La ex alcaldesa de San Sebastián Salitrillo en Santa Ana, Ana Mercedes Aguilar de Ochoa y Joaquín Ernesto Álvarez Mendoza, ex tesorero de esa comuna fueron condenados a cuatro años de prisión tras ser hallados culpables del delito de retención de cuotas.
La Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado de Santa Ana presentó las pruebas necesarias para que el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenara a los exfuncionarios municipales.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los implicados, quienes fungieron como funcionarios en el período 2015-2018, retuvieron las cuotas de préstamos de casi media centena de empleados, de octubre 2017 a abril 2018, justo cuando su período al frente de la alcaldía terminaba. El monto de lo retenido y no trasladado por los exfuncionarios es de US$43,211.00.
Pero el Tribunal dejó en libertad a los condenados, hasta que la que la sentencia esté en firme, es decir, hasta que se hayan agotado todos los recursos legales que la ley le franquea a las partes procesales.
La lectura de la sentencia está programada para el 14 de julio del presente año, fecha en que comenzará a correr el plazo para la presentación de recursos.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General, ambos funcionarios retuvieron (en todo el período) cuotas por el orden de $600,000 a 58 empleados y que debían ser abonados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y a administradoras de fondos de pensiones.
De acuerdo con la acusación fiscal, las cuotas eran descontadas de los salarios de los trabajadores mes a mes, pero no eran abonadas en sus cuentas del Seguro Social ni de AFP.
Esa situación generó problemas a los empleados, ya que fue obstáculo para jubilarse y eso llevó a las víctimas a denunciarlos ante la Fiscalía.
La Fiscalía realizó la investigación y ordenó la detención de ambos exfuncionarios; luego fueron acusados por el delito de apropiación o retención de cuotas; el caso llegó a juicio pero fueron absueltos en 2019.
La Fiscalía apeló el fallo y la Cámara de Occidente ordenó que se hiciera otro juicio.
En un primer juicio, los exfuncionarios municipales fueron exonerados por el Juzgado Primero de Sentencia de los cargos de Apropiación o Retención de Cuotas Laborales en perjuicio de los empleados de la referida municipalidad.
Sin embargo, la Fiscalía pidió a la Cámara de lo Penal que anulara el fallo del referido tribunal por considerar que el juez no valoró a profundidad las pruebas de cargo presentadas en la vista pública.
Ambos funcionarios fueron llevados a juicio el año pasado y quedaron libres; Fiscalía apeló y la Cámara de Occidente, ordenó que se repitiera el juicio.