaciones ilícitas. El dictamen fue girado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, este 4 de junio.
En dicha audiencia especial, el juez de instrucción decretó arresto domiciliar y uso de brazalete para Muyshondt, quien es acusado de supuestas agrupaciones ilícitas y fraude electoral. En su defensa, el exedil dijo sentirse perseguido político por parte del gobierno de Nayib Bukele. “Están utilizando los recursos, las instituciones, los fueros, los cargos de los funcionarios públicos para perseguir y acusar a los que pensamos diferentes y nos atrevemos a criticar las pésimas decisiones del gobierno”, expresó.
Antes de ser llevado a su casa para que cumpliera con la medida, la Policía capturó al exalcalde por otro delito relacionado a retenciones tributarias.
Por otro lado, y casi de forma simultánea, el Tribunal Cuarto de Sentencia, siempre de San Salvador, decretó una pena de diez años de prisión para Ana Ligia de Saca, esposa del expresidente Elías Antonio Saca y ex primera dama de la República durante los años 2004 y 2009.
En dicho fallo, a de Saca y a su hermano Óscar Edgardo Sol Mixco se les encontró culpables del delito de lavado de dinero y activos, luego de que se comprobara su participación en la extracción de $17,6 millones del Estado a través de las empresas de Grupo Radial Samix, propiedad del expresidente y actualmente controlado por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).